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Crece polémica por cuantiosas ganancias de las isapres en primer semestre de 2011

En medio de la polémica por las elevadas utilidades de las Isapres, el superintendente de Salud, Luis Romero, dio a conocer el balance de fiscalizaciones y sanciones durante el primer semestre del 2011. Por su parte, el diputado socialista Juan Luis Castro criticó el actuar de las autoridades de Salud y presentó un proyecto de ley para evitar los abusos en la fijación de precios por parte de las Isapres.

Paula Correa

  Martes 13 de septiembre 2011 21:25 hrs. 
Radio-Uchile

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Masvida, Cruz Blanca, Banmédica, Colmena, Vida Tres y Consalud son algunas de las Isapres más multadas, según el balance que dio a conocer el Superintendente de Salud, Luis Romero, junto al ministro, Jaime Mañalich, quienes aseguraron que estas instituciones  devolvieron 289 millones de pesos a sus usuarios.

Fueron un total de mil 19 fiscalizaciones que se realizaron entre enero y junio, de las que 388 corresponden a Isapres y 631 a Fonasa. Como resultado de ello la superintendencia cursó durante el primer semestre un total de 14 sanciones a Isapres, dos amonestaciones y 12 multas, por incumplimiento de beneficios a los usuarios.

Las autoridades indicaron que, considerando estas fiscalizaciones  y las que se realizarán en lo que resta del año 2011, en total superan en un 70 por ciento las del año 2010, cifras que no se condicen con las  ganancias de las Isapres, por lo que el subsecretario aclaró las competencias del organismo fiscalizador en esta materia.

“La superintendencia con respecto al alza de los precios base, no tiene ninguna atribución para orientar o limitar esta alza de los precios, sólo estamos facultados para controlar los procedimientos operativos y administrativos. La decisión de los montos que están involucradas las alzas las toman las distintas isapres, así está fijado por ley. Tampoco la superintendencia tiene ninguna facultad para intervenir en la fijación de los precios de la prima Ges. Eso también está libre para que cada isapre determine cuál es la que va a cobrar”, indicó el subsecretario.

Por esta razón, tanto el superintendente, como el ministro Mañalich insistieron con fuerza en la necesidad de aprobar el proyecto de ley corta de Isapres que hoy está detenido en el Congreso, para contar con un indicador concreto de precios como el IPC de la Salud.

Sin embargo, Juan Luis Castro, jefe de la bancada de diputados del partido socialista e integrante de la comisión de Salud de la cámara baja, criticó esta cuenta pública, la que catalogó como un intento tardío de la superintendencia de reaccionar ante el escándalo de las Isapres.

“Yo creo que ha habido una escasa fiscalización en este período, a mi juicio se están intentando reivindicar ahora post mortem, diciendo que las cuentas son alegres, que hicieron todo lo posible, pero esto ya es tardío. Lo que hicieron hoy de intentar limpiar un poco la imagen, diciendo no si cumplimos la pega, también hicimos algo en contra de ello, no todos son ganancias, la verdad es que nadie lo cree. Aquí lo importante es que el superintendente, de verdad, haga su trabajo y no tenga la inhabilidad que tiene, a nuestro juicio por haber sido el gerente de la isapre Colmena hasta hace un año atrás, y hoy pretende regular el sistema donde él trabajó y fue ejecutivo durante más de diez años”, señaló el parlamentario.

Por su parte, el parlamentario presentó un proyecto que modifica el artículo 38 de la Ley de Isapres, estableciendo que “toda modificación al contrato de afiliación a una institución previsional de salud deberá realizarse por escrito con el acuerdo expreso de la voluntad de las partes contratantes” y añade que cualquier modificación realizada en forma unilateral producirá la nulidad absoluta del contrato respectivo. Esto que parece tan básico hoy no existe en nuestra legislación.

El proyecto establece además el efecto retroactivo de la ley sobre todas las modificaciones unilaterales de contratos de afiliación de las instituciones previsionales de salud, actualizando así una legislación que tiene más de 30 años, que nunca ha sido modificada y que ha amparado todo tipo de abusos.

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