El Octavo Tribunal de Garantía de Santiago resolvió la absolución de siete de los catorce imputados en el Caso Bombas, luego que la Fiscalía Metropolitana Sur decidiera levantar los cargos al no tener pruebas para inculpar a los que, en su momento fiscal Alejandro Peña, sindicara como terroristas.
En la audiencia que comenzó a las 9 de esta mañana en el Centro de Justicia, el juez Fernando Valderrama ordenó que el Ministerio Público pague todos los costos en que incurrieron las personas absueltas, entre ellas, los supuestos líderes de la ya descartada red de asociación ilícita terrorista, Pablo Morales Fuhrimann y Rodolfo Retamales. También quedaron libres de toda responsabilidad Vinicio Aguilera, Andrea Urzúa, Diego Morales, Camilo Pérez y Candelaria Cortes.
Después de la audiencia, algunos de los imputados absueltos anunciaron acciones legales en contra del Estado por daño moral, ya que estuvieron en prisión durante ocho meses, luego de ser detenidos el 14 de agosto del 2010.
Diversas reacciones provocó la resolución que descarta cualquier tipo de asociación ilícita. Para el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, la absolución de los imputados no es un fracaso para la Fiscalía, ni para el Gobierno, e indicó que “no es un fracaso, no nos vamos a inhibir a cumplir nuestro rol. Estaban los antecedentes, los pusimos a disposición de la justicia. Si ellos estimaron que no hay delito, es una decisión que nosotros no comentamos”.
Al término de la audiencia, Pablo Morales señaló “no guardo rencor, no guardo resentimiento con nadie, pero si me hubiera gustado que un personaje como Peña hubiese venido a dar la cara acá, porque él fue el artífice de todo esto”.
El ex fiscal de la zona sur, Alejandro Peña, hoy director de la División de Estudios del Ministerio del Interior, fue quien formalizó los cargos en contra de los imputados en la llamada Operación Salamandra que pretendía desbaratar una supuesta red terrorista, hoy completamente desacreditada y desmentida por la justicia.
Por su parte, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán adelantó que pedirá un informe completo al equipo del Ministerio Público que llevó el caso para determinar posibles errores en el proceso, cuya resolución final desmiente las acusaciones que el mismo ministro Rodrigo Hinzpeter realizara a través de diversos medios de comunicación.
“Como ministro del Interior, soy parte querellante, no soy un tercer observador imparcial. Soy parte y me interesa que esto llegue al resultado que creo debiera llegar. He participado la investigación y conozco la investigación. A juicio mío y a juicio de la Fiscalía, se ha acreditado técnicamente que estas personas participaron en al menos 25 atentados explosivos”, indicó Hinzpeter.
Por el momento, el actual fiscal regional de la zona sur, Raúl Guzmán, mantiene las acusaciones por colocación de artefactos explosivos contra cuatro acusados, y otros dos por el supuesto financiamiento de la red, cuyo juicio comienza el 28 de noviembre.
Los abogados defensores insisten en que no hay antecedentes para culpar a sus representados y que no hay otra posibilidad que la absolución de todos y cada uno de los imputados en este proceso que, como han señalado desde un principio, no es más que un montaje de la Fiscalía y del ministerio del Interior.
El Octavo Tribunal de Garantía de Santiago resolvió la absolución de siete de los catorce imputados en el Caso Bombas, luego que la Fiscalía Metropolitana Sur decidiera levantar los cargos al no tener pruebas para inculpar a los que, en su momento fiscal Alejandro Peña, sindicara como terroristas.
En la audiencia que comenzó a las 9 de esta mañana en el Centro de Justicia, el juez Fernando Valderrama ordenó que el Ministerio Público pague todos los costos en que incurrieron las personas absueltas, entre ellas, los supuestos líderes de la ya descartada red de asociación ilícita terrorista, Pablo Morales Fuhrimann y Rodolfo Retamales. También quedaron libres de toda responsabilidad Vinicio Aguilera, Andrea Urzúa, Diego Morales, Camilo Pérez y Candelaria Cortes.
Después de la audiencia, algunos de los imputados absueltos anunciaron acciones legales en contra del Estado por daño moral, ya que estuvieron en prisión durante ocho meses, luego de ser detenidos el 14 de agosto del 2010.
Diversas reacciones provocó la resolución que descarta cualquier tipo de asociación ilícita. Para el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, la absolución de los imputados no es un fracaso para la Fiscalía, ni para el Gobierno, e indicó que “no es un fracaso, no nos vamos a inhibir a cumplir nuestro rol. Estaban los antecedentes, los pusimos a disposición de la justicia. Si ellos estimaron que no hay delito, es una decisión que nosotros no comentamos”.
Al término de la audiencia, Pablo Morales señaló “no guardo rencor, no guardo resentimiento con nadie, pero si me hubiera gustado que un personaje como Peña hubiese venido a dar la cara acá, porque él fue el artífice de todo esto”.
El ex fiscal de la zona sur, Alejandro Peña, hoy director de la División de Estudios del Ministerio del Interior, fue quien formalizó los cargos en contra de los imputados en la llamada Operación Salamandra que pretendía desbaratar una supuesta red terrorista, hoy completamente desacreditada y desmentida por la justicia.
Por su parte, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán adelantó que pedirá un informe completo al equipo del Ministerio Público que llevó el caso para determinar posibles errores en el proceso, cuya resolución final desmiente las acusaciones que el mismo ministro Rodrigo Hinzpeter realizara a través de diversos medios de comunicación.
“Como ministro del Interior, soy parte querellante, no soy un tercer observador imparcial. Soy parte y me interesa que esto llegue al resultado que creo debiera llegar. He participado la investigación y conozco la investigación. A juicio mío y a juicio de la Fiscalía, se ha acreditado técnicamente que estas personas participaron en al menos 25 atentados explosivos”, indicó Hinzpeter.
Por el momento, el actual fiscal regional de la zona sur, Raúl Guzmán, mantiene las acusaciones por colocación de artefactos explosivos contra cuatro acusados, y otros dos por el supuesto financiamiento de la red, cuyo juicio comienza el 28 de noviembre.
Los abogados defensores insisten en que no hay antecedentes para culpar a sus representados y que no hay otra posibilidad que la absolución de todos y cada uno de los imputados en este proceso que, como han señalado desde un principio, no es más que un montaje de la Fiscalía y del ministerio del Interior.
El Octavo Tribunal de Garantía de Santiago resolvió la absolución de siete de los catorce imputados en el Caso Bombas, luego que la Fiscalía Metropolitana Sur decidiera levantar los cargos al no tener pruebas para inculpar a los que, en su momento fiscal Alejandro Peña, sindicara como terroristas.
En la audiencia que comenzó a las 9 de esta mañana en el Centro de Justicia, el juez Fernando Valderrama ordenó que el Ministerio Público pague todos los costos en que incurrieron las personas absueltas, entre ellas, los supuestos líderes de la ya descartada red de asociación ilícita terrorista, Pablo Morales Fuhrimann y Rodolfo Retamales. También quedaron libres de toda responsabilidad Vinicio Aguilera, Andrea Urzúa, Diego Morales, Camilo Pérez y Candelaria Cortes.
Después de la audiencia, algunos de los imputados absueltos anunciaron acciones legales en contra del Estado por daño moral, ya que estuvieron en prisión durante ocho meses, luego de ser detenidos el 14 de agosto del 2010.
Diversas reacciones provocó la resolución que descarta cualquier tipo de asociación ilícita. Para el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, la absolución de los imputados no es un fracaso para la Fiscalía, ni para el Gobierno, e indicó que “no es un fracaso, no nos vamos a inhibir a cumplir nuestro rol. Estaban los antecedentes, los pusimos a disposición de la justicia. Si ellos estimaron que no hay delito, es una decisión que nosotros no comentamos”.
Al término de la audiencia, Pablo Morales señaló “no guardo rencor, no guardo resentimiento con nadie, pero si me hubiera gustado que un personaje como Peña hubiese venido a dar la cara acá, porque él fue el artífice de todo esto”.
El ex fiscal de la zona sur, Alejandro Peña, hoy director de la División de Estudios del Ministerio del Interior, fue quien formalizó los cargos en contra de los imputados en la llamada Operación Salamandra que pretendía desbaratar una supuesta red terrorista, hoy completamente desacreditada y desmentida por la justicia.
Por su parte, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán adelantó que pedirá un informe completo al equipo del Ministerio Público que llevó el caso para determinar posibles errores en el proceso, cuya resolución final desmiente las acusaciones que el mismo ministro Rodrigo Hinzpeter realizara a través de diversos medios de comunicación.
“Como ministro del Interior, soy parte querellante, no soy un tercer observador imparcial. Soy parte y me interesa que esto llegue al resultado que creo debiera llegar. He participado la investigación y conozco la investigación. A juicio mío y a juicio de la Fiscalía, se ha acreditado técnicamente que estas personas participaron en al menos 25 atentados explosivos”, indicó Hinzpeter.
Por el momento, el actual fiscal regional de la zona sur, Raúl Guzmán, mantiene las acusaciones por colocación de artefactos explosivos contra cuatro acusados, y otros dos por el supuesto financiamiento de la red, cuyo juicio comienza el 28 de noviembre.
Los abogados defensores insisten en que no hay antecedentes para culpar a sus representados y que no hay otra posibilidad que la absolución de todos y cada uno de los imputados en este proceso que, como han señalado desde un principio, no es más que un montaje de la Fiscalía y del ministerio del Interior.
