El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calificó como un avance la modificación a la Ley General de Educación sobre violencia escolar.
Esta iniciativa fue promulgada recientemente por el Gobierno y regulará la convivencia escolar en los recintos educacionales. Además otorgará un rol fundamental a los adultos en la resolución de los conflictos para asegurar un debido proceso frente a denuncias de este tipo de situaciones.
Daniel Contreras, encargado del área educación de Unicef, destacó que esta será una herramienta que permitirá al Ministerio multar a los establecimientos que no actúen oportunamente.
“No sólo cuáles son las faltas que existen y cómo se las sanciona, que es lo que hasta ahora hacían los reglamentos, sino que debe haber un repertorio de medidas pedagógicas de orientación y no sólo sanciones para enfrentar las dificultades y que además asegure el conocer eventuales faltas y se ajuste el proceso a un debido proceso, es decir, que garantice a todas las partes conocimiento de lo que se está procesando”, señaló Contrera.
Sin embargo, el organismo internacional señaló que el Estado debe garantizar las condiciones para que exista un contexto educativo de buena convivencia para todos los integrantes de la comunidad escolar, velando por el pleno cumplimiento de la ley.
Según s es necesario que se desarrolle una capacitación a docentes y directivos, señalando que “Yo creo que es directa consecuencia de esta mayor preocupación por el tema, esta es una ley que surge por una moción parlamentaria, no por iniciativa del Ejecutivo. También hay una fantasía de creer que con leyes vamos a resolver los problemas, este problema en particular de convivencia escolar supone un cambio de práctica y cultura en las distintas escuelas, lo que puede ser apoyado por una ley, pero requiere de otros elementos de política”.
Unicef señaló que velará por que las medidas contempladas como sanción se apliquen de manera adecuada, tomando en cuenta los diferentes factores que inciden en la conducta denunciada; sobre todo cuando se trate de la cancelación de la matrícula.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calificó como un avance la modificación a la Ley General de Educación sobre violencia escolar.
Esta iniciativa fue promulgada recientemente por el Gobierno y regulará la convivencia escolar en los recintos educacionales. Además otorgará un rol fundamental a los adultos en la resolución de los conflictos para asegurar un debido proceso frente a denuncias de este tipo de situaciones.
Daniel Contreras, encargado del área educación de Unicef, destacó que esta será una herramienta que permitirá al Ministerio multar a los establecimientos que no actúen oportunamente.
“No sólo cuáles son las faltas que existen y cómo se las sanciona, que es lo que hasta ahora hacían los reglamentos, sino que debe haber un repertorio de medidas pedagógicas de orientación y no sólo sanciones para enfrentar las dificultades y que además asegure el conocer eventuales faltas y se ajuste el proceso a un debido proceso, es decir, que garantice a todas las partes conocimiento de lo que se está procesando”, señaló Contrera.
Sin embargo, el organismo internacional señaló que el Estado debe garantizar las condiciones para que exista un contexto educativo de buena convivencia para todos los integrantes de la comunidad escolar, velando por el pleno cumplimiento de la ley.
Según s es necesario que se desarrolle una capacitación a docentes y directivos, señalando que “Yo creo que es directa consecuencia de esta mayor preocupación por el tema, esta es una ley que surge por una moción parlamentaria, no por iniciativa del Ejecutivo. También hay una fantasía de creer que con leyes vamos a resolver los problemas, este problema en particular de convivencia escolar supone un cambio de práctica y cultura en las distintas escuelas, lo que puede ser apoyado por una ley, pero requiere de otros elementos de política”.
Unicef señaló que velará por que las medidas contempladas como sanción se apliquen de manera adecuada, tomando en cuenta los diferentes factores que inciden en la conducta denunciada; sobre todo cuando se trate de la cancelación de la matrícula.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calificó como un avance la modificación a la Ley General de Educación sobre violencia escolar.
Esta iniciativa fue promulgada recientemente por el Gobierno y regulará la convivencia escolar en los recintos educacionales. Además otorgará un rol fundamental a los adultos en la resolución de los conflictos para asegurar un debido proceso frente a denuncias de este tipo de situaciones.
Daniel Contreras, encargado del área educación de Unicef, destacó que esta será una herramienta que permitirá al Ministerio multar a los establecimientos que no actúen oportunamente.
“No sólo cuáles son las faltas que existen y cómo se las sanciona, que es lo que hasta ahora hacían los reglamentos, sino que debe haber un repertorio de medidas pedagógicas de orientación y no sólo sanciones para enfrentar las dificultades y que además asegure el conocer eventuales faltas y se ajuste el proceso a un debido proceso, es decir, que garantice a todas las partes conocimiento de lo que se está procesando”, señaló Contrera.
Sin embargo, el organismo internacional señaló que el Estado debe garantizar las condiciones para que exista un contexto educativo de buena convivencia para todos los integrantes de la comunidad escolar, velando por el pleno cumplimiento de la ley.
Según s es necesario que se desarrolle una capacitación a docentes y directivos, señalando que “Yo creo que es directa consecuencia de esta mayor preocupación por el tema, esta es una ley que surge por una moción parlamentaria, no por iniciativa del Ejecutivo. También hay una fantasía de creer que con leyes vamos a resolver los problemas, este problema en particular de convivencia escolar supone un cambio de práctica y cultura en las distintas escuelas, lo que puede ser apoyado por una ley, pero requiere de otros elementos de política”.
Unicef señaló que velará por que las medidas contempladas como sanción se apliquen de manera adecuada, tomando en cuenta los diferentes factores que inciden en la conducta denunciada; sobre todo cuando se trate de la cancelación de la matrícula.
