Desde las 9 de la mañana de este martes se observará un nuevo capítulo en el proceso de tramitación de Hidroaysén. En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se iniciarán los alegatos por los siete recursos de protección que fueron presentados para paralizar el proceso de revisión de esta iniciativa.
Estos recursos han mantenido congelada la tramitación desde el 20 de junio, luego que el tribunal decretara una orden de no innovar.
Ahora será la oportunidad de que las partes entreguen su versión. Por los recurrentes participarán los abogados Jesús Vicent, Macarena Soler, Marcelo Castillo, Alex Quevedo y Fernando Dougnac.
Los dardos se dirigen a la aprobación que se votó el pasado 9 de mayo en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén. “Técnicamente eso significa el conocimiento de la causa, por lo tanto, la corte va a empezar a analizar cada uno de los argumentos que nosotros hicimos en relación con las arbitrariedades e ilegalidades que se cometieron”, explicó el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo.
La Comisión de Evaluación Ambiental votó 11 votos a favor del proyecto y una abstención. De esta manera, se abrió la puerta a la construcción de cinco represas en el rio Baker y Pascua aunque aún queda pendiente lo que sucederá con la línea de transmisión.
Estos recursos se refieren a diversas garantías constitucionales que habrían sido vulneradas como el derecho a la vida, de igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
A estos antecedentes, los dirigentes agregan que se amenaza a la especie protegida huemul, afecta al Parque Nacional Laguna San Rafael y produce excesivos impactos demográficos no evaluados.
Marcelo Castillo precisó que este “proceso ha estado plagado de ilegalidades y su objetivo es precisamente resguardar los derechos constitucionales que no han sido respetados durante todo este proceso”.
El jurista agregó que “las ilegalidades que se han producido en el marco de este proyecto son manifiestas, por lo tanto, esperamos que la Corte acoja nuestro recurso. En caso que ello no ocurra, evidentemente, esperaremos para ver qué otro tipo de recursos legales intentamos”.
Estos recursos fueron presentados por organizaciones ambientales, pero también están apoyados desde el mundo parlamentario, como por ejemplo, de los senadores Antonio Horvath y Guido Girardi, presidente del Senado.
Después de la decisión de la Corte de Puerto Montt en mayo pasado, Pilar Cuevas, presidenta de la comisión de evaluación ambiental de la región, debía entregar también un informe respecto a las denuncias que se hicieron contra la resolución de dicha instancia.
Desde las 9 de la mañana de este martes se observará un nuevo capítulo en el proceso de tramitación de Hidroaysén. En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se iniciarán los alegatos por los siete recursos de protección que fueron presentados para paralizar el proceso de revisión de esta iniciativa.
Estos recursos han mantenido congelada la tramitación desde el 20 de junio, luego que el tribunal decretara una orden de no innovar.
Ahora será la oportunidad de que las partes entreguen su versión. Por los recurrentes participarán los abogados Jesús Vicent, Macarena Soler, Marcelo Castillo, Alex Quevedo y Fernando Dougnac.
Los dardos se dirigen a la aprobación que se votó el pasado 9 de mayo en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén. “Técnicamente eso significa el conocimiento de la causa, por lo tanto, la corte va a empezar a analizar cada uno de los argumentos que nosotros hicimos en relación con las arbitrariedades e ilegalidades que se cometieron”, explicó el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo.
La Comisión de Evaluación Ambiental votó 11 votos a favor del proyecto y una abstención. De esta manera, se abrió la puerta a la construcción de cinco represas en el rio Baker y Pascua aunque aún queda pendiente lo que sucederá con la línea de transmisión.
Estos recursos se refieren a diversas garantías constitucionales que habrían sido vulneradas como el derecho a la vida, de igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
A estos antecedentes, los dirigentes agregan que se amenaza a la especie protegida huemul, afecta al Parque Nacional Laguna San Rafael y produce excesivos impactos demográficos no evaluados.
Marcelo Castillo precisó que este “proceso ha estado plagado de ilegalidades y su objetivo es precisamente resguardar los derechos constitucionales que no han sido respetados durante todo este proceso”.
El jurista agregó que “las ilegalidades que se han producido en el marco de este proyecto son manifiestas, por lo tanto, esperamos que la Corte acoja nuestro recurso. En caso que ello no ocurra, evidentemente, esperaremos para ver qué otro tipo de recursos legales intentamos”.
Estos recursos fueron presentados por organizaciones ambientales, pero también están apoyados desde el mundo parlamentario, como por ejemplo, de los senadores Antonio Horvath y Guido Girardi, presidente del Senado.
Después de la decisión de la Corte de Puerto Montt en mayo pasado, Pilar Cuevas, presidenta de la comisión de evaluación ambiental de la región, debía entregar también un informe respecto a las denuncias que se hicieron contra la resolución de dicha instancia.
Desde las 9 de la mañana de este martes se observará un nuevo capítulo en el proceso de tramitación de Hidroaysén. En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se iniciarán los alegatos por los siete recursos de protección que fueron presentados para paralizar el proceso de revisión de esta iniciativa.
Estos recursos han mantenido congelada la tramitación desde el 20 de junio, luego que el tribunal decretara una orden de no innovar.
Ahora será la oportunidad de que las partes entreguen su versión. Por los recurrentes participarán los abogados Jesús Vicent, Macarena Soler, Marcelo Castillo, Alex Quevedo y Fernando Dougnac.
Los dardos se dirigen a la aprobación que se votó el pasado 9 de mayo en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén. “Técnicamente eso significa el conocimiento de la causa, por lo tanto, la corte va a empezar a analizar cada uno de los argumentos que nosotros hicimos en relación con las arbitrariedades e ilegalidades que se cometieron”, explicó el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo.
La Comisión de Evaluación Ambiental votó 11 votos a favor del proyecto y una abstención. De esta manera, se abrió la puerta a la construcción de cinco represas en el rio Baker y Pascua aunque aún queda pendiente lo que sucederá con la línea de transmisión.
Estos recursos se refieren a diversas garantías constitucionales que habrían sido vulneradas como el derecho a la vida, de igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
A estos antecedentes, los dirigentes agregan que se amenaza a la especie protegida huemul, afecta al Parque Nacional Laguna San Rafael y produce excesivos impactos demográficos no evaluados.
Marcelo Castillo precisó que este “proceso ha estado plagado de ilegalidades y su objetivo es precisamente resguardar los derechos constitucionales que no han sido respetados durante todo este proceso”.
El jurista agregó que “las ilegalidades que se han producido en el marco de este proyecto son manifiestas, por lo tanto, esperamos que la Corte acoja nuestro recurso. En caso que ello no ocurra, evidentemente, esperaremos para ver qué otro tipo de recursos legales intentamos”.
Estos recursos fueron presentados por organizaciones ambientales, pero también están apoyados desde el mundo parlamentario, como por ejemplo, de los senadores Antonio Horvath y Guido Girardi, presidente del Senado.
Después de la decisión de la Corte de Puerto Montt en mayo pasado, Pilar Cuevas, presidenta de la comisión de evaluación ambiental de la región, debía entregar también un informe respecto a las denuncias que se hicieron contra la resolución de dicha instancia.
