El alcalde de Coyhaique, Omar Muñoz, rechazó mediante un decreto la solicitud de plebiscito comunal, por “dudas sobre las competencias del municipio”, frenando con esto el desarrollo de la iniciativa. Posteriormente, ingresó una consulta a la Contraloría Regional de Aysén, para aclarar si las materias a plebiscitar están dentro de sus competencias.
La intención de este plebiscito es que la municipalidad modifique el uso de suelo para prohibir la infraestructura energética, a excepción de los proyectos de energías renovables no convencionales y que establezca la incompatibilidad de las torres de alta tensión con el desarrollo turístico y de conservación de la comuna, lo que de ser aprobado pondría en jaque la construcción de HidroAysén.
Así, la iniciativa ciudadana quedará detenida hasta que la Contraloría se pronuncie. En este sentido, la vocera del Movimiento Ciudadano Patagonia Unida, Paz Fotzich, comentó que le gustaría “recordarle a Omar Muñoz que tiene la obligación de escucharnos porque es un alcalde electo con apenas el 35 por ciento de la ciudadanía y debe tomar en cuenta lo que está pasando con el otro 65 que no votó por él”.
La dirigente agregó que cree “que es una mala señal que él a priori rechace la ejecución de un plebiscito en la comuna de Coyhaique. Si tenía dudas y es legítimo consultar a Contraloría, al menos, debería haber esperado a que ésta se pronunciara”.
La molestia de los ayseninos pasa porque, pese a que el alcalde señaló que si lo autoriza el órgano fiscalizador revocará el decreto, la consulta se debe realizar antes del 31 de diciembre, ya que 2012 es año de elecciones municipales y, de acuerdo a la ley, no se pueden realizar plebiscitos. También considerando los plazos administrativos se vuelve cada vez más difícil de cumplir la meta.
Por esto el movimiento solicitó a la Contraloría que se realice en el menor tiempo posible el análisis legal y que se emita la respuesta con prontitud, ya que en opinión de los ciudadanos, sólo se está dilatando arbitrariamente el ejercicio de un derecho normado por una Ley Orgánica Constitucional.
Carolina Torres, también vocera de Patagonia Unida afirmó que, el mismo día que el alcalde emitió el decreto frenando la consulta, en la prensa local apareció una columna donde indicaba que los plebiscitos son una herramienta de participación legítima, pero que cuando los ciudadanos de su comuna se hacen parte, él les da la espalda.
“Es incoherente porque si él quisiera que los plebiscitos ciudadanos fueran un instrumento de participación en algo tan importante como el futuro del desarrollo de su comuna, podría haberse acercado a la comisión que presentó las firmas para debatir el tema y plantear sus dudas. Claramente al pasarle la pelota a Contraloría las buenas intenciones se quedaron en el papel y sólo protege sus intereses y los de la empresa porque tiene involucrados terrenos en este proyecto”, denuncio la activista.
Las dirigentes afirmaron que se puede observar la poca intensión de escuchar a la ciudadanía cuando, por un lado se tiene una versión de las cosas, pero se actúa en sentido contrario y añadieron que es más, el mismo alcalde debió haber liderado ese proceso para que sean los mismos ciudadanos los que elijan democráticamente cómo quieren que se desarrolle su comuna y su modelo de vida.
El alcalde de Coyhaique, Omar Muñoz, rechazó mediante un decreto la solicitud de plebiscito comunal, por “dudas sobre las competencias del municipio”, frenando con esto el desarrollo de la iniciativa. Posteriormente, ingresó una consulta a la Contraloría Regional de Aysén, para aclarar si las materias a plebiscitar están dentro de sus competencias.
La intención de este plebiscito es que la municipalidad modifique el uso de suelo para prohibir la infraestructura energética, a excepción de los proyectos de energías renovables no convencionales y que establezca la incompatibilidad de las torres de alta tensión con el desarrollo turístico y de conservación de la comuna, lo que de ser aprobado pondría en jaque la construcción de HidroAysén.
Así, la iniciativa ciudadana quedará detenida hasta que la Contraloría se pronuncie. En este sentido, la vocera del Movimiento Ciudadano Patagonia Unida, Paz Fotzich, comentó que le gustaría “recordarle a Omar Muñoz que tiene la obligación de escucharnos porque es un alcalde electo con apenas el 35 por ciento de la ciudadanía y debe tomar en cuenta lo que está pasando con el otro 65 que no votó por él”.
La dirigente agregó que cree “que es una mala señal que él a priori rechace la ejecución de un plebiscito en la comuna de Coyhaique. Si tenía dudas y es legítimo consultar a Contraloría, al menos, debería haber esperado a que ésta se pronunciara”.
La molestia de los ayseninos pasa porque, pese a que el alcalde señaló que si lo autoriza el órgano fiscalizador revocará el decreto, la consulta se debe realizar antes del 31 de diciembre, ya que 2012 es año de elecciones municipales y, de acuerdo a la ley, no se pueden realizar plebiscitos. También considerando los plazos administrativos se vuelve cada vez más difícil de cumplir la meta.
Por esto el movimiento solicitó a la Contraloría que se realice en el menor tiempo posible el análisis legal y que se emita la respuesta con prontitud, ya que en opinión de los ciudadanos, sólo se está dilatando arbitrariamente el ejercicio de un derecho normado por una Ley Orgánica Constitucional.
Carolina Torres, también vocera de Patagonia Unida afirmó que, el mismo día que el alcalde emitió el decreto frenando la consulta, en la prensa local apareció una columna donde indicaba que los plebiscitos son una herramienta de participación legítima, pero que cuando los ciudadanos de su comuna se hacen parte, él les da la espalda.
“Es incoherente porque si él quisiera que los plebiscitos ciudadanos fueran un instrumento de participación en algo tan importante como el futuro del desarrollo de su comuna, podría haberse acercado a la comisión que presentó las firmas para debatir el tema y plantear sus dudas. Claramente al pasarle la pelota a Contraloría las buenas intenciones se quedaron en el papel y sólo protege sus intereses y los de la empresa porque tiene involucrados terrenos en este proyecto”, denuncio la activista.
Las dirigentes afirmaron que se puede observar la poca intensión de escuchar a la ciudadanía cuando, por un lado se tiene una versión de las cosas, pero se actúa en sentido contrario y añadieron que es más, el mismo alcalde debió haber liderado ese proceso para que sean los mismos ciudadanos los que elijan democráticamente cómo quieren que se desarrolle su comuna y su modelo de vida.
El alcalde de Coyhaique, Omar Muñoz, rechazó mediante un decreto la solicitud de plebiscito comunal, por “dudas sobre las competencias del municipio”, frenando con esto el desarrollo de la iniciativa. Posteriormente, ingresó una consulta a la Contraloría Regional de Aysén, para aclarar si las materias a plebiscitar están dentro de sus competencias.
La intención de este plebiscito es que la municipalidad modifique el uso de suelo para prohibir la infraestructura energética, a excepción de los proyectos de energías renovables no convencionales y que establezca la incompatibilidad de las torres de alta tensión con el desarrollo turístico y de conservación de la comuna, lo que de ser aprobado pondría en jaque la construcción de HidroAysén.
Así, la iniciativa ciudadana quedará detenida hasta que la Contraloría se pronuncie. En este sentido, la vocera del Movimiento Ciudadano Patagonia Unida, Paz Fotzich, comentó que le gustaría “recordarle a Omar Muñoz que tiene la obligación de escucharnos porque es un alcalde electo con apenas el 35 por ciento de la ciudadanía y debe tomar en cuenta lo que está pasando con el otro 65 que no votó por él”.
La dirigente agregó que cree “que es una mala señal que él a priori rechace la ejecución de un plebiscito en la comuna de Coyhaique. Si tenía dudas y es legítimo consultar a Contraloría, al menos, debería haber esperado a que ésta se pronunciara”.
La molestia de los ayseninos pasa porque, pese a que el alcalde señaló que si lo autoriza el órgano fiscalizador revocará el decreto, la consulta se debe realizar antes del 31 de diciembre, ya que 2012 es año de elecciones municipales y, de acuerdo a la ley, no se pueden realizar plebiscitos. También considerando los plazos administrativos se vuelve cada vez más difícil de cumplir la meta.
Por esto el movimiento solicitó a la Contraloría que se realice en el menor tiempo posible el análisis legal y que se emita la respuesta con prontitud, ya que en opinión de los ciudadanos, sólo se está dilatando arbitrariamente el ejercicio de un derecho normado por una Ley Orgánica Constitucional.
Carolina Torres, también vocera de Patagonia Unida afirmó que, el mismo día que el alcalde emitió el decreto frenando la consulta, en la prensa local apareció una columna donde indicaba que los plebiscitos son una herramienta de participación legítima, pero que cuando los ciudadanos de su comuna se hacen parte, él les da la espalda.
“Es incoherente porque si él quisiera que los plebiscitos ciudadanos fueran un instrumento de participación en algo tan importante como el futuro del desarrollo de su comuna, podría haberse acercado a la comisión que presentó las firmas para debatir el tema y plantear sus dudas. Claramente al pasarle la pelota a Contraloría las buenas intenciones se quedaron en el papel y sólo protege sus intereses y los de la empresa porque tiene involucrados terrenos en este proyecto”, denuncio la activista.
Las dirigentes afirmaron que se puede observar la poca intensión de escuchar a la ciudadanía cuando, por un lado se tiene una versión de las cosas, pero se actúa en sentido contrario y añadieron que es más, el mismo alcalde debió haber liderado ese proceso para que sean los mismos ciudadanos los que elijan democráticamente cómo quieren que se desarrolle su comuna y su modelo de vida.
