El diputado PC Hugo Gutiérrez informó esta mañana que hizo llegar al fiscal de la zona sur, Raúl Guzmán, una solicitud de sumario administrativo contra el ex fiscal Alejandro Peña, a cargo del equipo que formalizó a los imputados, y también sobre los fiscales Víctor Núñez, Francisco Rojas, Pablo Sabaj y Marcos Emilfork.
A juicio del diputado, se levantó un caso y se persiguió a los jóvenes sin tener pruebas suficientes para encerrarlos por una asociación ilícita terrorista, que como resolvió el Octavo Juzgado de Garantía, nunca existió.
Además, el parlamentarios cree que el Gobierno debería pedirle la renuncia al ex fiscal Alejandro Peña, actual jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior, como principal responsable de este montaje preparado con la presión del Gobierno y específicamente del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Mientras, en el Palacio de Tribunales, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán respaldó el trabajo realizado por el Ministerio Público y no cree que haya habido presiones. “Yo he respaldado a los fiscales que fueron a la audiencia, que están en este trabajo, de manera que actualmente se está cumpliendo bien el papel. La autocrítica la haremos cuando termine todo el proceso, y la haremos sin duda”, señaló Chahuán.
Por su parte, el actual fiscal de la zona sur Raúl Guzmán, se refirió a las características del informe solicitado por el fiscal nacional, e insiste en que tienen pruebas suficientes para inculpar a los imputados por colación de bombas y financiamiento de la supuesta red.
Guzmán señaló que “el fiscal nacional nos ha solicitado un pre informe respecto al término de esta etapa, que concluye con la audiencia de aquellos imputados sobreseídos. Esta solicitud se enmarca dentro de los procesos normales de trabajo del Ministerio Público en casos de alta complejidad, no hay ningún llamado de atención a la labor de los fiscales que llevaron a cabo la investigación”.
En entrevista para Radioanálisis, Mauricio Daza, abogado defensor de Pablo Morales, uno de los siete absueltos de toda responsabilidad en este caso, señaló que “hubiera sido mucho más saludable que hiciera la investigación cuando el señor Hinzpeter le pidió hace un año que cambiara al fiscal Armendáriz y pusiera a dedo al fiscal Peña”, dijo el abogado, en relación al informe que el Fiscal Nacional Sabas Chahuán pedirá al Ministerio Público cuando termine el Caso Bombas.
“La verdad es que acá hay una responsabilidad del Fiscal Nacional que cede a las presiones del poder político de turno, cosa que no corresponde en un Estado de Derecho, toda vez que el poder político debe estar ajeno al actuar de una entidad independiente y objetiva, como lo son la Fiscalía y el Ministerio Público”, apuntó el abogado.
Mauricio Daza agregó que preparan una querella, no contra el Estado, sino contra las personas responsables de este montaje, específicamente el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el ex fiscal Alejandro Peña. Subrayó también que “esta causa está marcada por un aprovechamiento político de un problema grave como es la colocación de artegactos explosivos, pero lo único que se logró fue meter presa a gente inocente. Y los bombazos todavía siguen”.
Aún hay aristas por dilucidar en este largo caso. El 28 de noviembre se inicia el juicio oral contra los 7 imputados restantes, cuyos casos la fiscalía no querrá perder también, luego de estar siendo cuestionado fuertemente tanto por su procedimiento, como por la independencia que debe tener el poder judicial en relación a la labor del Ejecutivo.
El diputado PC Hugo Gutiérrez informó esta mañana que hizo llegar al fiscal de la zona sur, Raúl Guzmán, una solicitud de sumario administrativo contra el ex fiscal Alejandro Peña, a cargo del equipo que formalizó a los imputados, y también sobre los fiscales Víctor Núñez, Francisco Rojas, Pablo Sabaj y Marcos Emilfork.
A juicio del diputado, se levantó un caso y se persiguió a los jóvenes sin tener pruebas suficientes para encerrarlos por una asociación ilícita terrorista, que como resolvió el Octavo Juzgado de Garantía, nunca existió.
Además, el parlamentarios cree que el Gobierno debería pedirle la renuncia al ex fiscal Alejandro Peña, actual jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior, como principal responsable de este montaje preparado con la presión del Gobierno y específicamente del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Mientras, en el Palacio de Tribunales, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán respaldó el trabajo realizado por el Ministerio Público y no cree que haya habido presiones. “Yo he respaldado a los fiscales que fueron a la audiencia, que están en este trabajo, de manera que actualmente se está cumpliendo bien el papel. La autocrítica la haremos cuando termine todo el proceso, y la haremos sin duda”, señaló Chahuán.
Por su parte, el actual fiscal de la zona sur Raúl Guzmán, se refirió a las características del informe solicitado por el fiscal nacional, e insiste en que tienen pruebas suficientes para inculpar a los imputados por colación de bombas y financiamiento de la supuesta red.
Guzmán señaló que “el fiscal nacional nos ha solicitado un pre informe respecto al término de esta etapa, que concluye con la audiencia de aquellos imputados sobreseídos. Esta solicitud se enmarca dentro de los procesos normales de trabajo del Ministerio Público en casos de alta complejidad, no hay ningún llamado de atención a la labor de los fiscales que llevaron a cabo la investigación”.
En entrevista para Radioanálisis, Mauricio Daza, abogado defensor de Pablo Morales, uno de los siete absueltos de toda responsabilidad en este caso, señaló que “hubiera sido mucho más saludable que hiciera la investigación cuando el señor Hinzpeter le pidió hace un año que cambiara al fiscal Armendáriz y pusiera a dedo al fiscal Peña”, dijo el abogado, en relación al informe que el Fiscal Nacional Sabas Chahuán pedirá al Ministerio Público cuando termine el Caso Bombas.
“La verdad es que acá hay una responsabilidad del Fiscal Nacional que cede a las presiones del poder político de turno, cosa que no corresponde en un Estado de Derecho, toda vez que el poder político debe estar ajeno al actuar de una entidad independiente y objetiva, como lo son la Fiscalía y el Ministerio Público”, apuntó el abogado.
Mauricio Daza agregó que preparan una querella, no contra el Estado, sino contra las personas responsables de este montaje, específicamente el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el ex fiscal Alejandro Peña. Subrayó también que “esta causa está marcada por un aprovechamiento político de un problema grave como es la colocación de artegactos explosivos, pero lo único que se logró fue meter presa a gente inocente. Y los bombazos todavía siguen”.
Aún hay aristas por dilucidar en este largo caso. El 28 de noviembre se inicia el juicio oral contra los 7 imputados restantes, cuyos casos la fiscalía no querrá perder también, luego de estar siendo cuestionado fuertemente tanto por su procedimiento, como por la independencia que debe tener el poder judicial en relación a la labor del Ejecutivo.
El diputado PC Hugo Gutiérrez informó esta mañana que hizo llegar al fiscal de la zona sur, Raúl Guzmán, una solicitud de sumario administrativo contra el ex fiscal Alejandro Peña, a cargo del equipo que formalizó a los imputados, y también sobre los fiscales Víctor Núñez, Francisco Rojas, Pablo Sabaj y Marcos Emilfork.
A juicio del diputado, se levantó un caso y se persiguió a los jóvenes sin tener pruebas suficientes para encerrarlos por una asociación ilícita terrorista, que como resolvió el Octavo Juzgado de Garantía, nunca existió.
Además, el parlamentarios cree que el Gobierno debería pedirle la renuncia al ex fiscal Alejandro Peña, actual jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior, como principal responsable de este montaje preparado con la presión del Gobierno y específicamente del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Mientras, en el Palacio de Tribunales, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán respaldó el trabajo realizado por el Ministerio Público y no cree que haya habido presiones. “Yo he respaldado a los fiscales que fueron a la audiencia, que están en este trabajo, de manera que actualmente se está cumpliendo bien el papel. La autocrítica la haremos cuando termine todo el proceso, y la haremos sin duda”, señaló Chahuán.
Por su parte, el actual fiscal de la zona sur Raúl Guzmán, se refirió a las características del informe solicitado por el fiscal nacional, e insiste en que tienen pruebas suficientes para inculpar a los imputados por colación de bombas y financiamiento de la supuesta red.
Guzmán señaló que “el fiscal nacional nos ha solicitado un pre informe respecto al término de esta etapa, que concluye con la audiencia de aquellos imputados sobreseídos. Esta solicitud se enmarca dentro de los procesos normales de trabajo del Ministerio Público en casos de alta complejidad, no hay ningún llamado de atención a la labor de los fiscales que llevaron a cabo la investigación”.
En entrevista para Radioanálisis, Mauricio Daza, abogado defensor de Pablo Morales, uno de los siete absueltos de toda responsabilidad en este caso, señaló que “hubiera sido mucho más saludable que hiciera la investigación cuando el señor Hinzpeter le pidió hace un año que cambiara al fiscal Armendáriz y pusiera a dedo al fiscal Peña”, dijo el abogado, en relación al informe que el Fiscal Nacional Sabas Chahuán pedirá al Ministerio Público cuando termine el Caso Bombas.
“La verdad es que acá hay una responsabilidad del Fiscal Nacional que cede a las presiones del poder político de turno, cosa que no corresponde en un Estado de Derecho, toda vez que el poder político debe estar ajeno al actuar de una entidad independiente y objetiva, como lo son la Fiscalía y el Ministerio Público”, apuntó el abogado.
Mauricio Daza agregó que preparan una querella, no contra el Estado, sino contra las personas responsables de este montaje, específicamente el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el ex fiscal Alejandro Peña. Subrayó también que “esta causa está marcada por un aprovechamiento político de un problema grave como es la colocación de artegactos explosivos, pero lo único que se logró fue meter presa a gente inocente. Y los bombazos todavía siguen”.
Aún hay aristas por dilucidar en este largo caso. El 28 de noviembre se inicia el juicio oral contra los 7 imputados restantes, cuyos casos la fiscalía no querrá perder también, luego de estar siendo cuestionado fuertemente tanto por su procedimiento, como por la independencia que debe tener el poder judicial en relación a la labor del Ejecutivo.
