“Sigue actuando con total impunidad en nuestro país, pese a la creciente indignación ciudadana con los conflictos de interés y el tráfico de información e influencias”, señala la misiva del Rector Pérez, y recalca que “no se entiende por qué se sigue permitiendo la impunidad para los negocios de unos pocos en perjuicio de la convivencia democrática”.
El Rector Víctor Pérez se refirió en El Mercurio a la columna del economista David Gallagher, quien enumeró distintas reformas sustanciales de nuestro esquema político que descansan en el Congreso, tal como la regulación del lobby.
El proyecto de ley que regula prácticas de lobby descansa en el Congreso, luego de ocho años de ser presentado por la bancada UDI. Las comisiones acumulan más de 200 observaciones al proyecto, pero la moción nunca ha tenido carácter de urgente, ni siquiera ahora que el partido político que presentó la iniciativa es parte de la coalición de Gobierno.
Al respecto, la investigadora de la ONG Participa, Paula Fuentes, destacó que no hay voluntad política desde el Ejecutivo por incentivar la regulación del lobby, una práctica que se mantiene ajena a toda regla.
“En la práctica, la lentitud con que se ha tramitado el proyecto de ley, refleja al menos que es un proyecto que no tiene interés de Gobierno por ser prontamente regulado. No hay una urgencia ni una determinación por darle prioridad a un proyecto que busca elevar los estándares de transparencia y acceso a la información en las actividades donde hay lobby”, sostuvo.
La investigadora enfatizó que esta situación se vincula además con el contexto actual, en que la agenda social está marcada por demandas en Educación y Salud, donde los estudiantes y gremios se oponen a la privatización de servicios.
Paula Fuentes recalcó que “el lobby no regulado entorpece la agenda social porque crea una situación de desigualdad en los actores que participan de este proceso. La regulación del lobby es un elemento central de la democracia, porque ayuda a los distintos grupos, intereses y participantes, a tener un rol protagónico dentro del juego político”.
Las palabras del Rector Pérez surgen en momentos de revisión de la legislación referente a educación superior en Chile, donde aparecen voces de desaprobación a la eliminación del lucro, sin que el Gobierno defina una política clara respecto a las demandas estudiantiles.
Como dato no menor, el movimiento de Indignados que concentra a jóvenes de todo el mundo registra hoy sus mayores incidentes en Washington, Estados Unidos, donde los manifestantes llegaron hasta las oficinas de destacados lobbystas, apuntándolos como símbolo de prácticas de influencia a favor de las empresas, con consecuencias en el aumento de la pobreza, el abuso laboral y el desempleo.
“Sigue actuando con total impunidad en nuestro país, pese a la creciente indignación ciudadana con los conflictos de interés y el tráfico de información e influencias”, señala la misiva del Rector Pérez, y recalca que “no se entiende por qué se sigue permitiendo la impunidad para los negocios de unos pocos en perjuicio de la convivencia democrática”.
El Rector Víctor Pérez se refirió en El Mercurio a la columna del economista David Gallagher, quien enumeró distintas reformas sustanciales de nuestro esquema político que descansan en el Congreso, tal como la regulación del lobby.
El proyecto de ley que regula prácticas de lobby descansa en el Congreso, luego de ocho años de ser presentado por la bancada UDI. Las comisiones acumulan más de 200 observaciones al proyecto, pero la moción nunca ha tenido carácter de urgente, ni siquiera ahora que el partido político que presentó la iniciativa es parte de la coalición de Gobierno.
Al respecto, la investigadora de la ONG Participa, Paula Fuentes, destacó que no hay voluntad política desde el Ejecutivo por incentivar la regulación del lobby, una práctica que se mantiene ajena a toda regla.
“En la práctica, la lentitud con que se ha tramitado el proyecto de ley, refleja al menos que es un proyecto que no tiene interés de Gobierno por ser prontamente regulado. No hay una urgencia ni una determinación por darle prioridad a un proyecto que busca elevar los estándares de transparencia y acceso a la información en las actividades donde hay lobby”, sostuvo.
La investigadora enfatizó que esta situación se vincula además con el contexto actual, en que la agenda social está marcada por demandas en Educación y Salud, donde los estudiantes y gremios se oponen a la privatización de servicios.
Paula Fuentes recalcó que “el lobby no regulado entorpece la agenda social porque crea una situación de desigualdad en los actores que participan de este proceso. La regulación del lobby es un elemento central de la democracia, porque ayuda a los distintos grupos, intereses y participantes, a tener un rol protagónico dentro del juego político”.
Las palabras del Rector Pérez surgen en momentos de revisión de la legislación referente a educación superior en Chile, donde aparecen voces de desaprobación a la eliminación del lucro, sin que el Gobierno defina una política clara respecto a las demandas estudiantiles.
Como dato no menor, el movimiento de Indignados que concentra a jóvenes de todo el mundo registra hoy sus mayores incidentes en Washington, Estados Unidos, donde los manifestantes llegaron hasta las oficinas de destacados lobbystas, apuntándolos como símbolo de prácticas de influencia a favor de las empresas, con consecuencias en el aumento de la pobreza, el abuso laboral y el desempleo.
“Sigue actuando con total impunidad en nuestro país, pese a la creciente indignación ciudadana con los conflictos de interés y el tráfico de información e influencias”, señala la misiva del Rector Pérez, y recalca que “no se entiende por qué se sigue permitiendo la impunidad para los negocios de unos pocos en perjuicio de la convivencia democrática”.
El Rector Víctor Pérez se refirió en El Mercurio a la columna del economista David Gallagher, quien enumeró distintas reformas sustanciales de nuestro esquema político que descansan en el Congreso, tal como la regulación del lobby.
El proyecto de ley que regula prácticas de lobby descansa en el Congreso, luego de ocho años de ser presentado por la bancada UDI. Las comisiones acumulan más de 200 observaciones al proyecto, pero la moción nunca ha tenido carácter de urgente, ni siquiera ahora que el partido político que presentó la iniciativa es parte de la coalición de Gobierno.
Al respecto, la investigadora de la ONG Participa, Paula Fuentes, destacó que no hay voluntad política desde el Ejecutivo por incentivar la regulación del lobby, una práctica que se mantiene ajena a toda regla.
“En la práctica, la lentitud con que se ha tramitado el proyecto de ley, refleja al menos que es un proyecto que no tiene interés de Gobierno por ser prontamente regulado. No hay una urgencia ni una determinación por darle prioridad a un proyecto que busca elevar los estándares de transparencia y acceso a la información en las actividades donde hay lobby”, sostuvo.
La investigadora enfatizó que esta situación se vincula además con el contexto actual, en que la agenda social está marcada por demandas en Educación y Salud, donde los estudiantes y gremios se oponen a la privatización de servicios.
Paula Fuentes recalcó que “el lobby no regulado entorpece la agenda social porque crea una situación de desigualdad en los actores que participan de este proceso. La regulación del lobby es un elemento central de la democracia, porque ayuda a los distintos grupos, intereses y participantes, a tener un rol protagónico dentro del juego político”.
Las palabras del Rector Pérez surgen en momentos de revisión de la legislación referente a educación superior en Chile, donde aparecen voces de desaprobación a la eliminación del lucro, sin que el Gobierno defina una política clara respecto a las demandas estudiantiles.
Como dato no menor, el movimiento de Indignados que concentra a jóvenes de todo el mundo registra hoy sus mayores incidentes en Washington, Estados Unidos, donde los manifestantes llegaron hasta las oficinas de destacados lobbystas, apuntándolos como símbolo de prácticas de influencia a favor de las empresas, con consecuencias en el aumento de la pobreza, el abuso laboral y el desempleo.
