Los alcaldes de Ñuñoa, de Recoleta y de Estación Central, junto a la Intendenta de la Región Metropolitana, interpusieron una querella contra quienes resulten responsables del atentado incendiario a un bus del Transantiago en Nuñoa, en el marco de la primera jornada de movilización nacional estudiantil en los alrededores del campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, desde el Palacio de La Moneda, advirtió que estos ataques “están siendo coordinados por grupos concertados”, lo que justificaría la decisión adoptada el martes de utilizar la Ley de Seguridad del Estado y añadió que “el Gobierno condena drásticamente estas acciones, cree que estos llamados a paralizar el país que no se expresan de otra manera que no es la destrucción, el daño, la violencia no ayuda al diálogo”.
Sin embargo, los estudiantes indicaron que esta es otra estrategia del Ejecutivo contra el movimiento estudiantil. “Antiguamente se decía que la juventud estaba en el alcohol y las drogas y ahora que nos damos cuenta que hay problemas estructurales en el sistema y salimos a protestar, se nos criminaliza y se nos aplica la Ley de Seguridad del Estado”, dijo David Urrea, presidente de la Federación de Estudiantes Universidad Arturo Prat.
Por su parte, el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, señaló que si bien se debe ser claro y categórico en rechazar todo tipo de violencia, sostuvo que la medida no sería más que una forma de desviar la atención de los temas de fondo.
“Creo que el gobierno intenta cambiar el eje del debate. Dar cuenta de un problema creado por una ínfima fracción de manifestantes, menos del 0,1 por ciento es sin duda intentar dar vuelta la mesa. Lo concreto es que hay una demanda social mayoritariamente apoyada por los chilenos y no hay respuesta para eso y eso es indignante”, comentó el parlamentario.
Por su parte, el abogado y diputado de la comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, afirmó que la aplicación de este cuerpo legal es “totalmente impertinente” y no se entiende.
“Esa es una legislación que fue promulgada con el claro objetivo de atacar a toda la población que estuviera en contra de las instituciones republicanas. Eso hoy no está en cuestionamiento y que estén pensando en la aplicación de esta ley me parece que es un exabrupto y una ridiculez. Lo que busca este gobierno es hacer una caricatura y estigmatizar el movimiento estudiantil para calificarlo como violentista para no dar cabida a lo que están planteando”, aseguró el legislador.
Gutiérrez añadió que sólo se explica en la incapacidad del Gobierno de hacer frente a las demandas sociales y estudiantiles respondiendo con violencia institucional y añadió que, a su parecer, se seguirá insistiendo en este camino porque aquí está en cuestionamiento el modelo neoliberal, con lo que sólo se va a generar más violencia.
Los alcaldes de Ñuñoa, de Recoleta y de Estación Central, junto a la Intendenta de la Región Metropolitana, interpusieron una querella contra quienes resulten responsables del atentado incendiario a un bus del Transantiago en Nuñoa, en el marco de la primera jornada de movilización nacional estudiantil en los alrededores del campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, desde el Palacio de La Moneda, advirtió que estos ataques “están siendo coordinados por grupos concertados”, lo que justificaría la decisión adoptada el martes de utilizar la Ley de Seguridad del Estado y añadió que “el Gobierno condena drásticamente estas acciones, cree que estos llamados a paralizar el país que no se expresan de otra manera que no es la destrucción, el daño, la violencia no ayuda al diálogo”.
Sin embargo, los estudiantes indicaron que esta es otra estrategia del Ejecutivo contra el movimiento estudiantil. “Antiguamente se decía que la juventud estaba en el alcohol y las drogas y ahora que nos damos cuenta que hay problemas estructurales en el sistema y salimos a protestar, se nos criminaliza y se nos aplica la Ley de Seguridad del Estado”, dijo David Urrea, presidente de la Federación de Estudiantes Universidad Arturo Prat.
Por su parte, el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, señaló que si bien se debe ser claro y categórico en rechazar todo tipo de violencia, sostuvo que la medida no sería más que una forma de desviar la atención de los temas de fondo.
“Creo que el gobierno intenta cambiar el eje del debate. Dar cuenta de un problema creado por una ínfima fracción de manifestantes, menos del 0,1 por ciento es sin duda intentar dar vuelta la mesa. Lo concreto es que hay una demanda social mayoritariamente apoyada por los chilenos y no hay respuesta para eso y eso es indignante”, comentó el parlamentario.
Por su parte, el abogado y diputado de la comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, afirmó que la aplicación de este cuerpo legal es “totalmente impertinente” y no se entiende.
“Esa es una legislación que fue promulgada con el claro objetivo de atacar a toda la población que estuviera en contra de las instituciones republicanas. Eso hoy no está en cuestionamiento y que estén pensando en la aplicación de esta ley me parece que es un exabrupto y una ridiculez. Lo que busca este gobierno es hacer una caricatura y estigmatizar el movimiento estudiantil para calificarlo como violentista para no dar cabida a lo que están planteando”, aseguró el legislador.
Gutiérrez añadió que sólo se explica en la incapacidad del Gobierno de hacer frente a las demandas sociales y estudiantiles respondiendo con violencia institucional y añadió que, a su parecer, se seguirá insistiendo en este camino porque aquí está en cuestionamiento el modelo neoliberal, con lo que sólo se va a generar más violencia.
Los alcaldes de Ñuñoa, de Recoleta y de Estación Central, junto a la Intendenta de la Región Metropolitana, interpusieron una querella contra quienes resulten responsables del atentado incendiario a un bus del Transantiago en Nuñoa, en el marco de la primera jornada de movilización nacional estudiantil en los alrededores del campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, desde el Palacio de La Moneda, advirtió que estos ataques “están siendo coordinados por grupos concertados”, lo que justificaría la decisión adoptada el martes de utilizar la Ley de Seguridad del Estado y añadió que “el Gobierno condena drásticamente estas acciones, cree que estos llamados a paralizar el país que no se expresan de otra manera que no es la destrucción, el daño, la violencia no ayuda al diálogo”.
Sin embargo, los estudiantes indicaron que esta es otra estrategia del Ejecutivo contra el movimiento estudiantil. “Antiguamente se decía que la juventud estaba en el alcohol y las drogas y ahora que nos damos cuenta que hay problemas estructurales en el sistema y salimos a protestar, se nos criminaliza y se nos aplica la Ley de Seguridad del Estado”, dijo David Urrea, presidente de la Federación de Estudiantes Universidad Arturo Prat.
Por su parte, el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, señaló que si bien se debe ser claro y categórico en rechazar todo tipo de violencia, sostuvo que la medida no sería más que una forma de desviar la atención de los temas de fondo.
“Creo que el gobierno intenta cambiar el eje del debate. Dar cuenta de un problema creado por una ínfima fracción de manifestantes, menos del 0,1 por ciento es sin duda intentar dar vuelta la mesa. Lo concreto es que hay una demanda social mayoritariamente apoyada por los chilenos y no hay respuesta para eso y eso es indignante”, comentó el parlamentario.
Por su parte, el abogado y diputado de la comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, afirmó que la aplicación de este cuerpo legal es “totalmente impertinente” y no se entiende.
“Esa es una legislación que fue promulgada con el claro objetivo de atacar a toda la población que estuviera en contra de las instituciones republicanas. Eso hoy no está en cuestionamiento y que estén pensando en la aplicación de esta ley me parece que es un exabrupto y una ridiculez. Lo que busca este gobierno es hacer una caricatura y estigmatizar el movimiento estudiantil para calificarlo como violentista para no dar cabida a lo que están planteando”, aseguró el legislador.
Gutiérrez añadió que sólo se explica en la incapacidad del Gobierno de hacer frente a las demandas sociales y estudiantiles respondiendo con violencia institucional y añadió que, a su parecer, se seguirá insistiendo en este camino porque aquí está en cuestionamiento el modelo neoliberal, con lo que sólo se va a generar más violencia.
