El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el subsecretario, Rodrigo Ubilla, expusieron un informe del procedimiento utilizado por la esa cartera para la investigación de cuatro mil 500 expedientes relativos al caso de posibles falsos exonerados ante la Comisión Permanente de Trabajo constituida en Comisión Investigadora de este caso.
Hinzpeter precisó que hay 157 mil personas que están calificadas como exonerados políticos y que reciben diversos beneficios fiscales, siendo el más importante el de carácter previsional y, para obtenerlos, se debía acreditar haber trabajado en empresas públicas, organismos públicos o empresas privadas que fueron intervenidas durante el golpe militar, y que su exoneración se debió a razones políticas.
Así, el Gobierno estimó que dos de cada diez casos presentaban irregularidades. Esto sin contar que existen 125 denuncias de distintas agrupaciones de las que no encontraron respuestas en los archivos.
“Nosotros nunca encontramos en los archivos que nos entregaron una respuesta. Sí podemos documentar es que sí ingresaron, sobre todo en los últimos años, denuncias de situaciones irregulares, y lo otro son resoluciones de la Contraloría donde se señalaba que en distintos momentos del tiempo que habían sido mal otorgados y que se debía revertir la decisión, lo que tampoco se hizo”, precisó Ubilla.
Las autoridades afirmaron que se pudieron encontrar siete tipos de irregularidades: los exonerados de empresas no calificadas, es decir, no intervenidas; los certificados de parlamentarios y políticos usados como única referencia para acreditar la calidad de exonerado; la calificación a funcionarios de partidos o movimientos políticos; el funcionamiento poco prolijo de la Comisión Asesora Ministerial que, por ejemplo, visó 540 carpetas en un día y la falta de respuesta a las 125 denuncias de organismos ya anunciadas.
Esto además de la calificación de menores de edad como exonerados en 74 casos. Un punto que indignó a los diputados oficialistas, pese a que posteriormente el ministro Hinzpeter reconoció que la ley de la época permitía que trabajaran quienes tuvieran entre 14 y 18 años, con la respectiva autorización del padre, e incluso, entre los 12 y los 14 años, si tenían cumplida la educación primaria.
Esta investigación del ministerio continuará hasta completar cincuenta mil casos y la situación ya ha desatado una fuerte polémica entre los parlamentarios, ya que recordemos que entre los acusados de firmar documentos está el presidente de la comisión de Derechos Humanos, el diputado DC Sergio Ojeda. En este escenario la oposición manifestó su total disposición a investigar hasta las últimas consecuencias.
En esa línea el diputado DC, René Safirio, señaló el rechazo de su colectividad a las irregularidades que se pudieron dar en este caso.
“No estamos disponibles para amparar ninguna irregularidad, como primera afirmación categórica, absoluta y sin condiciones de ninguna naturaleza. Cualquier irregularidad que pueda ser verificada en este proceso, tendrá que ser sancionada de la forma cómo la comisión lo determine o informada”.
Como siguiente paso, en la comisión también se acordó citar a los ex Mandatarios Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, además del Contralor Ramiro Mendoza y agrupaciones de exonerados políticos. Los parlamentarios aclararon que aquí no está en entre dicho la Ley de Exonerados, ni la necesidad de compensar a las víctimas de la dictadura, y que las irregularidades corresponderían a casos puntales completamente reprobables. Además, solicitaron que no se efectúen acusaciones ni juicios de valor a los parlamentarios antes de que se determine la real situación y su magnitud.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el subsecretario, Rodrigo Ubilla, expusieron un informe del procedimiento utilizado por la esa cartera para la investigación de cuatro mil 500 expedientes relativos al caso de posibles falsos exonerados ante la Comisión Permanente de Trabajo constituida en Comisión Investigadora de este caso.
Hinzpeter precisó que hay 157 mil personas que están calificadas como exonerados políticos y que reciben diversos beneficios fiscales, siendo el más importante el de carácter previsional y, para obtenerlos, se debía acreditar haber trabajado en empresas públicas, organismos públicos o empresas privadas que fueron intervenidas durante el golpe militar, y que su exoneración se debió a razones políticas.
Así, el Gobierno estimó que dos de cada diez casos presentaban irregularidades. Esto sin contar que existen 125 denuncias de distintas agrupaciones de las que no encontraron respuestas en los archivos.
“Nosotros nunca encontramos en los archivos que nos entregaron una respuesta. Sí podemos documentar es que sí ingresaron, sobre todo en los últimos años, denuncias de situaciones irregulares, y lo otro son resoluciones de la Contraloría donde se señalaba que en distintos momentos del tiempo que habían sido mal otorgados y que se debía revertir la decisión, lo que tampoco se hizo”, precisó Ubilla.
Las autoridades afirmaron que se pudieron encontrar siete tipos de irregularidades: los exonerados de empresas no calificadas, es decir, no intervenidas; los certificados de parlamentarios y políticos usados como única referencia para acreditar la calidad de exonerado; la calificación a funcionarios de partidos o movimientos políticos; el funcionamiento poco prolijo de la Comisión Asesora Ministerial que, por ejemplo, visó 540 carpetas en un día y la falta de respuesta a las 125 denuncias de organismos ya anunciadas.
Esto además de la calificación de menores de edad como exonerados en 74 casos. Un punto que indignó a los diputados oficialistas, pese a que posteriormente el ministro Hinzpeter reconoció que la ley de la época permitía que trabajaran quienes tuvieran entre 14 y 18 años, con la respectiva autorización del padre, e incluso, entre los 12 y los 14 años, si tenían cumplida la educación primaria.
Esta investigación del ministerio continuará hasta completar cincuenta mil casos y la situación ya ha desatado una fuerte polémica entre los parlamentarios, ya que recordemos que entre los acusados de firmar documentos está el presidente de la comisión de Derechos Humanos, el diputado DC Sergio Ojeda. En este escenario la oposición manifestó su total disposición a investigar hasta las últimas consecuencias.
En esa línea el diputado DC, René Safirio, señaló el rechazo de su colectividad a las irregularidades que se pudieron dar en este caso.
“No estamos disponibles para amparar ninguna irregularidad, como primera afirmación categórica, absoluta y sin condiciones de ninguna naturaleza. Cualquier irregularidad que pueda ser verificada en este proceso, tendrá que ser sancionada de la forma cómo la comisión lo determine o informada”.
Como siguiente paso, en la comisión también se acordó citar a los ex Mandatarios Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, además del Contralor Ramiro Mendoza y agrupaciones de exonerados políticos. Los parlamentarios aclararon que aquí no está en entre dicho la Ley de Exonerados, ni la necesidad de compensar a las víctimas de la dictadura, y que las irregularidades corresponderían a casos puntales completamente reprobables. Además, solicitaron que no se efectúen acusaciones ni juicios de valor a los parlamentarios antes de que se determine la real situación y su magnitud.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el subsecretario, Rodrigo Ubilla, expusieron un informe del procedimiento utilizado por la esa cartera para la investigación de cuatro mil 500 expedientes relativos al caso de posibles falsos exonerados ante la Comisión Permanente de Trabajo constituida en Comisión Investigadora de este caso.
Hinzpeter precisó que hay 157 mil personas que están calificadas como exonerados políticos y que reciben diversos beneficios fiscales, siendo el más importante el de carácter previsional y, para obtenerlos, se debía acreditar haber trabajado en empresas públicas, organismos públicos o empresas privadas que fueron intervenidas durante el golpe militar, y que su exoneración se debió a razones políticas.
Así, el Gobierno estimó que dos de cada diez casos presentaban irregularidades. Esto sin contar que existen 125 denuncias de distintas agrupaciones de las que no encontraron respuestas en los archivos.
“Nosotros nunca encontramos en los archivos que nos entregaron una respuesta. Sí podemos documentar es que sí ingresaron, sobre todo en los últimos años, denuncias de situaciones irregulares, y lo otro son resoluciones de la Contraloría donde se señalaba que en distintos momentos del tiempo que habían sido mal otorgados y que se debía revertir la decisión, lo que tampoco se hizo”, precisó Ubilla.
Las autoridades afirmaron que se pudieron encontrar siete tipos de irregularidades: los exonerados de empresas no calificadas, es decir, no intervenidas; los certificados de parlamentarios y políticos usados como única referencia para acreditar la calidad de exonerado; la calificación a funcionarios de partidos o movimientos políticos; el funcionamiento poco prolijo de la Comisión Asesora Ministerial que, por ejemplo, visó 540 carpetas en un día y la falta de respuesta a las 125 denuncias de organismos ya anunciadas.
Esto además de la calificación de menores de edad como exonerados en 74 casos. Un punto que indignó a los diputados oficialistas, pese a que posteriormente el ministro Hinzpeter reconoció que la ley de la época permitía que trabajaran quienes tuvieran entre 14 y 18 años, con la respectiva autorización del padre, e incluso, entre los 12 y los 14 años, si tenían cumplida la educación primaria.
Esta investigación del ministerio continuará hasta completar cincuenta mil casos y la situación ya ha desatado una fuerte polémica entre los parlamentarios, ya que recordemos que entre los acusados de firmar documentos está el presidente de la comisión de Derechos Humanos, el diputado DC Sergio Ojeda. En este escenario la oposición manifestó su total disposición a investigar hasta las últimas consecuencias.
En esa línea el diputado DC, René Safirio, señaló el rechazo de su colectividad a las irregularidades que se pudieron dar en este caso.
“No estamos disponibles para amparar ninguna irregularidad, como primera afirmación categórica, absoluta y sin condiciones de ninguna naturaleza. Cualquier irregularidad que pueda ser verificada en este proceso, tendrá que ser sancionada de la forma cómo la comisión lo determine o informada”.
Como siguiente paso, en la comisión también se acordó citar a los ex Mandatarios Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, además del Contralor Ramiro Mendoza y agrupaciones de exonerados políticos. Los parlamentarios aclararon que aquí no está en entre dicho la Ley de Exonerados, ni la necesidad de compensar a las víctimas de la dictadura, y que las irregularidades corresponderían a casos puntales completamente reprobables. Además, solicitaron que no se efectúen acusaciones ni juicios de valor a los parlamentarios antes de que se determine la real situación y su magnitud.
