En el Patio de Los Cañones, en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera lanzó su proyecto destinado a endurecer los castigos contra quienes definió como vándalos, encapuchados, delincuentes y todo aquel que atente contra bienes privados y públicos.

La idea del gobierno es tipificar delitos contra el orden público como saqueos, invasión u ocupación de recintos públicos o privados, impedir la circulación por calles e interrumpir servicios públicos.

Todo aquello apunta, entre otras cosas, a aumentar las penas a quienes produzcan alteraciones en marchas,  manifestaciones o huelgas…lo que se llama criminalización de la protesta social.

De materializarse el plan gubernamental, quienes se metan a saquear un supermercado, hagan una toma de colegio o de casas deshabitadas como en el caso de los Okupas y organizaciones de pobladores, bloqueen calles en marchas o paros o impidan el funcionamiento de servicios públicos con huelgas o manifestaciones, serán severamente castigados.

El proyecto presentado por Sebastián Piñera también sube los castigos a quienes agredan a Carabineros o personal de Investigaciones.

El texto de la propuesta iguala, en los hechos, a manifestantes con delincuentes.

El Mandatario aseveró que ante vándalos y encapuchados “la mano cambiará de forma firme; ya no será gratis atentar contra la propiedad pública y privada; ya no va a ser simplemente un control de identidad y al día siguiente todo igual”.

Al dar a conocer su idea, Piñera dijo que “es una mala mañana para los delincuentes, los vándalos, para los criminales, para los encapuchados. Porque a partir de este día, con este cambio que proponemos a nuestra legislación, la lucha contra la delincuencia y la lucha contra los que atentan contra el orden público y, por lo tanto, contra los derechos y las libertades de la inmensa mayoría de los chilenos, va a ser una lucha más eficaz, más firme”.

El Presidente hizo el anuncio del nuevo plan en una puesta en escena donde estaban distintas autoridades civiles y policiales responsables de la Seguridad Pública en el país.

Estuvo escoltado por dos antiguos aliados en la lucha contra la delincuencia: el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y el senador Alberto Espina.

Este proyecto de reforzamiento de penas surge en medio de peticiones de sectores políticos de la derecha de reforzar la autoridad y el orden en el país ante sucesos ocurridos en torno de manifestaciones sociales.

Sebastián Piñera aprovechó de dar todo su apoyo a la Policía de Investigaciones y a Carabineros en su guerra contra vándalos y encapuchados.

Por cierto, en un contexto donde Carabineros viene saliendo de serias complicaciones después de que su general director, Eduardo Gordon, tuvo que renunciar porque se quiso ocultar una falta de tránsito cometida por su hijo, y que fueran dados de baja varios oficiales por el asesinato del joven Manuel Gutiérrez en agosto pasado.

Como sea, ayer el gobierno dio un respaldo a Investigaciones y Carabineros, aseverando que quienes los agreden tendrán castigos más fuertes.

Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, indicó que “estamos incorporado al Código Penal, al concepto de autoridad, para que exista el delito de atentado contra la autoridad, a nuestros policías, policías de Investigaciones y gendarmes”.

Lo anterior, repercutirá seriamente en quienes tengan enfrentamiento con carabineros en protestas sociales. Lo que no aumenta, son las sanciones a carabineros que lesionen o agredan a civiles, como ocurrió, por ejemplo, con un fotógrafo de la agencia EFE en Valparaíso o una estudiante universitaria en Concepción.

De esta manera, el Presidente Sebastián Piñera está cumpliendo una de sus promesas de campaña: aumentar los castigos por desórdenes de todo tipo.