A inicios de esta semana las comisiones se reunieron con la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, para determinar cómo estudiarán estos proyectos, los que son de vital importancia para las comunidades indígenas, ya que muchas de ellas se encuentran alojadas al interior de parques nacionales o zonas protegidas.
Sin embargo, nadie les ha consultado sobre los cambios a la institucionalidad que se piensan realizar, cuando están pidiendo que en esta reforma el Estado chileno salde la deuda que tiene con ellos, que no los excluya y que les permita trabajar en conjunto por la administración de estos recintos.
Pablo Pérez Vivanco, de la comunidad Colla Serranía de Poblete, ubicada en la zona de San Pedro, Copiapó, enfatizó que “los pueblos indígenas tienen ciertos derechos sobre los recursos que se encuentran dentro los territorios indígenas, de preservación, conservación, administración. Como indígenas, somos los más interesados en que se protejan esos recursos, se conserve la tierra, porque no la vemos como un objeto de explotación. Queremos que se preserve obviamente y tenemos una visión espiritual, un sentimiento por la tierra, entonces somos los más indicados para proteger realmente ese recurso”.
Con esto coincidió Ariel León Bacián, representante aymara de la organización “La voz del pueblo grande” y de la Red Indígena, para quien al excluirlos se están desconociendo sus derechos y violando nuevamente convenios internacionales. Esto, afirmó, ha ocurrido fuertemente en Rapa Nui, donde existe fuertes conflictos entre los indígenas y la Conaf, ya que ésta los restringe del uso de su propio patrimonio.
“La Agenda 21 y el Convenio de Diversidad Biológica reconocen que los pueblos indígenas somos los que mejor cuidamos nuestro patrimonio ancestral, sea natural o cultural. Entonces excluirnos de la participación o coadministración de las áreas naturales es una usurpación de los derechos de los pueblos indígenas a su propio patrimonio. En este sentido, creemos que este proyecto es absolutamente inconsulto, no se está respetando el derecho a la consulta que establece el Convenio 169 (de la OIT)”, explicó.
En este sentido, Ariel León expresó su sorpresa sobre que el Senado se haya reunido con la titular de Medio Ambiente y no con los pueblos originarios, y más aún que ella haya señalado que aún no se aplica la consulta porque es un proceso “que está en elaboración”, olvidando que, en sentencia del Tribunal Constitucional de 2000, el Convenio 169 es autoejecutable y que el deber de consultar es del Congreso Nacional y no sólo del Gobierno.
Además, reprochó que en este proyecto de ley se permita al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas la capacidad de otorgar concesiones de los parques nacionales a terceros, un tema que también ha sido fuertemente criticado por distintas organizaciones ambientales.
A inicios de esta semana las comisiones se reunieron con la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, para determinar cómo estudiarán estos proyectos, los que son de vital importancia para las comunidades indígenas, ya que muchas de ellas se encuentran alojadas al interior de parques nacionales o zonas protegidas.
Sin embargo, nadie les ha consultado sobre los cambios a la institucionalidad que se piensan realizar, cuando están pidiendo que en esta reforma el Estado chileno salde la deuda que tiene con ellos, que no los excluya y que les permita trabajar en conjunto por la administración de estos recintos.
Pablo Pérez Vivanco, de la comunidad Colla Serranía de Poblete, ubicada en la zona de San Pedro, Copiapó, enfatizó que “los pueblos indígenas tienen ciertos derechos sobre los recursos que se encuentran dentro los territorios indígenas, de preservación, conservación, administración. Como indígenas, somos los más interesados en que se protejan esos recursos, se conserve la tierra, porque no la vemos como un objeto de explotación. Queremos que se preserve obviamente y tenemos una visión espiritual, un sentimiento por la tierra, entonces somos los más indicados para proteger realmente ese recurso”.
Con esto coincidió Ariel León Bacián, representante aymara de la organización “La voz del pueblo grande” y de la Red Indígena, para quien al excluirlos se están desconociendo sus derechos y violando nuevamente convenios internacionales. Esto, afirmó, ha ocurrido fuertemente en Rapa Nui, donde existe fuertes conflictos entre los indígenas y la Conaf, ya que ésta los restringe del uso de su propio patrimonio.
“La Agenda 21 y el Convenio de Diversidad Biológica reconocen que los pueblos indígenas somos los que mejor cuidamos nuestro patrimonio ancestral, sea natural o cultural. Entonces excluirnos de la participación o coadministración de las áreas naturales es una usurpación de los derechos de los pueblos indígenas a su propio patrimonio. En este sentido, creemos que este proyecto es absolutamente inconsulto, no se está respetando el derecho a la consulta que establece el Convenio 169 (de la OIT)”, explicó.
En este sentido, Ariel León expresó su sorpresa sobre que el Senado se haya reunido con la titular de Medio Ambiente y no con los pueblos originarios, y más aún que ella haya señalado que aún no se aplica la consulta porque es un proceso “que está en elaboración”, olvidando que, en sentencia del Tribunal Constitucional de 2000, el Convenio 169 es autoejecutable y que el deber de consultar es del Congreso Nacional y no sólo del Gobierno.
Además, reprochó que en este proyecto de ley se permita al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas la capacidad de otorgar concesiones de los parques nacionales a terceros, un tema que también ha sido fuertemente criticado por distintas organizaciones ambientales.
A inicios de esta semana las comisiones se reunieron con la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, para determinar cómo estudiarán estos proyectos, los que son de vital importancia para las comunidades indígenas, ya que muchas de ellas se encuentran alojadas al interior de parques nacionales o zonas protegidas.
Sin embargo, nadie les ha consultado sobre los cambios a la institucionalidad que se piensan realizar, cuando están pidiendo que en esta reforma el Estado chileno salde la deuda que tiene con ellos, que no los excluya y que les permita trabajar en conjunto por la administración de estos recintos.
Pablo Pérez Vivanco, de la comunidad Colla Serranía de Poblete, ubicada en la zona de San Pedro, Copiapó, enfatizó que “los pueblos indígenas tienen ciertos derechos sobre los recursos que se encuentran dentro los territorios indígenas, de preservación, conservación, administración. Como indígenas, somos los más interesados en que se protejan esos recursos, se conserve la tierra, porque no la vemos como un objeto de explotación. Queremos que se preserve obviamente y tenemos una visión espiritual, un sentimiento por la tierra, entonces somos los más indicados para proteger realmente ese recurso”.
Con esto coincidió Ariel León Bacián, representante aymara de la organización “La voz del pueblo grande” y de la Red Indígena, para quien al excluirlos se están desconociendo sus derechos y violando nuevamente convenios internacionales. Esto, afirmó, ha ocurrido fuertemente en Rapa Nui, donde existe fuertes conflictos entre los indígenas y la Conaf, ya que ésta los restringe del uso de su propio patrimonio.
“La Agenda 21 y el Convenio de Diversidad Biológica reconocen que los pueblos indígenas somos los que mejor cuidamos nuestro patrimonio ancestral, sea natural o cultural. Entonces excluirnos de la participación o coadministración de las áreas naturales es una usurpación de los derechos de los pueblos indígenas a su propio patrimonio. En este sentido, creemos que este proyecto es absolutamente inconsulto, no se está respetando el derecho a la consulta que establece el Convenio 169 (de la OIT)”, explicó.
En este sentido, Ariel León expresó su sorpresa sobre que el Senado se haya reunido con la titular de Medio Ambiente y no con los pueblos originarios, y más aún que ella haya señalado que aún no se aplica la consulta porque es un proceso “que está en elaboración”, olvidando que, en sentencia del Tribunal Constitucional de 2000, el Convenio 169 es autoejecutable y que el deber de consultar es del Congreso Nacional y no sólo del Gobierno.
Además, reprochó que en este proyecto de ley se permita al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas la capacidad de otorgar concesiones de los parques nacionales a terceros, un tema que también ha sido fuertemente criticado por distintas organizaciones ambientales.
