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Pobladores latinoamericanos se toman Santiago para analizar la autogestión de viviendas sociales

El Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) compartió experiencias con organizaciones que promueven la vivienda auto gestionada en Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Todos concuerdan en la necesidad de reconocer la vivienda como un derecho inalienable, establecer la opción de la propiedad colectiva y que sea el Estado que garantice con recursos la construcción de vivienda social digna.

Cristián Pacheco

  Lunes 5 de septiembre 2011 19:48 hrs. 
VIVIENDA SOCIAL

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En un foro organizado en la casona Protectora, perteneciente a la Red de Inmuebles Recuperados por Autogestión (IRA) se encontraron varias organizaciones que comparten principios de autogestión, y que se organizan para reapropiarse de los recursos del Estado, y así romper con las políticas asistencialistas de vivienda social.

En Chile, la experiencia de la Federación Nacional de Pobladores y de sus distintas organizaciones permitió que el país volviera hace un año a integrar la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular (Selvip). A partir de esos contactos se organizó este foro donde los principales invitados fueron los dirigentes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).

En Uruguay se ha aplicado el modelo autogestionario de vivienda social desde 1970, y que ya cuenta con presencia en todo Uruguay. La Fucvam está compuesta por alrededor de quinientas cooperativas de vivienda, reúne a unas 25 mil familias, de las cuales 15 mil ya tienen solución, un par de miles más se están construyendo y donde el resto aún esperan acceder a algunos de los sistemas de subsidio para la vivienda que han elaborado.

Así lo explica Benjamín Nahoum, arquitecto e integrante de Fucvam, al señalar que “si no hay recursos, lo que hay es sólo discursos”, por lo que a través de los 40 años que llevan trabajando han tenido independencia política para emplazar a los diferentes gobiernos a garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad.

“Los estamos emplazando permanentemente, no es una cosa que se haya logrado, sino que tenemos que lograr todos los días. El tema de la vivienda y del habitat popular no es un tema de mercado, no lo van a resolver las empresas, ni los bancos privados, es una obligación del Estado y  está en las Constituciones, en los pactos que hemos firmado, en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Estado tiene la obligación de ayudar a los sectores populares a resolver el problema de la vivienda y esa obligación pasa por los recursos”, señaló Nahoum.

El déficit de vivienda es un problema que trasciende al gobierno de turno, por lo que Darío Rodríguez, dirigente nacional de Fucvam, plantea que es necesario que existan garantías constitucionales y normativas que aseguren el compromiso
del Estado.

“La arquitectura legal es importante, a partir de ese reconocimiento de la estructura organizativa de cada país, nos permite luchar para que esa consagración constitucional, que es el contrato máximo que tiene cada país, pueda hacerse viable. De alguna manera hay una herramienta ahí para dar la pelea por una cosa que es de estricta justicia”, afirmó Rodríguez.

Al foro también asistió Néstor Jeifetz, presidente del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de Buenos Aires (MOI) quien comparte los principios que guían al resto de los movimientos, y reafirma que el proceso de autogestión requiere de un Estado garante que facilite el desarrollo no de la empresa privada, sino que prioritariamente de la sociedad organizada.

Por último intervino Rodrigo Paredes, chileno radicado hace más de diez años en Norteamérica e integrante de la agrupación Block´s Together, organización que trabaja en Chicago en un barrio compuesto por afroamericanos, puertorriqueños y mexicanos, y donde las necesidades de vivienda y servicios básicos son tan o más urgentes que en Chile.

Explica que Chicago, al ser una de las ciudades desde donde se construyó el actual modelo económico, se ha transformado en una estructura cerrada donde es muy difícil visibilizar el descontento social. Sin embargo, la recesión económica ha permitido que la gente sienta que el sistema no funciona, abra los ojos y pida cambios, pero para eso primero deben superar la barrera del racismo.

“Nosotros estamos por decir, nosotros estamos aquí, nosotros no somos blancos, estamos viviendo todos en la misma calidad, no es un problema de tu escuela afro americana, sino que es el mismo que yo tengo en mi escuela latina, incluso estamos juntos porque vivimos en los mismos barrios. Estamos viviendo este momento de unidad para poder avanzar en conjunto y poder salvar barrio por barrio y tratar de construir plataformas en común con otras ciudades alrededor de Estados Unidos”, explicó Rodrigo Paredes.

El chileno señaló, “necesitamos mirar al sur, para construir nuestro norte”, por eso valora estas instancias para conocer otras experiencias y ponerlas en práctica en Estados Unidos, donde plantea que el escenario empeora y afecta primero y directamente a los sectores vulnerables.

Por el momento, la Federación de Pobladores ya logró obtener un proyecto piloto de 64 viviendas auto gestionadas en La Pintana, pero se encuentra en proceso de negociación con el ministerio para desarrollar proyectos similares en el resto de las comunas de Santiago, ya que como plantean su sueño no es construir casas, sino que democratizar el Estado y conquistar una sociedad de igualdad.

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