Y pese a lo valiosa que puede ser la información para los ciudadanos de esta zona altamente contaminada por una serie de proyectos de extracción, desde distintas organizaciones ambientalistas del sector denunciaron que no han sido considerados en el trabajo para solucionar la crisis.
Ricardo Correa, presidente de la Agrupación Ecológica Chinchimén, afirmó que no han recibido ninguna invitación ni información previa de parte del ministerio, del Servicio de Evaluación Ambiental o de parte de los distintos municipios: “No tenemos ninguna información de la ministra Benítez. Las comunidades que han sido los actores relevantes, catalogados así no por nosotros sino por los informes de todo tipo que se han hecho en el conflicto y por la propia Conama, declarado en los mismos proyectos, somos los actores que hemos dado la batalla por el territorio”, enfatizó.
Las comunidades efectivamente han venido denunciando el problema desde al menos 10 años y solicitando los estudios que hoy se anuncian al menos desde 2007. En este sentido, el Presidente del Consejo Ecológico Puchuncaví-Quintero, Miguel Inzunza, afirmó que los anuncios que hoy se realizan son insuficientes y que el Estado debe hacerse cargo de la situación que se vive en la región de Valparaíso.
“Hemos planteado esto mismo desde 2005 y 2006 a las comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y el Senado y a todos los servicios. Esto es tan insostenible que el Estado tiene que reaccionar. Es un genocidio lo que está pasando acá, una vergüenza, una inmoralidad. De parte del Estado se nos dice que vamos en vías de desarrollo, pero aun perteneciendo a la OCDE, es una vergüenza que haya ciudadanos de la nación que estén viviendo en esta situación”, acusó.
Inzunza añadió que se debe hacer un trabajo mucho más profundo de normar los procesos productivos de las empresas, fiscalizar, congelar el ingreso de malos proyectos a estas comunas y que no se expanda más el plano regulador intercomunal para que no siga creciendo este conflicto, asumiendo que sobrecargar más la zona ya es inviable.
Por su parte, el abogado de las familias afectadas por la contaminación de La Greda, Gonzalo Pereira, criticó la forma en que las autoridades han enfrentado el problema en la escuela y la comunidad: “La medida que anuncia la ministra, sin duda, es buena. Hubiéramos esperado que se tomara con anterioridad. Pero esa medida nos satisface respecto del recurso de protección que tenemos interpuesto -tenemos el alegato el jueves-, que es la solicitud de examen respecto de la gente que son mis representados y que es la que vive en la comunidad de La Greda. Por la negativa de la autoridad de hacerle exámenes médicos a cada uno de los habitantes, porque finalmente le hicieron exámenes solamente a 55 personas, de un universo total de 1.300”, señaló.
Pereira afirmó que se está cometiendo una discriminación al realizar exámenes a todos los niños y profesores de La Greda, pero no a los niños y personas que viven en los mismos alrededores de la escuela, gente que es de escasos recursos, por lo que no pueden hacerse los estudios por su cuenta. Además, señaló el profesional, lo que ocurrió en La Greda es sólo una pequeña fracción de un problema muchísimo mayor.
Así los dirigentes ambientalistas y de organizaciones vecinales hicieron un llamado a las autoridades a dejar de tomar las decisiones entre cuatro paredes, enfrentando el tema de cara a la ciudadanía.
Y pese a lo valiosa que puede ser la información para los ciudadanos de esta zona altamente contaminada por una serie de proyectos de extracción, desde distintas organizaciones ambientalistas del sector denunciaron que no han sido considerados en el trabajo para solucionar la crisis.
Ricardo Correa, presidente de la Agrupación Ecológica Chinchimén, afirmó que no han recibido ninguna invitación ni información previa de parte del ministerio, del Servicio de Evaluación Ambiental o de parte de los distintos municipios: “No tenemos ninguna información de la ministra Benítez. Las comunidades que han sido los actores relevantes, catalogados así no por nosotros sino por los informes de todo tipo que se han hecho en el conflicto y por la propia Conama, declarado en los mismos proyectos, somos los actores que hemos dado la batalla por el territorio”, enfatizó.
Las comunidades efectivamente han venido denunciando el problema desde al menos 10 años y solicitando los estudios que hoy se anuncian al menos desde 2007. En este sentido, el Presidente del Consejo Ecológico Puchuncaví-Quintero, Miguel Inzunza, afirmó que los anuncios que hoy se realizan son insuficientes y que el Estado debe hacerse cargo de la situación que se vive en la región de Valparaíso.
“Hemos planteado esto mismo desde 2005 y 2006 a las comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y el Senado y a todos los servicios. Esto es tan insostenible que el Estado tiene que reaccionar. Es un genocidio lo que está pasando acá, una vergüenza, una inmoralidad. De parte del Estado se nos dice que vamos en vías de desarrollo, pero aun perteneciendo a la OCDE, es una vergüenza que haya ciudadanos de la nación que estén viviendo en esta situación”, acusó.
Inzunza añadió que se debe hacer un trabajo mucho más profundo de normar los procesos productivos de las empresas, fiscalizar, congelar el ingreso de malos proyectos a estas comunas y que no se expanda más el plano regulador intercomunal para que no siga creciendo este conflicto, asumiendo que sobrecargar más la zona ya es inviable.
Por su parte, el abogado de las familias afectadas por la contaminación de La Greda, Gonzalo Pereira, criticó la forma en que las autoridades han enfrentado el problema en la escuela y la comunidad: “La medida que anuncia la ministra, sin duda, es buena. Hubiéramos esperado que se tomara con anterioridad. Pero esa medida nos satisface respecto del recurso de protección que tenemos interpuesto -tenemos el alegato el jueves-, que es la solicitud de examen respecto de la gente que son mis representados y que es la que vive en la comunidad de La Greda. Por la negativa de la autoridad de hacerle exámenes médicos a cada uno de los habitantes, porque finalmente le hicieron exámenes solamente a 55 personas, de un universo total de 1.300”, señaló.
Pereira afirmó que se está cometiendo una discriminación al realizar exámenes a todos los niños y profesores de La Greda, pero no a los niños y personas que viven en los mismos alrededores de la escuela, gente que es de escasos recursos, por lo que no pueden hacerse los estudios por su cuenta. Además, señaló el profesional, lo que ocurrió en La Greda es sólo una pequeña fracción de un problema muchísimo mayor.
Así los dirigentes ambientalistas y de organizaciones vecinales hicieron un llamado a las autoridades a dejar de tomar las decisiones entre cuatro paredes, enfrentando el tema de cara a la ciudadanía.
Y pese a lo valiosa que puede ser la información para los ciudadanos de esta zona altamente contaminada por una serie de proyectos de extracción, desde distintas organizaciones ambientalistas del sector denunciaron que no han sido considerados en el trabajo para solucionar la crisis.
Ricardo Correa, presidente de la Agrupación Ecológica Chinchimén, afirmó que no han recibido ninguna invitación ni información previa de parte del ministerio, del Servicio de Evaluación Ambiental o de parte de los distintos municipios: “No tenemos ninguna información de la ministra Benítez. Las comunidades que han sido los actores relevantes, catalogados así no por nosotros sino por los informes de todo tipo que se han hecho en el conflicto y por la propia Conama, declarado en los mismos proyectos, somos los actores que hemos dado la batalla por el territorio”, enfatizó.
Las comunidades efectivamente han venido denunciando el problema desde al menos 10 años y solicitando los estudios que hoy se anuncian al menos desde 2007. En este sentido, el Presidente del Consejo Ecológico Puchuncaví-Quintero, Miguel Inzunza, afirmó que los anuncios que hoy se realizan son insuficientes y que el Estado debe hacerse cargo de la situación que se vive en la región de Valparaíso.
“Hemos planteado esto mismo desde 2005 y 2006 a las comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y el Senado y a todos los servicios. Esto es tan insostenible que el Estado tiene que reaccionar. Es un genocidio lo que está pasando acá, una vergüenza, una inmoralidad. De parte del Estado se nos dice que vamos en vías de desarrollo, pero aun perteneciendo a la OCDE, es una vergüenza que haya ciudadanos de la nación que estén viviendo en esta situación”, acusó.
Inzunza añadió que se debe hacer un trabajo mucho más profundo de normar los procesos productivos de las empresas, fiscalizar, congelar el ingreso de malos proyectos a estas comunas y que no se expanda más el plano regulador intercomunal para que no siga creciendo este conflicto, asumiendo que sobrecargar más la zona ya es inviable.
Por su parte, el abogado de las familias afectadas por la contaminación de La Greda, Gonzalo Pereira, criticó la forma en que las autoridades han enfrentado el problema en la escuela y la comunidad: “La medida que anuncia la ministra, sin duda, es buena. Hubiéramos esperado que se tomara con anterioridad. Pero esa medida nos satisface respecto del recurso de protección que tenemos interpuesto -tenemos el alegato el jueves-, que es la solicitud de examen respecto de la gente que son mis representados y que es la que vive en la comunidad de La Greda. Por la negativa de la autoridad de hacerle exámenes médicos a cada uno de los habitantes, porque finalmente le hicieron exámenes solamente a 55 personas, de un universo total de 1.300”, señaló.
Pereira afirmó que se está cometiendo una discriminación al realizar exámenes a todos los niños y profesores de La Greda, pero no a los niños y personas que viven en los mismos alrededores de la escuela, gente que es de escasos recursos, por lo que no pueden hacerse los estudios por su cuenta. Además, señaló el profesional, lo que ocurrió en La Greda es sólo una pequeña fracción de un problema muchísimo mayor.
Así los dirigentes ambientalistas y de organizaciones vecinales hicieron un llamado a las autoridades a dejar de tomar las decisiones entre cuatro paredes, enfrentando el tema de cara a la ciudadanía.
