El próximo viernes 28 de octubre a las 15 horas se realizará en Washington la exposición sobre la situación de violencia policial que se está viviendo en nuestro país a raíz de las movilizaciones y la violación a los Derechos Humanos en cuanto a la integridad física y síquica de miles de ciudadanos.
También se expondrá la criminalización de la protesta social y las faltas al derecho a manifestarse y al derecho a la libertad de reunión pública que hoy está muy limitado por un decreto de ley va en el sentido directamente opuesto
En este sentido, Alberto Coddou, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, señaló que “nuestra Constitución garantiza el derecho a reunión sin permiso previo, eso es muy importante porque es una cuestión que se ve obstruida por la utilización de un Decreto Supremo 1.086 que fue dictado al principio de las movilizaciones políticas de los ’80 en el contexto de la dictadura, que puede llegar a prohibir manifestaciones sociales convirtiendo los actos de autoridad en verdaderos permisos de nuestra autoridad política”.
El jurista destacó la paradoja que se verifica en estos temas, explicando que “mientras nuestra Constitución y los tratados internacionales garantizan el derecho a reunirse sin permiso previo, este Decreto 1.086 prohíbe de facto cualquier movilización, que de acuerdo al gobierno de turno pueda poner en peligro sus propios intereses”.
Por su parte, Nicolás Facuse de Asesoría Ciudadana, organización que expondrá ante la Corte, añadió que el decreto es vergonzoso para una sociedad democrática, ya que incluso al pedir autorización para hacer una marcha se debe indicar quién va a tomar la palabra en el acto, por lo tanto, las fuerzas de orden tienen la facultad de acabar con una movilización si no se respeta el orden de la palabra.
Además de que se debe pedir permiso a la autoridad para manifestarse en su contra, lo que es una contradicción en sí misma. Facuse añadió que el aceptar mecanismos como este ha implicado también aceptar una cultura represiva donde nadie tiene claros los procedimientos.
En tanto, Pablo Villar, abogado defensor de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) denunció que en “los procedimiento policiales, a veces ni los abogados defensores tenemos muy claro cuáles son. Además, es muy difícil obtener la información sobre en qué consisten los procesos respecto de cuándo debe actuar o no la policía. Si los abogados no sabemos, cómo esperamos que los manifestantes sepan dónde ajustar sus conductas, hay una falta de socialización de cómo son los procedimientos y debido a la cantidad de requerimientos, que incluso nosotros hemos hecho como agrupación, entre las instituciones se traspasan la respuesta y no nos entregan nunca una repuesta satisfactoria a los abogados que tenemos que manejar esos parámetros”.
La crítica pasa principalmente porque Chile adscribió al protocolo de Estambul, que fija el procedimiento en las detenciones y hoy no se está aplicando, con cientos de denuncias de detenciones ilegales, además del uso desmedido de la fuerza y muchas veces, actos de tortura que han sido constadas por distintas organizaciones.
Violencia sexual de Carabineros
Marta Cisternas, de los Observadores de Derechos Humanos, quienes se han constituido en las marchas para fiscalizar, denunció además el uso de violencia sexual de uniformados en contra de menores de edad en las movilizaciones estudiantiles.
“Queremos denunciar el maltrato físico y sexual dirigido hacia menores de edad. Hemos visto escolares manoseadas, hemos recibido denuncias de mujeres que han sido golpeadas en sus pechos y vaginas (adolescentes y adultas). Hay menores que han sido desnudadas en las comisarías a vista de sus compañeros y carabineros. También hemos visto detenciones con maltratos y torturas. Sabemos de posiciones obligadas y privación de libertad, sin información a ningún tribunal”, indicó Marta Cisternas.
Para José Miguel Guzmán del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) afirmó que, luego de realizar controles a menores detenidos en las marchas, se pueden constatar claros síntomas de estrés post traumático e inhibición en la resolución de movilizarse “es lo que persigue la tortura”, advirtió.
Por todas estas razones, se llegará entonces el día viernes 28 a la Comisión Interamericana a exponer estos casos, además de presentar diversas querellas individuales por parte de estas organizaciones ante la justicia nacional e internacional.
El próximo viernes 28 de octubre a las 15 horas se realizará en Washington la exposición sobre la situación de violencia policial que se está viviendo en nuestro país a raíz de las movilizaciones y la violación a los Derechos Humanos en cuanto a la integridad física y síquica de miles de ciudadanos.
También se expondrá la criminalización de la protesta social y las faltas al derecho a manifestarse y al derecho a la libertad de reunión pública que hoy está muy limitado por un decreto de ley va en el sentido directamente opuesto
En este sentido, Alberto Coddou, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, señaló que “nuestra Constitución garantiza el derecho a reunión sin permiso previo, eso es muy importante porque es una cuestión que se ve obstruida por la utilización de un Decreto Supremo 1.086 que fue dictado al principio de las movilizaciones políticas de los ’80 en el contexto de la dictadura, que puede llegar a prohibir manifestaciones sociales convirtiendo los actos de autoridad en verdaderos permisos de nuestra autoridad política”.
El jurista destacó la paradoja que se verifica en estos temas, explicando que “mientras nuestra Constitución y los tratados internacionales garantizan el derecho a reunirse sin permiso previo, este Decreto 1.086 prohíbe de facto cualquier movilización, que de acuerdo al gobierno de turno pueda poner en peligro sus propios intereses”.
Por su parte, Nicolás Facuse de Asesoría Ciudadana, organización que expondrá ante la Corte, añadió que el decreto es vergonzoso para una sociedad democrática, ya que incluso al pedir autorización para hacer una marcha se debe indicar quién va a tomar la palabra en el acto, por lo tanto, las fuerzas de orden tienen la facultad de acabar con una movilización si no se respeta el orden de la palabra.
Además de que se debe pedir permiso a la autoridad para manifestarse en su contra, lo que es una contradicción en sí misma. Facuse añadió que el aceptar mecanismos como este ha implicado también aceptar una cultura represiva donde nadie tiene claros los procedimientos.
En tanto, Pablo Villar, abogado defensor de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) denunció que en “los procedimiento policiales, a veces ni los abogados defensores tenemos muy claro cuáles son. Además, es muy difícil obtener la información sobre en qué consisten los procesos respecto de cuándo debe actuar o no la policía. Si los abogados no sabemos, cómo esperamos que los manifestantes sepan dónde ajustar sus conductas, hay una falta de socialización de cómo son los procedimientos y debido a la cantidad de requerimientos, que incluso nosotros hemos hecho como agrupación, entre las instituciones se traspasan la respuesta y no nos entregan nunca una repuesta satisfactoria a los abogados que tenemos que manejar esos parámetros”.
La crítica pasa principalmente porque Chile adscribió al protocolo de Estambul, que fija el procedimiento en las detenciones y hoy no se está aplicando, con cientos de denuncias de detenciones ilegales, además del uso desmedido de la fuerza y muchas veces, actos de tortura que han sido constadas por distintas organizaciones.
Violencia sexual de Carabineros
Marta Cisternas, de los Observadores de Derechos Humanos, quienes se han constituido en las marchas para fiscalizar, denunció además el uso de violencia sexual de uniformados en contra de menores de edad en las movilizaciones estudiantiles.
“Queremos denunciar el maltrato físico y sexual dirigido hacia menores de edad. Hemos visto escolares manoseadas, hemos recibido denuncias de mujeres que han sido golpeadas en sus pechos y vaginas (adolescentes y adultas). Hay menores que han sido desnudadas en las comisarías a vista de sus compañeros y carabineros. También hemos visto detenciones con maltratos y torturas. Sabemos de posiciones obligadas y privación de libertad, sin información a ningún tribunal”, indicó Marta Cisternas.
Para José Miguel Guzmán del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) afirmó que, luego de realizar controles a menores detenidos en las marchas, se pueden constatar claros síntomas de estrés post traumático e inhibición en la resolución de movilizarse “es lo que persigue la tortura”, advirtió.
Por todas estas razones, se llegará entonces el día viernes 28 a la Comisión Interamericana a exponer estos casos, además de presentar diversas querellas individuales por parte de estas organizaciones ante la justicia nacional e internacional.
El próximo viernes 28 de octubre a las 15 horas se realizará en Washington la exposición sobre la situación de violencia policial que se está viviendo en nuestro país a raíz de las movilizaciones y la violación a los Derechos Humanos en cuanto a la integridad física y síquica de miles de ciudadanos.
También se expondrá la criminalización de la protesta social y las faltas al derecho a manifestarse y al derecho a la libertad de reunión pública que hoy está muy limitado por un decreto de ley va en el sentido directamente opuesto
En este sentido, Alberto Coddou, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, señaló que “nuestra Constitución garantiza el derecho a reunión sin permiso previo, eso es muy importante porque es una cuestión que se ve obstruida por la utilización de un Decreto Supremo 1.086 que fue dictado al principio de las movilizaciones políticas de los ’80 en el contexto de la dictadura, que puede llegar a prohibir manifestaciones sociales convirtiendo los actos de autoridad en verdaderos permisos de nuestra autoridad política”.
El jurista destacó la paradoja que se verifica en estos temas, explicando que “mientras nuestra Constitución y los tratados internacionales garantizan el derecho a reunirse sin permiso previo, este Decreto 1.086 prohíbe de facto cualquier movilización, que de acuerdo al gobierno de turno pueda poner en peligro sus propios intereses”.
Por su parte, Nicolás Facuse de Asesoría Ciudadana, organización que expondrá ante la Corte, añadió que el decreto es vergonzoso para una sociedad democrática, ya que incluso al pedir autorización para hacer una marcha se debe indicar quién va a tomar la palabra en el acto, por lo tanto, las fuerzas de orden tienen la facultad de acabar con una movilización si no se respeta el orden de la palabra.
Además de que se debe pedir permiso a la autoridad para manifestarse en su contra, lo que es una contradicción en sí misma. Facuse añadió que el aceptar mecanismos como este ha implicado también aceptar una cultura represiva donde nadie tiene claros los procedimientos.
En tanto, Pablo Villar, abogado defensor de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) denunció que en “los procedimiento policiales, a veces ni los abogados defensores tenemos muy claro cuáles son. Además, es muy difícil obtener la información sobre en qué consisten los procesos respecto de cuándo debe actuar o no la policía. Si los abogados no sabemos, cómo esperamos que los manifestantes sepan dónde ajustar sus conductas, hay una falta de socialización de cómo son los procedimientos y debido a la cantidad de requerimientos, que incluso nosotros hemos hecho como agrupación, entre las instituciones se traspasan la respuesta y no nos entregan nunca una repuesta satisfactoria a los abogados que tenemos que manejar esos parámetros”.
La crítica pasa principalmente porque Chile adscribió al protocolo de Estambul, que fija el procedimiento en las detenciones y hoy no se está aplicando, con cientos de denuncias de detenciones ilegales, además del uso desmedido de la fuerza y muchas veces, actos de tortura que han sido constadas por distintas organizaciones.
Violencia sexual de Carabineros
Marta Cisternas, de los Observadores de Derechos Humanos, quienes se han constituido en las marchas para fiscalizar, denunció además el uso de violencia sexual de uniformados en contra de menores de edad en las movilizaciones estudiantiles.
“Queremos denunciar el maltrato físico y sexual dirigido hacia menores de edad. Hemos visto escolares manoseadas, hemos recibido denuncias de mujeres que han sido golpeadas en sus pechos y vaginas (adolescentes y adultas). Hay menores que han sido desnudadas en las comisarías a vista de sus compañeros y carabineros. También hemos visto detenciones con maltratos y torturas. Sabemos de posiciones obligadas y privación de libertad, sin información a ningún tribunal”, indicó Marta Cisternas.
Para José Miguel Guzmán del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) afirmó que, luego de realizar controles a menores detenidos en las marchas, se pueden constatar claros síntomas de estrés post traumático e inhibición en la resolución de movilizarse “es lo que persigue la tortura”, advirtió.
Por todas estas razones, se llegará entonces el día viernes 28 a la Comisión Interamericana a exponer estos casos, además de presentar diversas querellas individuales por parte de estas organizaciones ante la justicia nacional e internacional.
