Constante ha sido el llamado del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, a las autoridades a aumentar la dotación de personal ante la excesiva carga laboral del órgano persecutor. Y recordemos que durante este año se han registrado una serie de movilizaciones de los funcionarios de la institución, los que advierten que si la planta sigue en las mismas condiciones se producirá un colapso del sistema judicial.

Recordemos también que existen una serie de informes que constatan esta necesidad, incluso el mismo Banco Interamericano del Desarrollo (BID) ha indicado que se requiere sumar 875 nuevos funcionarios a los tres mil 787 ya existentes para continuar operando de forma eficiente.

“La situación en general del Ministerio Público a lo largo de Chile es preocupante, requiere urgentemente dotación en todas las regiones del país. Hemos dicho que podemos estar al borde del colapso en ciertos procesos y si no hay aumento de dotación como lo han dicho distintos parlamentarios es imposible que la Fiscalía mantenga la eficiencia y mantenga su energía en la persecución de los delincuentes. Nunca vamos a dejar de ejercer nuestras labores, pero indudablemente no con el nivel de eficiencia que tenemos hasta ahora. De hecho la curva ha comenzado a bajar en este primer semestre”, enfatizó el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.

Frente a esto el Ejecutivo le solicitó al Ministerio Público un informe explicando en detalle esta necesidad, antes de ingresar al Congreso un plan de fortalecimiento. En el documento elaborado por la Fiscalía, junto a la Fundación Paz Ciudadana, y los consultores Mauricio Duce y Cristián Hernández se afirma que hoy se requieren al menos 743 trabajadores divididos en 156 fiscales y 587 funcionarios para sustentar cuatro nuevos ejes de trabajo.

Estos proyectos son la creación de una unidad de análisis de atención de usuarios, una de ajuste de tramitación de casos menos complejos, una que controle los requisitos de las suspensiones condicionales y otra para fortalecer la tramitación de los casos de alta complejidad.

En esta línea, la directora de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, indicó que esto es una aproximación distinta a la persecución que contempla evidencia comparada sobre las experiencias que han resultado en otros países y que constituye un verdadero avance.

“En algún minuto el temor era que esto sólo fueran más fiscales para ser más de lo mismo, pero en la presentación que se ha hecho y los resultados dan cuenta de que en realidad esto incorpora innovaciones importantes en términos de persecución como son el área en que trabajó específicamente la Fundación en la creación de las unidades de análisis, que son las que permiten generar un valor agregado, especialmente en los delitos que a la ciudadanía más afectan, que son los delitos contra la propiedad cuando no hay imputados conocidos, que hoy muchas veces terminan en archivos provisionales en más del 83 por ciento de los casos con imputados conocidos”, señaló Javiera Blanco.

Y con todos estos datos sobre la mesa, sólo resta que el ejecutivo envíe lo antes posible el proyecto de ley al Congreso y que la decisión parlamentaria incorpore los recursos para que la institución salga de una compleja situación, que el mismo Fiscal Nacional ha calificado como “un cuasi-colapso al interior del Ministerio Público”.