Este miércoles el Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2012. El trámite comienza con la cuenta pública que realizará el martes 4 de octubre el ministro de Hacienda ante la Comisión Mixta Presupuestaria, compuesta por 13 diputados y 13 senadores.

Luego que se acuerden las indicaciones a introducir y descartar, el proyecto de ley pasa a votación del pleno de la Cámara de Diputados y del Senado. Hasta el 30 de noviembre hay plazo para aprobar o rechazar el presupuesto fiscal 2012, en cuyo segundo caso se asume el proyecto presentado por el Ejecutivo.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, afirmó que se mantendrá lo realizado en materia presupuestaria más allá del desequilibrio económico mundial, y que educación será uno de los ejes fundamentales en la distribución del próximo año, el que se calculará en base al Producto Interno Bruto de tendencia determinado por el Comité de Expertos en un 4,9%, y el precio del cobre de largo plazo, definido en 3.02 dólares por libra.

Será una negociación de tira y afloja marcada por la contingencia de este año: educación luego de cuatro meses de movilizaciones estudiantiles; salud, por el déficit presupuestario del sistema público y las denuncias de privatización progresiva; y descentralización, levantado por los distintos movimientos sociales de Arica a Magallanes, sumado al incumplimiento de metas del plan de reconstrucción.

El diputado UDI Ernesto Silva espera que se dé un proceso de buena discusión y debate, “no como ha sido planteado originalmente como el portazo al diálogo por parte de algunos dirigentes de la Concertación”, señaló Silva refiriéndose a las declaraciones del presidente del Senado, Guido Girardi, sobre utilizar la aprobación del presupuesto como medida de presión para el gobierno.

El diputado gremialista señaló que “el año pasado, cuando se discutió la Ley de Presupuesto, y la Concertación no cumplió con el protocolo de acuerdo, dio un paso atrás en la lógica de acuerdos. Espero que este año podamos concordar un proyecto final que en la práctica tenga las características demandadas por la sociedad, donde Chile no pierda su patente de responsabilidad ahora en un período de vacas más flacas”.

En materia de salud, Alberto Arenas, jefe de presupuesto de la ex presidenta Michele Bachelet recalcó en entrevista para La Segunda que falta un énfasis y aumento presupuestario en este ámbito.

“En el gobierno de la Presidenta Bachelet hicimos un esfuerzo sustantivo de pasar de invertir US$100 millones a US$300 millones al año. El Presupuesto 2012 debería traer un expansivo plan en salud y cómo se hace consistente en los próximos años. Esto escapa a la reconstrucción. Se necesita inversión acorde a la demanda que están teniendo los servicios de salud”, señaló el ex director de la Dipres.

Al diputado Enrique Jaramillo le preocupa la descentralización, ya que considera que el énfasis del presupuesto 2011 se llevó sobre un proceso de reconstrucción mal logrado, y que además se paralizó las grandes obras del país.

Jaramillo subrayó que “hasta cuándo tendremos la plata esposada, tenemos que hacerla circular porque eso da trabajo. El Ejecutivo dice que hay 500 mil empleos, pero nada es más cierto que aquello, hay subcontratación y empleos precarios, pero no en Obras Públicas o Vivienda, lo que afecta a más de un 80 por ciento de la población laboral”.

Sin duda que educación será el principal tema que disputarán las diversas posiciones de gobierno y oposición. El presidente de la comisión de Educación, Jaime Quintana plantea que dentro de esta discusión, una reforma tributaria debe ser puesta sobre la mesa.

“Esperaría que en este marco se haga un debate serio respecto si Chile tiene condiciones para una educación de mejor calidad con estos parámetros financieros, o si por el contrario, es insuficiente el esfuerzo por tener una demanda mundial plantear un debate para una reforma tributaria y en ese marco, este es el momento de hacerlo”, señaló.

Hasta el 30 de noviembre hay plazo para la definición del presupuesto 2012, luego de lo cual se conocerá el aumento real en relación al presupuesto del año pasado y, por supuesto, si se cumplirá con las expectativas de parlamentarios y de los movimientos sociales que han marcado la contingencia durante todo este año.