Falsas promesas a futuros profesionales
Exigen al Sernac mayor fiscalización sobre publicidad engañosa de universidades
Los últimos meses del año se agudizan los esfuerzos de las universidades e institutos profesionales por captar estudiantes, y con ello aumentan también los casos de publicidad engañosa. Frente a este escenario, diputados y organizaciones de usuarios hicieron un llamado al Sernac a intensificar la fiscalización y entregaron una propuesta para la defensa de los consumidores.
Jueves 13 de octubre 2011 20:46 hrs.
Institutos profesionales que aseguran que al ingresar los estudiantes tendrán más felicidad, o universidades que afirman que el 92 por ciento de sus alumnos tienen trabajo asegurado inmediatamente después de que terminan sus estudios, son algunas de las consignas publicitarias que se pueden apreciar entre septiembre y diciembre, fecha en que estos establecimientos se alistan para el proceso postulación.
La publicidad se estructura con conceptos poco claros o derechamente engañosos, lo que se refleja con fuerza en los datos sobre acreditación, ya que muchas veces no se informa debidamente las áreas acreditadas o los plazos de acreditación. La propia Comisión Nacional de Acreditación ha alertado esto, pero las instituciones no han reformulado su publicidad.
Hoy la calidad de la educación no está incorporada dentro de la Ley del Consumidor, pero si lo relativo a la publicidad. En esta línea el diputado DC Fuad Chaín, hizo un llamado al Servicio Nacional del Consumidor a estar atentos a este fenómeno abusivo y entregó una propuesta para la defensa de los consumidores.
“Nosotros creemos que en el ámbito de la educación es donde hay mayor publicidad engañosa, donde se generó una industria con los sueños de los jóvenes y sus familias. El Sernac tiene que actuar con celo y decisión, le hemos pedido que agudice su monitoreo y denuncie a universidades que no están subsanando las condiciones de acreditación, que tengan publicidad engañosa, y disponer un sistema de defensoría legal gratuito para los consumidores y usuarios de nuestro país”, recalcó el parlamentario.
La propuesta fue elaborada junto a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). Su presidente, Hernán Calderón, explicó que este sistema se podría financiar con el dinero de las multas por infracción a la Ley del Consumidor, y declaró que “las multas que se aplican en los juzgados vayan destinadas a la defensa de los consumidores. Cuando estos se enfrentan en tribunales sin el patrocinio de abogados, tienen una simetría tremenda al contar las empresas con un staff de abogados, y los afectados no tienen opción de salir airosos en alguna denuncia contra estas empresas”.
La idea es que las multas no vayan a beneficio fiscal, donde se utilizan para cubrir cualquier área, sino que se destinen a las asociaciones de consumidores, para que éstas presten asesoría jurídica gratuita, que puedan llevar a cabo proceso de mediación, arbitraje y que puedan patrocinar causas ante los tribunales de justicia.
Así el 50 por ciento de la multa que aplica el tribunal sería para la organización que defiende al consumidor y el otro 50 por ciento iría a un fondo común, para que todas las organizaciones puedan postular a fortalecer plataformas de defensa de los consumidores en todo el país. Esto más allá de los cambios gruesos que se deben realizar con urgencia para que nuestra legislación proteja realmente a los consumidores y frene el abuso.
Institutos profesionales que aseguran que al ingresar los estudiantes tendrán más felicidad, o universidades que afirman que el 92 por ciento de sus alumnos tienen trabajo asegurado inmediatamente después de que terminan sus estudios, son algunas de las consignas publicitarias que se pueden apreciar entre septiembre y diciembre, fecha en que estos establecimientos se alistan para el proceso postulación.
La publicidad se estructura con conceptos poco claros o derechamente engañosos, lo que se refleja con fuerza en los datos sobre acreditación, ya que muchas veces no se informa debidamente las áreas acreditadas o los plazos de acreditación. La propia Comisión Nacional de Acreditación ha alertado esto, pero las instituciones no han reformulado su publicidad.
Hoy la calidad de la educación no está incorporada dentro de la Ley del Consumidor, pero si lo relativo a la publicidad. En esta línea el diputado DC Fuad Chaín, hizo un llamado al Servicio Nacional del Consumidor a estar atentos a este fenómeno abusivo y entregó una propuesta para la defensa de los consumidores.
“Nosotros creemos que en el ámbito de la educación es donde hay mayor publicidad engañosa, donde se generó una industria con los sueños de los jóvenes y sus familias. El Sernac tiene que actuar con celo y decisión, le hemos pedido que agudice su monitoreo y denuncie a universidades que no están subsanando las condiciones de acreditación, que tengan publicidad engañosa, y disponer un sistema de defensoría legal gratuito para los consumidores y usuarios de nuestro país”, recalcó el parlamentario.
La propuesta fue elaborada junto a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). Su presidente, Hernán Calderón, explicó que este sistema se podría financiar con el dinero de las multas por infracción a la Ley del Consumidor, y declaró que “las multas que se aplican en los juzgados vayan destinadas a la defensa de los consumidores. Cuando estos se enfrentan en tribunales sin el patrocinio de abogados, tienen una simetría tremenda al contar las empresas con un staff de abogados, y los afectados no tienen opción de salir airosos en alguna denuncia contra estas empresas”.
La idea es que las multas no vayan a beneficio fiscal, donde se utilizan para cubrir cualquier área, sino que se destinen a las asociaciones de consumidores, para que éstas presten asesoría jurídica gratuita, que puedan llevar a cabo proceso de mediación, arbitraje y que puedan patrocinar causas ante los tribunales de justicia.
Así el 50 por ciento de la multa que aplica el tribunal sería para la organización que defiende al consumidor y el otro 50 por ciento iría a un fondo común, para que todas las organizaciones puedan postular a fortalecer plataformas de defensa de los consumidores en todo el país. Esto más allá de los cambios gruesos que se deben realizar con urgencia para que nuestra legislación proteja realmente a los consumidores y frene el abuso.
Institutos profesionales que aseguran que al ingresar los estudiantes tendrán más felicidad, o universidades que afirman que el 92 por ciento de sus alumnos tienen trabajo asegurado inmediatamente después de que terminan sus estudios, son algunas de las consignas publicitarias que se pueden apreciar entre septiembre y diciembre, fecha en que estos establecimientos se alistan para el proceso postulación.
La publicidad se estructura con conceptos poco claros o derechamente engañosos, lo que se refleja con fuerza en los datos sobre acreditación, ya que muchas veces no se informa debidamente las áreas acreditadas o los plazos de acreditación. La propia Comisión Nacional de Acreditación ha alertado esto, pero las instituciones no han reformulado su publicidad.
Hoy la calidad de la educación no está incorporada dentro de la Ley del Consumidor, pero si lo relativo a la publicidad. En esta línea el diputado DC Fuad Chaín, hizo un llamado al Servicio Nacional del Consumidor a estar atentos a este fenómeno abusivo y entregó una propuesta para la defensa de los consumidores.
“Nosotros creemos que en el ámbito de la educación es donde hay mayor publicidad engañosa, donde se generó una industria con los sueños de los jóvenes y sus familias. El Sernac tiene que actuar con celo y decisión, le hemos pedido que agudice su monitoreo y denuncie a universidades que no están subsanando las condiciones de acreditación, que tengan publicidad engañosa, y disponer un sistema de defensoría legal gratuito para los consumidores y usuarios de nuestro país”, recalcó el parlamentario.
La propuesta fue elaborada junto a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). Su presidente, Hernán Calderón, explicó que este sistema se podría financiar con el dinero de las multas por infracción a la Ley del Consumidor, y declaró que “las multas que se aplican en los juzgados vayan destinadas a la defensa de los consumidores. Cuando estos se enfrentan en tribunales sin el patrocinio de abogados, tienen una simetría tremenda al contar las empresas con un staff de abogados, y los afectados no tienen opción de salir airosos en alguna denuncia contra estas empresas”.
La idea es que las multas no vayan a beneficio fiscal, donde se utilizan para cubrir cualquier área, sino que se destinen a las asociaciones de consumidores, para que éstas presten asesoría jurídica gratuita, que puedan llevar a cabo proceso de mediación, arbitraje y que puedan patrocinar causas ante los tribunales de justicia.
Así el 50 por ciento de la multa que aplica el tribunal sería para la organización que defiende al consumidor y el otro 50 por ciento iría a un fondo común, para que todas las organizaciones puedan postular a fortalecer plataformas de defensa de los consumidores en todo el país. Esto más allá de los cambios gruesos que se deben realizar con urgencia para que nuestra legislación proteja realmente a los consumidores y frene el abuso.
