Las comunidades indígenas están luchando contra estos megaproyectos mineros, según señaló el relator especial para los pueblos indígenas, James Anaya, en su último informe, donde aseguró también que el modelo de extracción en los territorios indígenas socava la libre determinación de los pueblos en las esferas política, social y económica.
Luego de analizar diversos marcos jurídicos y la institucionalidad estatal, decisiones de los tribunales nacionales, políticas internas y proyectos experimentales de las empresas, el relator concluyó en su informe que se deben realizar procesos de consulta encaminados a lograr que efectivamente se respeten los derechos de los pueblos.
El coordinador de pueblos indígenas del Observatorio Ciudadano, Pedro Mariman, aterrizó los resultados del informe a nuestro país, donde las empresas mineras y las centrales termo e hidroeléctricas están causando graves daños a las comunidades yse potencian entre sí.
“La minería del cobre ha incentivado la creación de grandes proyectos hidroeléctricos, cuya energía va en beneficio de esta industria. Por lo menos la mitad de las inversiones que se hacen en Chile, van a parar a proyectos mineros e hidroeléctricos, y los dos tipos de producción tienen un impacto directo en que la gente tenga trabajo digno y decente”, apuntó Mariman.
El especialista agregó que en Chile no se hacen efectivas las consultas indígenas que deberían ser la base para aprobar los proyectos, y mucho menos se otorgan las medidas de compensación y mitigación en caso de ser aprobados.
Esta situación tiene efectos gravísimos, según indicó el representante Aymara, Ariel León Bacián, presidente de la Corporación La Voz del Pueblo Grande, quien destacó que “los megaproyectos no sólo se instalan con proyectos poco transparentes, encabezados por el ministerio de Medioambiente. No es sólo contaminación y derechos medioambientales, no sólo es monocultivo, sino además un daño profundo a la cultura de los pueblos”.
Para el dirigente Aymara, al ocupar los sitios ancestrales, los centros de ceremonia, territorio y los espíritus que allí viven, se altera de forma irreversible la forma de vida y la cosmovisión de los pueblos indígenas, los que sostienen una lucha constante por su existencia.
Por su parte, Mijael Carbone, werkén de la Alianza Territorial Mapuche y quien es parte de una de las comunidades que están en conflicto en Ercilla, señaló que la causa de esta prioridad por el “desarrollo” y la “inversión” por sobre las comunidades se explica por una serie de conflictos de intereses de quienes gobiernan.
Carbone apuntó que “los dueños de las grandes empresas están en el Poder Ejecutivo, vemos que el señor Piñera, Ena Von Baer son grandes terratenientes del territorio. Las inversiones de las grandes transnacionales están reflejada en sus accionistas, los que hoy están en el gobierno, entonces tenemos una lucha porque el poder económico y político está de la mano, son las mismas personas”.
El werkén aseguró que los pueblos continuarán luchando por recuperar su territorio y sus derechos, pero que la batalla es desigual, ya que el Estado Chileno aplica la Ley Antiterrorista para criminalizar la protesta, lo que ha sido denunciado por diversos organismos internacionales y que también quedó constatado en el informe del relator.
Las comunidades indígenas están luchando contra estos megaproyectos mineros, según señaló el relator especial para los pueblos indígenas, James Anaya, en su último informe, donde aseguró también que el modelo de extracción en los territorios indígenas socava la libre determinación de los pueblos en las esferas política, social y económica.
Luego de analizar diversos marcos jurídicos y la institucionalidad estatal, decisiones de los tribunales nacionales, políticas internas y proyectos experimentales de las empresas, el relator concluyó en su informe que se deben realizar procesos de consulta encaminados a lograr que efectivamente se respeten los derechos de los pueblos.
El coordinador de pueblos indígenas del Observatorio Ciudadano, Pedro Mariman, aterrizó los resultados del informe a nuestro país, donde las empresas mineras y las centrales termo e hidroeléctricas están causando graves daños a las comunidades yse potencian entre sí.
“La minería del cobre ha incentivado la creación de grandes proyectos hidroeléctricos, cuya energía va en beneficio de esta industria. Por lo menos la mitad de las inversiones que se hacen en Chile, van a parar a proyectos mineros e hidroeléctricos, y los dos tipos de producción tienen un impacto directo en que la gente tenga trabajo digno y decente”, apuntó Mariman.
El especialista agregó que en Chile no se hacen efectivas las consultas indígenas que deberían ser la base para aprobar los proyectos, y mucho menos se otorgan las medidas de compensación y mitigación en caso de ser aprobados.
Esta situación tiene efectos gravísimos, según indicó el representante Aymara, Ariel León Bacián, presidente de la Corporación La Voz del Pueblo Grande, quien destacó que “los megaproyectos no sólo se instalan con proyectos poco transparentes, encabezados por el ministerio de Medioambiente. No es sólo contaminación y derechos medioambientales, no sólo es monocultivo, sino además un daño profundo a la cultura de los pueblos”.
Para el dirigente Aymara, al ocupar los sitios ancestrales, los centros de ceremonia, territorio y los espíritus que allí viven, se altera de forma irreversible la forma de vida y la cosmovisión de los pueblos indígenas, los que sostienen una lucha constante por su existencia.
Por su parte, Mijael Carbone, werkén de la Alianza Territorial Mapuche y quien es parte de una de las comunidades que están en conflicto en Ercilla, señaló que la causa de esta prioridad por el “desarrollo” y la “inversión” por sobre las comunidades se explica por una serie de conflictos de intereses de quienes gobiernan.
Carbone apuntó que “los dueños de las grandes empresas están en el Poder Ejecutivo, vemos que el señor Piñera, Ena Von Baer son grandes terratenientes del territorio. Las inversiones de las grandes transnacionales están reflejada en sus accionistas, los que hoy están en el gobierno, entonces tenemos una lucha porque el poder económico y político está de la mano, son las mismas personas”.
El werkén aseguró que los pueblos continuarán luchando por recuperar su territorio y sus derechos, pero que la batalla es desigual, ya que el Estado Chileno aplica la Ley Antiterrorista para criminalizar la protesta, lo que ha sido denunciado por diversos organismos internacionales y que también quedó constatado en el informe del relator.
Las comunidades indígenas están luchando contra estos megaproyectos mineros, según señaló el relator especial para los pueblos indígenas, James Anaya, en su último informe, donde aseguró también que el modelo de extracción en los territorios indígenas socava la libre determinación de los pueblos en las esferas política, social y económica.
Luego de analizar diversos marcos jurídicos y la institucionalidad estatal, decisiones de los tribunales nacionales, políticas internas y proyectos experimentales de las empresas, el relator concluyó en su informe que se deben realizar procesos de consulta encaminados a lograr que efectivamente se respeten los derechos de los pueblos.
El coordinador de pueblos indígenas del Observatorio Ciudadano, Pedro Mariman, aterrizó los resultados del informe a nuestro país, donde las empresas mineras y las centrales termo e hidroeléctricas están causando graves daños a las comunidades yse potencian entre sí.
“La minería del cobre ha incentivado la creación de grandes proyectos hidroeléctricos, cuya energía va en beneficio de esta industria. Por lo menos la mitad de las inversiones que se hacen en Chile, van a parar a proyectos mineros e hidroeléctricos, y los dos tipos de producción tienen un impacto directo en que la gente tenga trabajo digno y decente”, apuntó Mariman.
El especialista agregó que en Chile no se hacen efectivas las consultas indígenas que deberían ser la base para aprobar los proyectos, y mucho menos se otorgan las medidas de compensación y mitigación en caso de ser aprobados.
Esta situación tiene efectos gravísimos, según indicó el representante Aymara, Ariel León Bacián, presidente de la Corporación La Voz del Pueblo Grande, quien destacó que “los megaproyectos no sólo se instalan con proyectos poco transparentes, encabezados por el ministerio de Medioambiente. No es sólo contaminación y derechos medioambientales, no sólo es monocultivo, sino además un daño profundo a la cultura de los pueblos”.
Para el dirigente Aymara, al ocupar los sitios ancestrales, los centros de ceremonia, territorio y los espíritus que allí viven, se altera de forma irreversible la forma de vida y la cosmovisión de los pueblos indígenas, los que sostienen una lucha constante por su existencia.
Por su parte, Mijael Carbone, werkén de la Alianza Territorial Mapuche y quien es parte de una de las comunidades que están en conflicto en Ercilla, señaló que la causa de esta prioridad por el “desarrollo” y la “inversión” por sobre las comunidades se explica por una serie de conflictos de intereses de quienes gobiernan.
Carbone apuntó que “los dueños de las grandes empresas están en el Poder Ejecutivo, vemos que el señor Piñera, Ena Von Baer son grandes terratenientes del territorio. Las inversiones de las grandes transnacionales están reflejada en sus accionistas, los que hoy están en el gobierno, entonces tenemos una lucha porque el poder económico y político está de la mano, son las mismas personas”.
El werkén aseguró que los pueblos continuarán luchando por recuperar su territorio y sus derechos, pero que la batalla es desigual, ya que el Estado Chileno aplica la Ley Antiterrorista para criminalizar la protesta, lo que ha sido denunciado por diversos organismos internacionales y que también quedó constatado en el informe del relator.
