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¿Es viable el arancel diferenciado en la universidad?

Si bien desde la Fundación Progresa aseguraron que este instrumento podría ser un primer paso en el camino hacia la gratuidad, hay voces que señalan que, en el escenario actual, esta propuesta no toca los problemas de fondo y refuerza la lógica de segregación de acuerdo al nivel de ingresos de las familias.

Loreto Soto

  Miércoles 19 de octubre 2011 21:07 hrs. 
diferenciado

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En medio del congelamiento de las relaciones entre el Gobierno y los estudiantes en torno a la posibilidad de lograr un sistema de educación gratuito, la Fundación Progresa –ligada al Partido Progresista – lanzó una propuestade financiamiento que contempla  como primer paso la aplicación de aranceles diferenciados.

La presidenta de la fundación, Patricia Morales, explicó que la idea es que este mecanismo sirva como punto de inicio de un camino gradual hacia la gratuidad, donde las familias no destinen más de un tercio de sus ingresos per cápita autónomos a la educación de sus hijos.

“Entendemos que no se puede llegar a la gratuidad de un día para otro porque hay costos alternativos que tienen que ver con cuestionar el hecho de que se financie toda la educación en circunstancias que también existen problemas en salud por ejemplo. Entonces consideramos que tiene que haber una gratuidad progresiva en el tiempo y que habría que partir con un arancel diferenciado al menos en las universidades estatales y ojalá también en las privadas”, dijo la economista.

Según las estimaciones de la Fundación Progresa, esta opción requeriría de un aumento del gasto público de alrededor del 1 por ciento del PIB. De esta forma, teniendo en cuenta los aranceles promedios de las universidades estatales de regiones como en la zona Metropolitana; de las privadas tradicionales y de las privadas, los alumnos pertenecientes al primer quintil podrían pagar desde 4 mil pesos hasta 31 mil, mientras que los del quinto quintil deberían desembolsar desde 46 mil a cerca de 110 mil pesos.

Sin embargo, para el investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (OPECH), Mario Sobarzo, este instrumento no se justificaría en un escenario donde, a su juicio, se puede implementar la gratuidad en la educación pública a través de una inyección fuerte de aportes basales.

“Sabemos que existe mucho falseo de la información, entonces precisamente se termina beneficiando a los más ricos porque son los que tienen mayor acceso a poder blanquear sus datos. El problema de fondo aquí es que la educación universitaria puede ser gratuita. Lo que se requiere es bastante poco en relación a lo que se gasta en otros ámbitos del sistema porque es menos de medio punto por cientos de estudiantes que entran”, afirmó Sobarzo.

Y si bien, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras, reconoció que todos los caminos tendientes a la gratuidad podrían ser analizados, aseguró que los aranceles diferenciados generan suspicacia en una sociedad donde la mayoría de los salarios son bastante precarios.

“El arancel diferenciado responde a la lógica de la capacidad de pago de las familias y eso nos asusta cuando vemos que hoy gracias a la desigualdad en los ingresos, sólo el cinco por ciento de la población tendría la capacidad para financiar la educación superior de sus hijos”, comentó el dirigente.

Un debate que además se relaciona directamente con otros ámbitos relevantes dentro de la educación superior como los alcances de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que ha sido cuestionada fuertemente por perpetuar la segregación del sistema educativo y la reestructuración del  también criticado sistema de acreditación.

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