Durante toda la mañana del martes se revisaron los primeros recursos de protección en la sala de la corte en Puerto Montt, los que desde el 20 de julio mantienen paralizado el proyecto, gracias a una orden de no innovar que dictó el tribunal.

Dentro de estos siete requerimientos está, por ejemplo, el que apunta a la irregular aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén el pasado 9 de mayo, otro para la preservación del Parque Nacional Laguna San Rafael, donde se pretenden construir las represas con lo que será inundado y  otro por la separación del proyecto original y las líneas de transmisión.

Los recursos versan sobre diversas garantías constitucionales que fueron vulneradas al aprobar este proyecto, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Sobre la primera jornada de alegatos se refirió el abogado de las organizaciones ambientalistas, Marcelo Castillo, quien declaró que “fue una jornada agotadora, bastante larga donde se revisaron dos alegatos. Estimamos que pusimos claramente nuestros argumentos, tenemos la esperanza que la Corte haya entendido el porqué calificamos de ilegal esta resolución”.

El Coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén, Reserva de Vida, Peter Hartmann, indicó la necesidad de que se aprueben estos recursos para que se deje sin efecto la calificación de evaluación ambiental que aprobó el proyecto HidroAysén, y apuntó los deseos porque “se haga justicia, que se acepten los recursos de protección y el proyecto de Hidropaysén sea anulado. Tendría que empezar todo de nuevo, entonces hay recursos de protección por una serie de irregularidades que existen en el proyecto, aprobaciones a causa de presiones, pero si lo hacen de nuevo y bien, podríamos ver qué pasa”.

En los alegatos expondrá también Álex Quevedo, en representación de los pescadores artesanales de Aysén, quien argumentará sobre la falta de consideración a las observaciones de la ciudadanía y sus representados. Una crítica que es generalizada, ya que diversos sectores han iniciado acciones para paralizar el proyecto.

Uno de ellos es el Movimiento Ciudadano Patagonia Unida, que ha impulsado un plebiscito ciudadano, pese a las dificultades con el municipio de Coyhaique, las que detalló la vocera Paz Fotizich, quien apuntó que “estamos absolutamente atentos a esta resolución judicial, sin bajar los brazos en otras aristas como plebiscitos comunales, en muchas comunas donde los alcaldes han rechazado la posibilidad, por lo que hemos solicitado a Contraloría que agilice su pronunciamiento”.

Además de la presentación en Contraloría, el Movimiento está evaluando interponer un recurso de ilegalidad por el poco fundamento jurídico del decreto municipal que rechazó el plebiscito, además de la posibilidad de inhabilitar al alcalde a raíz de los conflictos de intereses que tiene al poseer parcelas de agrado en las zonas de inundación.

Una serie de acciones desde distintos sectores que sólo buscan frenar este proyecto para conservar y proteger la Patagonia.