El titular del ministerio de Planificación, Joaquín Lavín, anunció que finalmente se suspenderá la Gran Consulta Indígena, la que fue sumamente criticada por los mismos pueblos originarios.
Además, se retirarán dos de las consultas ya realizadas que tratan sobre institucionalidad y reconocimiento constitucional, lo que será recalendarizar para el año 2012, y derogarán el decreto 124 al término del proceso llamado “consulta para la consulta”.
Para el representante de la Red Indígena Legislativa y de Políticas Públicas, el werkén Francisco Vera Millaquén, esto responde a las gestiones de los pueblos indígenas para frenar un proceso que no fue debidamente consultado y que presentaba serias irregularidades.
“Claramente hemos dicho el gobierno ya no puede más con las presiones que tiene porque son muchas, creemos que el hecho que se hubiera impedido que se volviera a votar el proyecto de acuerdo en el Senado y que finalmente hasta el momento la derecha hubiera logrado votar su proyecto son antecedentes válidos en este momento, y obviamente fueron parte de lo que inclinó la balanza. Lo que está ocurriendo es un triunfo de los pueblos indígenas en Chile. Coloca una base para lo que viene a futuro”, explicó el werkén.
Esta consulta estaba basada en el decreto 124 del Mideplan, decreto que ha sido también cuestionado, ya que no cumple con los estándares que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así, la prioridad para los pueblos es su derogación inmediata y también su anulación, para que no se sigan aplicando sus efectos.
“La derogación del decreto 124 ahora y ya se habla de la anulación del decreto, porque derogar significa que queda validado lo que ya se hizo, anular significa que todo lo que se haya hecho en base al decreto 124 no tiene efecto legal, y además hay un punto muy interesante planteado por el Centro de Derechos Humanos de la U. Diego Portales en el sentido de que este decreto fue promulgado sin apego a lo que establece la Constitución respecto a los decretos supremos, por lo tanto, hay un argumento legal para exigir la nulidad de ese decreto”, afirmó Vera Millaquén.
El werkén también hizo un llamado al gobierno a no seguir imponiendo su agenda y cronograma, sino a establecer en conjunto las fórmulas y temas, para generar así una comunicación franca y un real clima de respeto en el que se pueda avanzar hacia los temas de fondo: las demandas territoriales y por los derechos políticos.
El titular del ministerio de Planificación, Joaquín Lavín, anunció que finalmente se suspenderá la Gran Consulta Indígena, la que fue sumamente criticada por los mismos pueblos originarios.
Además, se retirarán dos de las consultas ya realizadas que tratan sobre institucionalidad y reconocimiento constitucional, lo que será recalendarizar para el año 2012, y derogarán el decreto 124 al término del proceso llamado “consulta para la consulta”.
Para el representante de la Red Indígena Legislativa y de Políticas Públicas, el werkén Francisco Vera Millaquén, esto responde a las gestiones de los pueblos indígenas para frenar un proceso que no fue debidamente consultado y que presentaba serias irregularidades.
“Claramente hemos dicho el gobierno ya no puede más con las presiones que tiene porque son muchas, creemos que el hecho que se hubiera impedido que se volviera a votar el proyecto de acuerdo en el Senado y que finalmente hasta el momento la derecha hubiera logrado votar su proyecto son antecedentes válidos en este momento, y obviamente fueron parte de lo que inclinó la balanza. Lo que está ocurriendo es un triunfo de los pueblos indígenas en Chile. Coloca una base para lo que viene a futuro”, explicó el werkén.
Esta consulta estaba basada en el decreto 124 del Mideplan, decreto que ha sido también cuestionado, ya que no cumple con los estándares que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así, la prioridad para los pueblos es su derogación inmediata y también su anulación, para que no se sigan aplicando sus efectos.
“La derogación del decreto 124 ahora y ya se habla de la anulación del decreto, porque derogar significa que queda validado lo que ya se hizo, anular significa que todo lo que se haya hecho en base al decreto 124 no tiene efecto legal, y además hay un punto muy interesante planteado por el Centro de Derechos Humanos de la U. Diego Portales en el sentido de que este decreto fue promulgado sin apego a lo que establece la Constitución respecto a los decretos supremos, por lo tanto, hay un argumento legal para exigir la nulidad de ese decreto”, afirmó Vera Millaquén.
El werkén también hizo un llamado al gobierno a no seguir imponiendo su agenda y cronograma, sino a establecer en conjunto las fórmulas y temas, para generar así una comunicación franca y un real clima de respeto en el que se pueda avanzar hacia los temas de fondo: las demandas territoriales y por los derechos políticos.
El titular del ministerio de Planificación, Joaquín Lavín, anunció que finalmente se suspenderá la Gran Consulta Indígena, la que fue sumamente criticada por los mismos pueblos originarios.
Además, se retirarán dos de las consultas ya realizadas que tratan sobre institucionalidad y reconocimiento constitucional, lo que será recalendarizar para el año 2012, y derogarán el decreto 124 al término del proceso llamado “consulta para la consulta”.
Para el representante de la Red Indígena Legislativa y de Políticas Públicas, el werkén Francisco Vera Millaquén, esto responde a las gestiones de los pueblos indígenas para frenar un proceso que no fue debidamente consultado y que presentaba serias irregularidades.
“Claramente hemos dicho el gobierno ya no puede más con las presiones que tiene porque son muchas, creemos que el hecho que se hubiera impedido que se volviera a votar el proyecto de acuerdo en el Senado y que finalmente hasta el momento la derecha hubiera logrado votar su proyecto son antecedentes válidos en este momento, y obviamente fueron parte de lo que inclinó la balanza. Lo que está ocurriendo es un triunfo de los pueblos indígenas en Chile. Coloca una base para lo que viene a futuro”, explicó el werkén.
Esta consulta estaba basada en el decreto 124 del Mideplan, decreto que ha sido también cuestionado, ya que no cumple con los estándares que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así, la prioridad para los pueblos es su derogación inmediata y también su anulación, para que no se sigan aplicando sus efectos.
“La derogación del decreto 124 ahora y ya se habla de la anulación del decreto, porque derogar significa que queda validado lo que ya se hizo, anular significa que todo lo que se haya hecho en base al decreto 124 no tiene efecto legal, y además hay un punto muy interesante planteado por el Centro de Derechos Humanos de la U. Diego Portales en el sentido de que este decreto fue promulgado sin apego a lo que establece la Constitución respecto a los decretos supremos, por lo tanto, hay un argumento legal para exigir la nulidad de ese decreto”, afirmó Vera Millaquén.
El werkén también hizo un llamado al gobierno a no seguir imponiendo su agenda y cronograma, sino a establecer en conjunto las fórmulas y temas, para generar así una comunicación franca y un real clima de respeto en el que se pueda avanzar hacia los temas de fondo: las demandas territoriales y por los derechos políticos.
