Distintas iniciativas ha surgido desde la sociedad civil frente a los actos de represión y violencia policial de las últimas movilizaciones.
Por esta razón, el Instituto Igualdad desarrolló un programa llamado “Asesoría Ciudadana” para capacitar a dirigentes sociales respecto al derecho de reunión, los desalojos y otros aspectos legales.
Sin embargo, el día cuatro de agosto, cuando no se dejó marchar a los estudiantes por la Alameda, se vivió una intensa represión, por lo que comenzaron a recopilar antecedentes y enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le hizo una advertencia a nuestro país.
Sin embargo, la violencia ha continuado, llegando hoy, con la muerte de un estudiante, a un momento sumamente complejo, donde es necesario reflexionar sobre el rumbo de las políticas que están utilizando las fuerzas de orden.
“Las acciones represivas de parte de Carabineros y los abusos de poder se han hecho visibles, hoy tenemos una víctima fatal, tenemos además un alto mando de Carabineros cuestionado, tenemos bajas en la institución, por lo tanto, creo que es el momento que el Gobierno de Chile haga una evaluación de cuáles son las prácticas y de los protocolos que tiene el servicio y empecemos efectivamente a evaluar cómo estamos en el tema de los derechos humanos y cuánto hemos avanzado y retrocedido de lo que teníamos hace un año o dos años”, señaló la cientista política y asistente social del Instituto Igualdad, Danae Mlynarz.
Actualmente el programa Asesoría Ciudadana ha recopilado cerca de 70 testimonios que constatan casos de abuso policial y se está estudiando la posibilidad de presentarlos a los tribunales, tanto a nivel nacional como internacional.
Por otro lado, el Partido Ecologista Verde y el Movimiento Amplio Social (MAS), al detectar que en las comisarías se estaba actuando de forma arbitraria e ilegal desarrollaron el portal abusos policales.cl donde la ciudadanía puede subir de forma anónima sus demandas.
Con esta información, presentaron una querella contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para frenar la política represiva.
“Detener con lo que yo diría esta orden del ministerio del Interior, porque aquí tiene mucho que ver con esta manga ancha que se dio a Carabineros para efectos de la represión a todo nivel en marchas autorizadas y no autorizadas. Con los hechos que tenemos probados vamos a seguir con la querella, la que está presentada contra el ministro del Interior y de quienes resulten responsables, y esperamos que si no ha querido reconocer una responsabilidad política que ha venido evadiendo en estos momentos tendrá que responder de una responsabilidad penal”, indicó el secretario del Partido Ecologista, Pablo Peñaloza.
Hoy están trabajando junto al instituto Nacional de Derechos Humanos para dejar estampado en un informe el tipo de represión que se está ocupando, ya no sólo en las comisarías, sino que también en las calles de nuestro país.
Distintas iniciativas ha surgido desde la sociedad civil frente a los actos de represión y violencia policial de las últimas movilizaciones.
Por esta razón, el Instituto Igualdad desarrolló un programa llamado “Asesoría Ciudadana” para capacitar a dirigentes sociales respecto al derecho de reunión, los desalojos y otros aspectos legales.
Sin embargo, el día cuatro de agosto, cuando no se dejó marchar a los estudiantes por la Alameda, se vivió una intensa represión, por lo que comenzaron a recopilar antecedentes y enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le hizo una advertencia a nuestro país.
Sin embargo, la violencia ha continuado, llegando hoy, con la muerte de un estudiante, a un momento sumamente complejo, donde es necesario reflexionar sobre el rumbo de las políticas que están utilizando las fuerzas de orden.
“Las acciones represivas de parte de Carabineros y los abusos de poder se han hecho visibles, hoy tenemos una víctima fatal, tenemos además un alto mando de Carabineros cuestionado, tenemos bajas en la institución, por lo tanto, creo que es el momento que el Gobierno de Chile haga una evaluación de cuáles son las prácticas y de los protocolos que tiene el servicio y empecemos efectivamente a evaluar cómo estamos en el tema de los derechos humanos y cuánto hemos avanzado y retrocedido de lo que teníamos hace un año o dos años”, señaló la cientista política y asistente social del Instituto Igualdad, Danae Mlynarz.
Actualmente el programa Asesoría Ciudadana ha recopilado cerca de 70 testimonios que constatan casos de abuso policial y se está estudiando la posibilidad de presentarlos a los tribunales, tanto a nivel nacional como internacional.
Por otro lado, el Partido Ecologista Verde y el Movimiento Amplio Social (MAS), al detectar que en las comisarías se estaba actuando de forma arbitraria e ilegal desarrollaron el portal abusos policales.cl donde la ciudadanía puede subir de forma anónima sus demandas.
Con esta información, presentaron una querella contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para frenar la política represiva.
“Detener con lo que yo diría esta orden del ministerio del Interior, porque aquí tiene mucho que ver con esta manga ancha que se dio a Carabineros para efectos de la represión a todo nivel en marchas autorizadas y no autorizadas. Con los hechos que tenemos probados vamos a seguir con la querella, la que está presentada contra el ministro del Interior y de quienes resulten responsables, y esperamos que si no ha querido reconocer una responsabilidad política que ha venido evadiendo en estos momentos tendrá que responder de una responsabilidad penal”, indicó el secretario del Partido Ecologista, Pablo Peñaloza.
Hoy están trabajando junto al instituto Nacional de Derechos Humanos para dejar estampado en un informe el tipo de represión que se está ocupando, ya no sólo en las comisarías, sino que también en las calles de nuestro país.
Distintas iniciativas ha surgido desde la sociedad civil frente a los actos de represión y violencia policial de las últimas movilizaciones.
Por esta razón, el Instituto Igualdad desarrolló un programa llamado “Asesoría Ciudadana” para capacitar a dirigentes sociales respecto al derecho de reunión, los desalojos y otros aspectos legales.
Sin embargo, el día cuatro de agosto, cuando no se dejó marchar a los estudiantes por la Alameda, se vivió una intensa represión, por lo que comenzaron a recopilar antecedentes y enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le hizo una advertencia a nuestro país.
Sin embargo, la violencia ha continuado, llegando hoy, con la muerte de un estudiante, a un momento sumamente complejo, donde es necesario reflexionar sobre el rumbo de las políticas que están utilizando las fuerzas de orden.
“Las acciones represivas de parte de Carabineros y los abusos de poder se han hecho visibles, hoy tenemos una víctima fatal, tenemos además un alto mando de Carabineros cuestionado, tenemos bajas en la institución, por lo tanto, creo que es el momento que el Gobierno de Chile haga una evaluación de cuáles son las prácticas y de los protocolos que tiene el servicio y empecemos efectivamente a evaluar cómo estamos en el tema de los derechos humanos y cuánto hemos avanzado y retrocedido de lo que teníamos hace un año o dos años”, señaló la cientista política y asistente social del Instituto Igualdad, Danae Mlynarz.
Actualmente el programa Asesoría Ciudadana ha recopilado cerca de 70 testimonios que constatan casos de abuso policial y se está estudiando la posibilidad de presentarlos a los tribunales, tanto a nivel nacional como internacional.
Por otro lado, el Partido Ecologista Verde y el Movimiento Amplio Social (MAS), al detectar que en las comisarías se estaba actuando de forma arbitraria e ilegal desarrollaron el portal abusos policales.cl donde la ciudadanía puede subir de forma anónima sus demandas.
Con esta información, presentaron una querella contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para frenar la política represiva.
“Detener con lo que yo diría esta orden del ministerio del Interior, porque aquí tiene mucho que ver con esta manga ancha que se dio a Carabineros para efectos de la represión a todo nivel en marchas autorizadas y no autorizadas. Con los hechos que tenemos probados vamos a seguir con la querella, la que está presentada contra el ministro del Interior y de quienes resulten responsables, y esperamos que si no ha querido reconocer una responsabilidad política que ha venido evadiendo en estos momentos tendrá que responder de una responsabilidad penal”, indicó el secretario del Partido Ecologista, Pablo Peñaloza.
Hoy están trabajando junto al instituto Nacional de Derechos Humanos para dejar estampado en un informe el tipo de represión que se está ocupando, ya no sólo en las comisarías, sino que también en las calles de nuestro país.
