El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha estimado que la economía chilena podría desacelerarse durante el segundo semestre, tanto por efecto de la compleja situación internacional, especialmente europea, como por cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que reflejan menor crecimiento de la actividad durante julio. Según el secretario de Estado, no hay, empero, peligro de recesión en el país, porque la industria y la construcción están creciendo gracias a las tareas de reconstrucción en curso, así como el comercio, donde el consumo ha aumentado a más de 10% en los primeros seis meses del año.

No obstante, dicho crecimiento ha implicado un endeudamiento familiar que en Chile se eleva ya a un promedio equivalente a siete de los 12 meses de trabajo anuales, hecho que, considerado el patrón de responsabilidad promedio chileno, con seguridad disminuirá el consumo en los próximos meses. Esta es una de las razones por la que especialistas estiman que el Central no sólo no seguirá subiendo la tasa, sino que podría reducirla, pues no hay amenazas de inflación por eventual exceso de demanda, mientras que la cantidad de dinero y su velocidad convergen hacia el equilibrio, tras eliminarse los estímulos financieros lanzados con  ocasión de la crisis del 2008-2009.

En dicho marco, grandes empresas como retailers, telecomunicaciones, transporte, construcción y banca muestran buenos resultados durante el primer semestre. Así y todo, algunas persisten en comportamientos que explican la indignada reacción de miles de consumidores y proveedores de menor tamaño contra los abusos. El develamiento de la colusión de farmacias o las renegociaciones unilaterales de La Polar parecen no haber sido suficientes lecciones.

En efecto, el Sernac ha anunciado querellas en contra de seis instituciones de crédito bancarias y del retail, esta vez por no entregar información veraz sobre las condiciones de sus créditos. Hacienda, por su parte, constatando una deuda estatal atrasada con sus proveedores de casi 50 millones de dólares ha iniciado su plan piloto del programa Chilepaga, para cancelarla a corto plazo. El ministro de Economía, Pablo Longueira, ha instado a los privados a hacer lo mismo, pero no se oye Padre. Así, miles de pymes y profesionales independientes sufren irritantes arbitrariedades de parte de los grandes compradores sobre sus ya extenuadas cajas, recibiendo el pago por sus bienes y servicios a plazos superiores a los 120 días. Y mientras los pymes y profesionales pagan intereses sobre interese a los bancos para financiar su actividad, grandes compañías juegan con sus recursos, ganando los intereses cobrados a los primeros.

El dinero no circula como debiera. Parece coagularse en el circuito cerrado de grandes empresas y bancos, asfixiando a millones de pequeños empresarios, profesionales y empleados. La escasa actividad en el mundo se explica por esta ralentización en el flujo del dinero. La concentración de liquidez en el juego financiero electrónico -que mueve las platas con un click y a la velocidad de la luz entre Santiago, Sao Paulo, Nueva York, Beijing o Nueva Dehli- genera interesantes utilidades de corto plazo a grandes volúmenes de capital, aún con las bajas tasa actuales. Pero ese modo de circulación deja afuera a los consumidores finales.

Es sabido que cuando las tasas son bajas, no vale la pena ahorrar a mediano y largo plazo. Menos si los precios de los bienes están en proceso de ajuste. El dinero se mantiene a mano en cuentas, tarjetas, bonos, oro, papeles y acciones de rápida liquidez. Esto posibilita a la banca y otros traders financieros mover millones, arbitrando tasas o monedas, lo que, en enormes volúmenes, genera grandes utilidades o pérdidas. El juego es aún más conveniente si no hay inflación que amenace el poder adquisitivo del dinero, lo que es otro desincentivo a la inversión productiva, de mejores retornos, pero a más largo plazo.

Pero en la otra punta, las bajas remuneraciones, los atrasos de pagos a profesionales y pymes, y la iliquidez creada por los circuitos de corto plazo de los grandes capitales y bancos de inversión, arrastra a millones de consumidores a un ineludible crédito, el que, a tasas muchas veces usureras, cierra el círculo de las utilidades para quienes administran el capital si todo va bien, pero también de las pérdidas, cuando el flujo se interrumpe por la quiebra de alguno de los audaces agentes involucrados. Por eso las acciones de los bancos están siendo castigadas en Wall Street y pocos creen que volverán a ser lo que antes de la crisis.

Chile ya vivió  una experiencia similar en los 80. Tras su quiebra, el sistema bancario nacional se fortaleció con normas y regulaciones. Pero la banca chilena tradicional o la nueva del retail no está desconectada de la mundial, ni tampoco sus grandes clientes y socios. La interrupción del flujo financiero en el caso de la generadora eléctrica Campanario, de propiedad del fondo Southern Cross, es un ejemplo.

Es posible que, como dijera el Ministro Larraín, no caigamos en recesión, menos con el cobre a 4 dólares y China consumiéndolo en grandes cantidades. Pero la previsible disminución de actividad en Europa, Estados Unidos y Japón, debido a un indispensable reajuste de propiedad en el sistema financiero, así como los sanos temores de la endeudada clase media de seguir consumiendo, ralentizarán la economía. Este nuevo escenario puede transformarse en un acicate adicional para reacciones sociales de quienes, sabiéndose víctimas del libertinaje y sobre explotación de grandes capitales que no aquilatan la actual crispación social, pueden terminar haciendo trizas el modelo de libertades, no sólo financiera, sino de todo orden.