Preocupación surge de organizaciones civiles dedicadas a políticas de medioambiente y energía, quienes ven con ofuscación el nulo avance de las reuniones previas a la cumbre de Río+20 en Brasil, ya que los gobiernos de América Latina no han sabido aunar posiciones respecto a los intereses de las comunidades locales y sus territorios en relación con la expansión industrial en el hemisferio sur.
La cita convocada por Cepal en Chile contó con la visita de ministros de toda Latinoamérica, además de otros representantes oficiales, sin que la reunión se traduzca en resultados, tal como indica Laura Mafei, observadora internacional e integrante de Sustain Labours en su filial de Argentina.
“En general la crítica a la economía verde es como una forma más de hacer lo mismo pero con otra cara. Hasta hoy no había acuerdos sobre una posición común, países que expresan dificultades en un documento común, no hubo mucho avance. Fue más bien un debate, no se articularon posiciones ni algo a nivel regional”, indicó Mafei.
En Chile, el tema es visto con atención desde organizaciones ambientales, dado el interés de la ciudadanía por políticas energéticas y medioambientales, demostrado en la masiva convocatoria ciudadana que salió a las calles a rechazar Hidroaysén.
Lucio Conca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), destacó la urgencia porque los gobiernos sudamericanos sepan acordar una política regional, que impida que el subcontinente se vea sobrepasado por el éxodo de industrias transnacionales desde el hemisferio norte a tierras vírgenes de Sudamérica.
El director de OLCA señaló que “nuestros países tienen que pararse frente a la agenda internacional como territorios que son afectados por las políticas de los países industriales. Muchos de los males que vivimos son la implementación de políticas depredadoras, políticas de concentración de la riqueza que tiene como consecuencia más pobreza y explotación de recursos, y eso se ha ido agravando en el tiempo. No podemos tener una agenda ambientalista inocua, sino un compromiso respecto a la agenda internacional”.
Ante ello, Eduardo Giesen, del Colectivo Viento Sur, apunta a la necesidad de responder desde la ciudadanía con nuevas propuestas que puedan sumarse a la propuesta de cada gobierno en esta cita, así también proponer actividades paralelas que permitan masificar el pensamiento de organizaciones civiles ante políticas relacionadas con el medioambiente.
“Han habido cumbres paralelas a las negociaciones oficiales, pero tiene que haber una capacidad que no sean espacios de griterío o molestar, que es útil, es útil hacer presencia en las calles, pero es mucho más importante lo que se hace todo el año e incidir en políticas públicas de los gobiernos. Lo que se hace de aquí a junio del próximo año es tan importante como lo que se haga en Río+20 en esa fecha”, manifestó Giesen.
La cumbre Río+20 se realiza veinte años desde la primera cita en Brasil que abordó políticas medioambientales y cambio climático, tal como las fundamentales citas en Kyoto y Copenhague, por lo que servirá para analizar el avance en este tiempo del desarrollo capitalista o políticas sustentables. Una iniciativa propuesta por el ex presidente Lula Da Silva en contexto con su idea de gobernanza medioambiental, pero que la actual presidenta Dilma Rousseff ha declinado en mantener su apoyo, a pesar de ser país anfitrión.