Una lista de 20 personas que no tienen la calidad de indígenas presentaron estos dos dirigentes ante el principal órgano fiscalizador. Con esto se estaría obviando el requisito fundamental para recibir este beneficio y violando la legislación actual, ya que la ley 19 235 es clara en establecer que ninguna persona que no pertenezca a los pueblos originarios puede sacar provecho de estos recursos.
La beca otorga 93 mil 500 pesos a quienes estén estudiando en la educación básica, 190 mil en la educación media y 607 mil para la educación superior, constituyéndose en un importante instrumento de inclusión social.
“20 personas, es decir, más del 10 por ciento de los becarios de la sexta región están recibiendo los beneficios de la Beca Indígena sin tener esa calidad. Esta es una desviación de los recursos públicos, es un fraude al fisco y también, por cierto, son faltas administrativas que debe determinar Contraloría. Queremos que esto se investigue porque da para una fiscalización nacional. La becas indígenas son relevantes porque son la esperanza para estudiar de muchos hermanos de los ámbitos rurales que sin esta beca no pueden mandar a sus hijos al colegio”, explicó el presidente de la Corporación Aymara Jacha Marka Aru o “la voz del pueblo grande”, Ariel León.
El dirigente Aymara añadió que, según la Encuesta Casen del 2006, los indígenas doblan el nivel de pobreza de la media de la población chilena y tienen menos acceso a la educación, por lo que la beca indígena se convierte en un elemento esencial en la materia.
Por su parte, Mauricio Llaitul, presidente de la Asociación Indígena Triay Antu y de la comunidad Llaitul Paredes en San Juan de la Costa, afirmó que es “una fuerte decepción” la forma en la que se están manejando los recursos. El dirigente mapuche afirmó que “esto es malversación de fondos y está castigado por la ley”.
Llaitul indicó que aquí hay responsabilidades de la Junta NacionalDe Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y que los mecanismos de estrega no están sirviendo, ya que no hay capacidad de detectar y detener esta situación al grado que un par de dirigentes puedan, buscando y revisando, constatar que no es un caso aislado.
“Lo que pedimos es que efectivamente se haga una fiscalización porque aquí hay dos instituciones que no están cumpliendo con los marcos legislativos. Primero la Junaeb por estar entregando becas a personas que no son indígenas y segundo Conadi por no estar constantemente haciendo una fiscalización del proceso de entrega de becas. Aquí Conadi lo único que está haciendo es entregar el dinero para que la Junaeb lo reparta como ellos estimen y eso no es correcto”, sentenció.
Tanto de la Junaeb como de la Conadi no quisieron referirse al tema, aduciendo falta de información respecto a esta denuncia. En tanto, los dirigentes hicieron un llamado a investigar a fondo estos hechos y, a la larga, a generar un proceso de asignación de beneficios que realmente proteja los derechos de los pueblos indígenas.
Una lista de 20 personas que no tienen la calidad de indígenas presentaron estos dos dirigentes ante el principal órgano fiscalizador. Con esto se estaría obviando el requisito fundamental para recibir este beneficio y violando la legislación actual, ya que la ley 19 235 es clara en establecer que ninguna persona que no pertenezca a los pueblos originarios puede sacar provecho de estos recursos.
La beca otorga 93 mil 500 pesos a quienes estén estudiando en la educación básica, 190 mil en la educación media y 607 mil para la educación superior, constituyéndose en un importante instrumento de inclusión social.
“20 personas, es decir, más del 10 por ciento de los becarios de la sexta región están recibiendo los beneficios de la Beca Indígena sin tener esa calidad. Esta es una desviación de los recursos públicos, es un fraude al fisco y también, por cierto, son faltas administrativas que debe determinar Contraloría. Queremos que esto se investigue porque da para una fiscalización nacional. La becas indígenas son relevantes porque son la esperanza para estudiar de muchos hermanos de los ámbitos rurales que sin esta beca no pueden mandar a sus hijos al colegio”, explicó el presidente de la Corporación Aymara Jacha Marka Aru o “la voz del pueblo grande”, Ariel León.
El dirigente Aymara añadió que, según la Encuesta Casen del 2006, los indígenas doblan el nivel de pobreza de la media de la población chilena y tienen menos acceso a la educación, por lo que la beca indígena se convierte en un elemento esencial en la materia.
Por su parte, Mauricio Llaitul, presidente de la Asociación Indígena Triay Antu y de la comunidad Llaitul Paredes en San Juan de la Costa, afirmó que es “una fuerte decepción” la forma en la que se están manejando los recursos. El dirigente mapuche afirmó que “esto es malversación de fondos y está castigado por la ley”.
Llaitul indicó que aquí hay responsabilidades de la Junta NacionalDe Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y que los mecanismos de estrega no están sirviendo, ya que no hay capacidad de detectar y detener esta situación al grado que un par de dirigentes puedan, buscando y revisando, constatar que no es un caso aislado.
“Lo que pedimos es que efectivamente se haga una fiscalización porque aquí hay dos instituciones que no están cumpliendo con los marcos legislativos. Primero la Junaeb por estar entregando becas a personas que no son indígenas y segundo Conadi por no estar constantemente haciendo una fiscalización del proceso de entrega de becas. Aquí Conadi lo único que está haciendo es entregar el dinero para que la Junaeb lo reparta como ellos estimen y eso no es correcto”, sentenció.
Tanto de la Junaeb como de la Conadi no quisieron referirse al tema, aduciendo falta de información respecto a esta denuncia. En tanto, los dirigentes hicieron un llamado a investigar a fondo estos hechos y, a la larga, a generar un proceso de asignación de beneficios que realmente proteja los derechos de los pueblos indígenas.
Una lista de 20 personas que no tienen la calidad de indígenas presentaron estos dos dirigentes ante el principal órgano fiscalizador. Con esto se estaría obviando el requisito fundamental para recibir este beneficio y violando la legislación actual, ya que la ley 19 235 es clara en establecer que ninguna persona que no pertenezca a los pueblos originarios puede sacar provecho de estos recursos.
La beca otorga 93 mil 500 pesos a quienes estén estudiando en la educación básica, 190 mil en la educación media y 607 mil para la educación superior, constituyéndose en un importante instrumento de inclusión social.
“20 personas, es decir, más del 10 por ciento de los becarios de la sexta región están recibiendo los beneficios de la Beca Indígena sin tener esa calidad. Esta es una desviación de los recursos públicos, es un fraude al fisco y también, por cierto, son faltas administrativas que debe determinar Contraloría. Queremos que esto se investigue porque da para una fiscalización nacional. La becas indígenas son relevantes porque son la esperanza para estudiar de muchos hermanos de los ámbitos rurales que sin esta beca no pueden mandar a sus hijos al colegio”, explicó el presidente de la Corporación Aymara Jacha Marka Aru o “la voz del pueblo grande”, Ariel León.
El dirigente Aymara añadió que, según la Encuesta Casen del 2006, los indígenas doblan el nivel de pobreza de la media de la población chilena y tienen menos acceso a la educación, por lo que la beca indígena se convierte en un elemento esencial en la materia.
Por su parte, Mauricio Llaitul, presidente de la Asociación Indígena Triay Antu y de la comunidad Llaitul Paredes en San Juan de la Costa, afirmó que es “una fuerte decepción” la forma en la que se están manejando los recursos. El dirigente mapuche afirmó que “esto es malversación de fondos y está castigado por la ley”.
Llaitul indicó que aquí hay responsabilidades de la Junta NacionalDe Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y que los mecanismos de estrega no están sirviendo, ya que no hay capacidad de detectar y detener esta situación al grado que un par de dirigentes puedan, buscando y revisando, constatar que no es un caso aislado.
“Lo que pedimos es que efectivamente se haga una fiscalización porque aquí hay dos instituciones que no están cumpliendo con los marcos legislativos. Primero la Junaeb por estar entregando becas a personas que no son indígenas y segundo Conadi por no estar constantemente haciendo una fiscalización del proceso de entrega de becas. Aquí Conadi lo único que está haciendo es entregar el dinero para que la Junaeb lo reparta como ellos estimen y eso no es correcto”, sentenció.
Tanto de la Junaeb como de la Conadi no quisieron referirse al tema, aduciendo falta de información respecto a esta denuncia. En tanto, los dirigentes hicieron un llamado a investigar a fondo estos hechos y, a la larga, a generar un proceso de asignación de beneficios que realmente proteja los derechos de los pueblos indígenas.
