Tras el rescate del banco Dexia, en una entrevista en el diario Handelsblatt, el jefe del Eurogrupo y primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, ha exigido que los bancos europeos que reciban inyecciones de dinero estatal no sólo sean estrictamente supervisados por entidades públicas, sino que se les obligue a devolver “parte de sus ganancias” a las arcas fiscales.  La afirmación, cuyo sentido común es innegable, no había sido, empero, planteada hasta ahora por ningún dirigente europeo. Y es que es evidente que cuando los recursos para un salvataje de particulares los pone el Estado, es dinero de los contribuyentes que no debería, además, a beneficiar a accionistas fallidos. Cuando el Fisco se pone en una empresa, el contribuyente se transforma en accionista y es a él a quien deben favorecer las eventuales utilidades.

Las declaraciones de Junkers responden a una forma de gestión de la crisis que se explica por el infinito poder acumulado por las entidades financieras y agencias de calificación de riesgo, las que, apagando el fuego con bencina, han seguido rebajando la calidad de la deuda de diversos países -los últimos, España e Italia- y múltiples bancos nacionales, hecho que, sin embargo, no hicieron antes de 2008, cuando se tramaba la catarata especulativa que terminó con la quiebra del sistema.

Los dueños de las principales clasificadoras Standard& Poors, Moody’s y Fitch son los multimillonarios Larry Fink; Warren Buffett, Marc Ladreit de Lacharrière y el Grupo Hearst, todos miembros del top ten de los más ricos del mundo. Y seguramente parte de los poseedores de los 60 millones de millones de dólares en Credit Default Swaps (CDS) que circulan y que, como señalara la Canciller Merkel, son como un seguro comprado contra el incendio de la casa vecina. Es decir, en tiempos difíciles, tientan al asegurado a quemarla.

El economista de UBS, George Magnus, dijo anteayer al Wall Street Journal que es necesario dejar caer a Grecia para que los bancos hagan finalmente la pérdida y limpien el sistema, antes de arrastrar a Europa a una larga recesión. Pero con CDS que aseguran contra el default, a tasas más jugosas que cobrando los intereses de países recuperados, nadie sabe para quién trabaja. Mientras tanto, la profunda interconección financiera global amenaza con una cascada de quiebras desde Tokio a Nueva York, cuya solución ha quedado en manos de los políticos y estados nacionales, no obstante el aún enorme poder del sistema financiero. Solo como ejemplo, el total de activos de Deutsche Bank supera los activos griegos ocho veces. Pero los grandes bancos presionan por más paquetes de estímulo para disminuir sus pérdidas. Y mientras son rescatados, los recortes presupuestarios fiscales impulsados por los dirigentes políticos ahogan la economía real. Hasta Christine Lagarde, del FMI, llamó a los Gobiernos a no asfixiar sus economías con ajustes excesivos.

A la reciente salida del Dexia del sistema financiero –dividido en tres bancos- se ha sumado otra larga lista y ayer Fitch rebajó la calificación de dos grandes bancos italianos, aumentando la presión sobre los Gobiernos, porque, como el riesgo es sistémico, si bien parte en Grecia, sigue con Francia, Alemania y el Reino Unido, llegando hasta Estados Unidos, cuyas instituciones financieras también están expuestas con países de la periferia europea en unos 640 mil millones de dólares, es decir, el 5% de la exposición total de la banca norteamericana con el resto el mundo.

Y para culminar con esta verdadera fiesta de ataques y contraataques, Robert Shapiro, asesor externo del FMI, declaró a la BBC que el mundo está a semanas de un colapso financiero global, pues a principios de noviembre, muchos bancos y gobiernos no podrán cumplir con sus compromisos y vendrá la bancarrota. El sistema está efectivamente descapitalizado y hoy ya ningún país parece ser parte de la solución, pues son todos partes del problema. Hasta la sólida China, que hasta hace poco se consideraba inexpugnable dadas sus enormes reservas, está siendo atacada, duplicándose en los últimos meses la cantidad de CDS en contra su deuda. De allí que sea previsible que para cancelar más rápido las deudas nacionales, a una banca que prestó irresponsablemente, el rescate del sistema se hará con dineros de los contribuyentes, restringiendo gastos sociales y fiscales. Aunque pareciera que también, como pidió Junkers, haciendo pagar parte del desastre a quienes lo provocaron. En todo caso, los poderosos acreedores tienen en las clasificadoras de riesgo su propia espada de Damocles: con ellas pueden volver a castigar a los países, afectando sus inversiones, credibilidad y actividad económica y, de paso, su estabilidad social, que es el tema que espanta a los políticos que son quienes deben hacer tragar la píldora del ajuste de cinturones a sus contribuyentes.