La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso La Polar desarrolló este miércoles un acuerdo consensuado para votar las conclusiones a las que la instancia llegó durante el proceso de indagación de este caso.
Según adelantaron los parlamentarios, el informe se refiere, esencialmente, a la responsabilidad de los directores y ejecutivos de la multitienda como los principales protagonistas del escándalo de las repactaciones unilaterales, que también provocaron un descalabro en el mercado, lo que además perjudicó a los fondos de pensiones. En esa línea, no sólo los clientes se vieron afectados, sino también los acreedores y los pequeños accionistas de la tienda por departamento.
Sin embargo, el diputado de la DC, Fuad Chahín apuntó sus dardos a la culpabilidad de los organismos públicos encargados de regular y supervisar el funcionamiento de esta industria. En este ámbito, el legislador calificó como “negligente” el rol de las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Pensiones por fallar en sus facultades fiscalizadoras por aprobar clasificaciones de riesgos que no tenían sustento.
Además se menciona la labor de las empresas auditoras en el problema y la actitud de las autoridades del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) – tanto en esta administración como en la anterior – por no actuar con diligencia y no informar a las instituciones respectivas de las denuncias que tenían en sus manos.
Y pese a que los parlamentarios no tienen la facultad de sancionar a las personas o instituciones que hayan estado involucradas en este fraude, Chahín comentó que sí pueden exigir que se asuman las responsabilidades políticas.
“Además de las conclusiones y las recomendaciones legislativas que, indudablemente, tienen un peso importante si son aprobadas por la sala, vamos a pedir que se asuman responsabilidades políticas y esto se hace dejando los cargos. Si llegamos a la conclusión de que efectivamente hay culpabilidad de las personas que han estado liderando las instituciones que fallaron, al Gobierno no le va a quedar otra salida más que pedir los cargos de los superintendentes, por ejemplo”, comentó el parlamentario.
La comisión enumeró una serie de cambios institucionales, que deberán ser votados en el Congreso y que incluyen modificaciones a los gobiernos corporativos de las Sociedades Anónimas; cambios a la regulación de las empresas de Auditoría Externa; modificaciones a la regulación de las Empresas Clasificadoras de Riesgo; y también a la normativa de las superintendencias de Bancos, de Valores y Seguros y de pensiones.
Además, se solicitará urgencia al proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito No bancarias que hoy está en la comisión de Economía; y conferir al Sernac facultades fiscalizadoras, incluyendo la capacidad para imponer sanciones administrativas, incluso multas.
Acciones que según el presidente de la Corporación de Usuarios y Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, deberían complementarse con una entidad que se dedique de forma exclusiva a vigilar la industria del retail.
“Un organismo regulador del retail es necesario porque su principal negocio ya no es la venta de productos, sino que el servicio financiero. Por lo tanto, necesitamos una entidad que tenga un rol importante para poder fiscalizar. Hoy esta industria está en territorio de nadie y simplemente se regula a los emisores de tarjetas, pero no a las empresas. El emisor casi siempre es una compañía que es parte del holding, pero es anexa. Por eso hay que regular este mercado en sí mismo”, sostuvo el dirigente.
Las conclusiones de la comisión investigadora del caso La Polar se votarán la próxima semana. Cabe destacar que la arista penal de este caso la está llevando la Fiscalía Centro Norte y que la demanda colectiva interpuesta por el Sernac y otras organizaciones aún está en proceso de admisibilidad.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso La Polar desarrolló este miércoles un acuerdo consensuado para votar las conclusiones a las que la instancia llegó durante el proceso de indagación de este caso.
Según adelantaron los parlamentarios, el informe se refiere, esencialmente, a la responsabilidad de los directores y ejecutivos de la multitienda como los principales protagonistas del escándalo de las repactaciones unilaterales, que también provocaron un descalabro en el mercado, lo que además perjudicó a los fondos de pensiones. En esa línea, no sólo los clientes se vieron afectados, sino también los acreedores y los pequeños accionistas de la tienda por departamento.
Sin embargo, el diputado de la DC, Fuad Chahín apuntó sus dardos a la culpabilidad de los organismos públicos encargados de regular y supervisar el funcionamiento de esta industria. En este ámbito, el legislador calificó como “negligente” el rol de las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Pensiones por fallar en sus facultades fiscalizadoras por aprobar clasificaciones de riesgos que no tenían sustento.
Además se menciona la labor de las empresas auditoras en el problema y la actitud de las autoridades del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) – tanto en esta administración como en la anterior – por no actuar con diligencia y no informar a las instituciones respectivas de las denuncias que tenían en sus manos.
Y pese a que los parlamentarios no tienen la facultad de sancionar a las personas o instituciones que hayan estado involucradas en este fraude, Chahín comentó que sí pueden exigir que se asuman las responsabilidades políticas.
“Además de las conclusiones y las recomendaciones legislativas que, indudablemente, tienen un peso importante si son aprobadas por la sala, vamos a pedir que se asuman responsabilidades políticas y esto se hace dejando los cargos. Si llegamos a la conclusión de que efectivamente hay culpabilidad de las personas que han estado liderando las instituciones que fallaron, al Gobierno no le va a quedar otra salida más que pedir los cargos de los superintendentes, por ejemplo”, comentó el parlamentario.
La comisión enumeró una serie de cambios institucionales, que deberán ser votados en el Congreso y que incluyen modificaciones a los gobiernos corporativos de las Sociedades Anónimas; cambios a la regulación de las empresas de Auditoría Externa; modificaciones a la regulación de las Empresas Clasificadoras de Riesgo; y también a la normativa de las superintendencias de Bancos, de Valores y Seguros y de pensiones.
Además, se solicitará urgencia al proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito No bancarias que hoy está en la comisión de Economía; y conferir al Sernac facultades fiscalizadoras, incluyendo la capacidad para imponer sanciones administrativas, incluso multas.
Acciones que según el presidente de la Corporación de Usuarios y Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, deberían complementarse con una entidad que se dedique de forma exclusiva a vigilar la industria del retail.
“Un organismo regulador del retail es necesario porque su principal negocio ya no es la venta de productos, sino que el servicio financiero. Por lo tanto, necesitamos una entidad que tenga un rol importante para poder fiscalizar. Hoy esta industria está en territorio de nadie y simplemente se regula a los emisores de tarjetas, pero no a las empresas. El emisor casi siempre es una compañía que es parte del holding, pero es anexa. Por eso hay que regular este mercado en sí mismo”, sostuvo el dirigente.
Las conclusiones de la comisión investigadora del caso La Polar se votarán la próxima semana. Cabe destacar que la arista penal de este caso la está llevando la Fiscalía Centro Norte y que la demanda colectiva interpuesta por el Sernac y otras organizaciones aún está en proceso de admisibilidad.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso La Polar desarrolló este miércoles un acuerdo consensuado para votar las conclusiones a las que la instancia llegó durante el proceso de indagación de este caso.
Según adelantaron los parlamentarios, el informe se refiere, esencialmente, a la responsabilidad de los directores y ejecutivos de la multitienda como los principales protagonistas del escándalo de las repactaciones unilaterales, que también provocaron un descalabro en el mercado, lo que además perjudicó a los fondos de pensiones. En esa línea, no sólo los clientes se vieron afectados, sino también los acreedores y los pequeños accionistas de la tienda por departamento.
Sin embargo, el diputado de la DC, Fuad Chahín apuntó sus dardos a la culpabilidad de los organismos públicos encargados de regular y supervisar el funcionamiento de esta industria. En este ámbito, el legislador calificó como “negligente” el rol de las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Pensiones por fallar en sus facultades fiscalizadoras por aprobar clasificaciones de riesgos que no tenían sustento.
Además se menciona la labor de las empresas auditoras en el problema y la actitud de las autoridades del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) – tanto en esta administración como en la anterior – por no actuar con diligencia y no informar a las instituciones respectivas de las denuncias que tenían en sus manos.
Y pese a que los parlamentarios no tienen la facultad de sancionar a las personas o instituciones que hayan estado involucradas en este fraude, Chahín comentó que sí pueden exigir que se asuman las responsabilidades políticas.
“Además de las conclusiones y las recomendaciones legislativas que, indudablemente, tienen un peso importante si son aprobadas por la sala, vamos a pedir que se asuman responsabilidades políticas y esto se hace dejando los cargos. Si llegamos a la conclusión de que efectivamente hay culpabilidad de las personas que han estado liderando las instituciones que fallaron, al Gobierno no le va a quedar otra salida más que pedir los cargos de los superintendentes, por ejemplo”, comentó el parlamentario.
La comisión enumeró una serie de cambios institucionales, que deberán ser votados en el Congreso y que incluyen modificaciones a los gobiernos corporativos de las Sociedades Anónimas; cambios a la regulación de las empresas de Auditoría Externa; modificaciones a la regulación de las Empresas Clasificadoras de Riesgo; y también a la normativa de las superintendencias de Bancos, de Valores y Seguros y de pensiones.
Además, se solicitará urgencia al proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito No bancarias que hoy está en la comisión de Economía; y conferir al Sernac facultades fiscalizadoras, incluyendo la capacidad para imponer sanciones administrativas, incluso multas.
Acciones que según el presidente de la Corporación de Usuarios y Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, deberían complementarse con una entidad que se dedique de forma exclusiva a vigilar la industria del retail.
“Un organismo regulador del retail es necesario porque su principal negocio ya no es la venta de productos, sino que el servicio financiero. Por lo tanto, necesitamos una entidad que tenga un rol importante para poder fiscalizar. Hoy esta industria está en territorio de nadie y simplemente se regula a los emisores de tarjetas, pero no a las empresas. El emisor casi siempre es una compañía que es parte del holding, pero es anexa. Por eso hay que regular este mercado en sí mismo”, sostuvo el dirigente.
Las conclusiones de la comisión investigadora del caso La Polar se votarán la próxima semana. Cabe destacar que la arista penal de este caso la está llevando la Fiscalía Centro Norte y que la demanda colectiva interpuesta por el Sernac y otras organizaciones aún está en proceso de admisibilidad.
