La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso presentado por las organizaciones civiles para evitar la construcción de la central termoeléctrica Los Robles.
Las agrupaciones argumentaban que la central afectará, como ha sido demostrado en otros casos, la fuente laboral de los pescadores artesanales de la costa del Maule, la salud de los habitantes de los lugares aledaños y el turismo creciente en sus playas.
El proyecto de la empresa Aes Gener, que involucra 1.300 millones de dólares y que considera una planta de 750 mega watts de potencia de generación a carbón fue aprobado en 2009 en una resolución bastante conflictiva que, como han denunciado las organizaciones ambientales y los parlamentarios, obtuvo los permisos de forma irregular y no tuvo una calificación industrial, esencial en estos casos.
Así lo habría corroborado la comisión investigadora de la Cámara de Diputados constituida para este caso, que revisó el proceso y emitió un informe que, según la senadora por Maule Sur, Ximena Rincón, entrega información suficiente para impedir el desarrollo del proyecto y perseguir responsabilidades penales por la forma en que se obtuvieron los permisos necesarios.
Luego de este rechazo del recurso de protección que buscaba frenar el proyecto termoeléctrico, la senadora comentó que está gestionando que un abogado tome el expediente de la investigación realizada por la Cámara de Diputados y evalúe la factibilidad de interponer una acción judicial penal en esta materia.
“Los responsables de que este proyecto prospere serán los gobiernos de la Concertación y de este gobierno de derecha, porque ni ahora ni en el pasado hemos visto una acción decidida que inhiba el desarrollo de esta iniciativa”, señaló la parlamentaria.
El diputado Roberto León, uno de los más fuertes opositores a este proyecto desde los inicios de su discusión, señaló que lo principal en este momento es que el gobierno cumpla con el acuerdo adoptado luego de conocido el informe de la comisión de diputados que investigó y constató las irregularidades del proceso.
“Esto es para que el Ejecutivo cumpla con iniciar la acción ante el Ministerio Público para perseguir las responsabilidades en las irregularidades que constatamos”, sostuvo el legislador.
Por su parte, Javier Cancino, miembro de la agrupación Acción Ciudadana Pro-Defensa de la Costa del Maule, señala que además de los costos ambientales que repercutirían sobre las fuentes productivas de la costa del Maule y los problemas que traerá para el turismo, se suma la inseguridad sobre el terreno elegido para la construcción de la central, ya que el terremoto y posterior maremoto pudo y podría generar un desastre aún mayor.
Por el momento, el dirigente asegura que continuarán con los trámites legales que se necesiten para impedir la construcción de la Termoeléctrica Los Robles y que el compromiso de la comunidad es permanente sobre el tema.
“Va a la Corte Suprema otra vez y de ahí la vamos a llevarlo a incluso instancias internacionales. Estamos atentos a lo que pase y no descartamos movilizarnos”, aseguró el dirigente.
Cancino dijo que por el momento están más bien tranquilos, porque tienen información directa de que el proyecto Los Robles no es prioridad para la empresa Aes Gener por ahora. Al parecer estarían más preocupados por la implementación de la Termoeléctrica Angamos en Mejillones y los problemas que han tenido con la central Campiche en la bahía de Quintero por la crisis ambiental que sufre la zona.
Para finalizar, el dirigente adelantó que tendrá una reunión el 26 de septiembre con la seremi de Medio Ambiente, Mariela Valenzuela, en que discutirán las reformas a la normativa ambiental y cómo estas se conectan con los proyectos industriales anteriores y los que puedan venir.
La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso presentado por las organizaciones civiles para evitar la construcción de la central termoeléctrica Los Robles.
Las agrupaciones argumentaban que la central afectará, como ha sido demostrado en otros casos, la fuente laboral de los pescadores artesanales de la costa del Maule, la salud de los habitantes de los lugares aledaños y el turismo creciente en sus playas.
El proyecto de la empresa Aes Gener, que involucra 1.300 millones de dólares y que considera una planta de 750 mega watts de potencia de generación a carbón fue aprobado en 2009 en una resolución bastante conflictiva que, como han denunciado las organizaciones ambientales y los parlamentarios, obtuvo los permisos de forma irregular y no tuvo una calificación industrial, esencial en estos casos.
Así lo habría corroborado la comisión investigadora de la Cámara de Diputados constituida para este caso, que revisó el proceso y emitió un informe que, según la senadora por Maule Sur, Ximena Rincón, entrega información suficiente para impedir el desarrollo del proyecto y perseguir responsabilidades penales por la forma en que se obtuvieron los permisos necesarios.
Luego de este rechazo del recurso de protección que buscaba frenar el proyecto termoeléctrico, la senadora comentó que está gestionando que un abogado tome el expediente de la investigación realizada por la Cámara de Diputados y evalúe la factibilidad de interponer una acción judicial penal en esta materia.
“Los responsables de que este proyecto prospere serán los gobiernos de la Concertación y de este gobierno de derecha, porque ni ahora ni en el pasado hemos visto una acción decidida que inhiba el desarrollo de esta iniciativa”, señaló la parlamentaria.
El diputado Roberto León, uno de los más fuertes opositores a este proyecto desde los inicios de su discusión, señaló que lo principal en este momento es que el gobierno cumpla con el acuerdo adoptado luego de conocido el informe de la comisión de diputados que investigó y constató las irregularidades del proceso.
“Esto es para que el Ejecutivo cumpla con iniciar la acción ante el Ministerio Público para perseguir las responsabilidades en las irregularidades que constatamos”, sostuvo el legislador.
Por su parte, Javier Cancino, miembro de la agrupación Acción Ciudadana Pro-Defensa de la Costa del Maule, señala que además de los costos ambientales que repercutirían sobre las fuentes productivas de la costa del Maule y los problemas que traerá para el turismo, se suma la inseguridad sobre el terreno elegido para la construcción de la central, ya que el terremoto y posterior maremoto pudo y podría generar un desastre aún mayor.
Por el momento, el dirigente asegura que continuarán con los trámites legales que se necesiten para impedir la construcción de la Termoeléctrica Los Robles y que el compromiso de la comunidad es permanente sobre el tema.
“Va a la Corte Suprema otra vez y de ahí la vamos a llevarlo a incluso instancias internacionales. Estamos atentos a lo que pase y no descartamos movilizarnos”, aseguró el dirigente.
Cancino dijo que por el momento están más bien tranquilos, porque tienen información directa de que el proyecto Los Robles no es prioridad para la empresa Aes Gener por ahora. Al parecer estarían más preocupados por la implementación de la Termoeléctrica Angamos en Mejillones y los problemas que han tenido con la central Campiche en la bahía de Quintero por la crisis ambiental que sufre la zona.
Para finalizar, el dirigente adelantó que tendrá una reunión el 26 de septiembre con la seremi de Medio Ambiente, Mariela Valenzuela, en que discutirán las reformas a la normativa ambiental y cómo estas se conectan con los proyectos industriales anteriores y los que puedan venir.
La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso presentado por las organizaciones civiles para evitar la construcción de la central termoeléctrica Los Robles.
Las agrupaciones argumentaban que la central afectará, como ha sido demostrado en otros casos, la fuente laboral de los pescadores artesanales de la costa del Maule, la salud de los habitantes de los lugares aledaños y el turismo creciente en sus playas.
El proyecto de la empresa Aes Gener, que involucra 1.300 millones de dólares y que considera una planta de 750 mega watts de potencia de generación a carbón fue aprobado en 2009 en una resolución bastante conflictiva que, como han denunciado las organizaciones ambientales y los parlamentarios, obtuvo los permisos de forma irregular y no tuvo una calificación industrial, esencial en estos casos.
Así lo habría corroborado la comisión investigadora de la Cámara de Diputados constituida para este caso, que revisó el proceso y emitió un informe que, según la senadora por Maule Sur, Ximena Rincón, entrega información suficiente para impedir el desarrollo del proyecto y perseguir responsabilidades penales por la forma en que se obtuvieron los permisos necesarios.
Luego de este rechazo del recurso de protección que buscaba frenar el proyecto termoeléctrico, la senadora comentó que está gestionando que un abogado tome el expediente de la investigación realizada por la Cámara de Diputados y evalúe la factibilidad de interponer una acción judicial penal en esta materia.
“Los responsables de que este proyecto prospere serán los gobiernos de la Concertación y de este gobierno de derecha, porque ni ahora ni en el pasado hemos visto una acción decidida que inhiba el desarrollo de esta iniciativa”, señaló la parlamentaria.
El diputado Roberto León, uno de los más fuertes opositores a este proyecto desde los inicios de su discusión, señaló que lo principal en este momento es que el gobierno cumpla con el acuerdo adoptado luego de conocido el informe de la comisión de diputados que investigó y constató las irregularidades del proceso.
“Esto es para que el Ejecutivo cumpla con iniciar la acción ante el Ministerio Público para perseguir las responsabilidades en las irregularidades que constatamos”, sostuvo el legislador.
Por su parte, Javier Cancino, miembro de la agrupación Acción Ciudadana Pro-Defensa de la Costa del Maule, señala que además de los costos ambientales que repercutirían sobre las fuentes productivas de la costa del Maule y los problemas que traerá para el turismo, se suma la inseguridad sobre el terreno elegido para la construcción de la central, ya que el terremoto y posterior maremoto pudo y podría generar un desastre aún mayor.
Por el momento, el dirigente asegura que continuarán con los trámites legales que se necesiten para impedir la construcción de la Termoeléctrica Los Robles y que el compromiso de la comunidad es permanente sobre el tema.
“Va a la Corte Suprema otra vez y de ahí la vamos a llevarlo a incluso instancias internacionales. Estamos atentos a lo que pase y no descartamos movilizarnos”, aseguró el dirigente.
Cancino dijo que por el momento están más bien tranquilos, porque tienen información directa de que el proyecto Los Robles no es prioridad para la empresa Aes Gener por ahora. Al parecer estarían más preocupados por la implementación de la Termoeléctrica Angamos en Mejillones y los problemas que han tenido con la central Campiche en la bahía de Quintero por la crisis ambiental que sufre la zona.
Para finalizar, el dirigente adelantó que tendrá una reunión el 26 de septiembre con la seremi de Medio Ambiente, Mariela Valenzuela, en que discutirán las reformas a la normativa ambiental y cómo estas se conectan con los proyectos industriales anteriores y los que puedan venir.
