Con un fondo de 2 mil 500 millones, el Gobierno pretende con esta segunda etapa impulsar la reparación de inmuebles de todo el país, y continuar con el trabajo que durante el 2010 apoyó a 34 restauraciones, de las cuales 10 están finalizadas, y 12 estarían listas antes que termine el año.
Variadas y de diversos sectores han sido las críticas respecto al lento e ineficiente proceso de reconstrucción nacional en materia de vivienda e infraestructura social, lo que incluso ha provocado la salida de autoridades regionales involucradas en su implementación, sin embargo aún más grave y de largo plazo podrían ser los efectos del terremoto en cuanto al patrimonio material del país.
Así lo manifiesta Patricio Gross, ex presidente del Colegio de Arquitectos de Chile y director del centro del Centro de Estudios del Patrimonio de la Universidad Central, para quien el gobierno cometió un error al creer que este proceso era mucho más rápido y que se podía enfrentar en un corto plazo.
Gross, señala que desde abril del 2010, el Colegio de Arquitectos viene diciendo que hay que crear procedimientos especiales para este tipo de eventos intempestivos, ya que, en esta oportunidad a su juicio, se generó mucha expectativa, hubo mucha demora y no se creó un plan de reconstrucción especial para enfrentar la situación.
“Ha quedado claro que este es un vacio enorme que tenemos respecto de la protección de nuestro patrimonio. Hay patrimonio que ya no se va a recuperar nunca más, sencillamente porque se cayó o lo votaron, como paso en muchos casos, aunque era perfectamente recuperable”, señaló el profesional.
De acuerdo con lo que comenta el académico, Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios Típicos y Zonas Patrimoniales y defensora del Barrio Yungay, señala que la reconstrucción del patrimonio material ha sido nula.
En el caso del Barrio Yungay, zona típica que fue de las más dañadas de la región Metropolitana, lo único que se logró fue un subsidio que consiguió el alcalde Zalaquett de entre 300 y 500 mil pesos, recurso insuficiente y mal gastado por falta de planificación.
“Más allá de generar los recursos, lo que falta es tener una política pública de largo alcance. Los terremotos en Chile siempre generaron políticas públicas, pero el terremoto de 1985, ni el de 2010 la política pública ha estado a la altura del daño del terremoto. No podemos tener políticas reactivas, sino políticas propositivas que se antepongan a la emergencia, sobre todo en un país sísmico como el nuestro”, indicó el académico.
Marcelo Gutiérrez, presidente de la ONG Sur Maule, señala que los recursos existen, pero ha sido difícil instalar la puesta en valor del patrimonio, al menos en el caso del casco histórico de Talca, ya que cree que el proceso de reconstrucción ha sido condicionado por el valor del suelo y las lógicas del mercado inmobiliario que ve los espacios patrimoniales como una oportunidad para posicionarse en los centros históricos.
“El tema patrimonial está cruzado con la forma de uso, la forma en que los habitantes han construido una cierta forma de habitar, y en ese sentido consideramos que han sido pobres las políticas, que en general se han aplicado en reconstrucción, y que no han incorporado esta variable como una cosa fundamental”, explicó el presidente de la ONG Sur Maule.
Gutiérrez señala que en términos cuantitativos seguro habrá avances al fin y al cabo, pero cree que en el cómo se debe poner el énfasis, en el que tanto la memoria de la ciudad y su ciudadanía debe ser considerada como primera variable.
Con un fondo de 2 mil 500 millones, el Gobierno pretende con esta segunda etapa impulsar la reparación de inmuebles de todo el país, y continuar con el trabajo que durante el 2010 apoyó a 34 restauraciones, de las cuales 10 están finalizadas, y 12 estarían listas antes que termine el año.
Variadas y de diversos sectores han sido las críticas respecto al lento e ineficiente proceso de reconstrucción nacional en materia de vivienda e infraestructura social, lo que incluso ha provocado la salida de autoridades regionales involucradas en su implementación, sin embargo aún más grave y de largo plazo podrían ser los efectos del terremoto en cuanto al patrimonio material del país.
Así lo manifiesta Patricio Gross, ex presidente del Colegio de Arquitectos de Chile y director del centro del Centro de Estudios del Patrimonio de la Universidad Central, para quien el gobierno cometió un error al creer que este proceso era mucho más rápido y que se podía enfrentar en un corto plazo.
Gross, señala que desde abril del 2010, el Colegio de Arquitectos viene diciendo que hay que crear procedimientos especiales para este tipo de eventos intempestivos, ya que, en esta oportunidad a su juicio, se generó mucha expectativa, hubo mucha demora y no se creó un plan de reconstrucción especial para enfrentar la situación.
“Ha quedado claro que este es un vacio enorme que tenemos respecto de la protección de nuestro patrimonio. Hay patrimonio que ya no se va a recuperar nunca más, sencillamente porque se cayó o lo votaron, como paso en muchos casos, aunque era perfectamente recuperable”, señaló el profesional.
De acuerdo con lo que comenta el académico, Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios Típicos y Zonas Patrimoniales y defensora del Barrio Yungay, señala que la reconstrucción del patrimonio material ha sido nula.
En el caso del Barrio Yungay, zona típica que fue de las más dañadas de la región Metropolitana, lo único que se logró fue un subsidio que consiguió el alcalde Zalaquett de entre 300 y 500 mil pesos, recurso insuficiente y mal gastado por falta de planificación.
“Más allá de generar los recursos, lo que falta es tener una política pública de largo alcance. Los terremotos en Chile siempre generaron políticas públicas, pero el terremoto de 1985, ni el de 2010 la política pública ha estado a la altura del daño del terremoto. No podemos tener políticas reactivas, sino políticas propositivas que se antepongan a la emergencia, sobre todo en un país sísmico como el nuestro”, indicó el académico.
Marcelo Gutiérrez, presidente de la ONG Sur Maule, señala que los recursos existen, pero ha sido difícil instalar la puesta en valor del patrimonio, al menos en el caso del casco histórico de Talca, ya que cree que el proceso de reconstrucción ha sido condicionado por el valor del suelo y las lógicas del mercado inmobiliario que ve los espacios patrimoniales como una oportunidad para posicionarse en los centros históricos.
“El tema patrimonial está cruzado con la forma de uso, la forma en que los habitantes han construido una cierta forma de habitar, y en ese sentido consideramos que han sido pobres las políticas, que en general se han aplicado en reconstrucción, y que no han incorporado esta variable como una cosa fundamental”, explicó el presidente de la ONG Sur Maule.
Gutiérrez señala que en términos cuantitativos seguro habrá avances al fin y al cabo, pero cree que en el cómo se debe poner el énfasis, en el que tanto la memoria de la ciudad y su ciudadanía debe ser considerada como primera variable.
Con un fondo de 2 mil 500 millones, el Gobierno pretende con esta segunda etapa impulsar la reparación de inmuebles de todo el país, y continuar con el trabajo que durante el 2010 apoyó a 34 restauraciones, de las cuales 10 están finalizadas, y 12 estarían listas antes que termine el año.
Variadas y de diversos sectores han sido las críticas respecto al lento e ineficiente proceso de reconstrucción nacional en materia de vivienda e infraestructura social, lo que incluso ha provocado la salida de autoridades regionales involucradas en su implementación, sin embargo aún más grave y de largo plazo podrían ser los efectos del terremoto en cuanto al patrimonio material del país.
Así lo manifiesta Patricio Gross, ex presidente del Colegio de Arquitectos de Chile y director del centro del Centro de Estudios del Patrimonio de la Universidad Central, para quien el gobierno cometió un error al creer que este proceso era mucho más rápido y que se podía enfrentar en un corto plazo.
Gross, señala que desde abril del 2010, el Colegio de Arquitectos viene diciendo que hay que crear procedimientos especiales para este tipo de eventos intempestivos, ya que, en esta oportunidad a su juicio, se generó mucha expectativa, hubo mucha demora y no se creó un plan de reconstrucción especial para enfrentar la situación.
“Ha quedado claro que este es un vacio enorme que tenemos respecto de la protección de nuestro patrimonio. Hay patrimonio que ya no se va a recuperar nunca más, sencillamente porque se cayó o lo votaron, como paso en muchos casos, aunque era perfectamente recuperable”, señaló el profesional.
De acuerdo con lo que comenta el académico, Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios Típicos y Zonas Patrimoniales y defensora del Barrio Yungay, señala que la reconstrucción del patrimonio material ha sido nula.
En el caso del Barrio Yungay, zona típica que fue de las más dañadas de la región Metropolitana, lo único que se logró fue un subsidio que consiguió el alcalde Zalaquett de entre 300 y 500 mil pesos, recurso insuficiente y mal gastado por falta de planificación.
“Más allá de generar los recursos, lo que falta es tener una política pública de largo alcance. Los terremotos en Chile siempre generaron políticas públicas, pero el terremoto de 1985, ni el de 2010 la política pública ha estado a la altura del daño del terremoto. No podemos tener políticas reactivas, sino políticas propositivas que se antepongan a la emergencia, sobre todo en un país sísmico como el nuestro”, indicó el académico.
Marcelo Gutiérrez, presidente de la ONG Sur Maule, señala que los recursos existen, pero ha sido difícil instalar la puesta en valor del patrimonio, al menos en el caso del casco histórico de Talca, ya que cree que el proceso de reconstrucción ha sido condicionado por el valor del suelo y las lógicas del mercado inmobiliario que ve los espacios patrimoniales como una oportunidad para posicionarse en los centros históricos.
“El tema patrimonial está cruzado con la forma de uso, la forma en que los habitantes han construido una cierta forma de habitar, y en ese sentido consideramos que han sido pobres las políticas, que en general se han aplicado en reconstrucción, y que no han incorporado esta variable como una cosa fundamental”, explicó el presidente de la ONG Sur Maule.
Gutiérrez señala que en términos cuantitativos seguro habrá avances al fin y al cabo, pero cree que en el cómo se debe poner el énfasis, en el que tanto la memoria de la ciudad y su ciudadanía debe ser considerada como primera variable.
