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Jueces denuncian “intimidación” del Gobierno en casos de desórdenes públicos

Loreto Soto

  Sábado 22 de octubre 2011 13:57 hrs. 
Radio-Uchile

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Como un balde de agua fría cayó en el Poder Judicial la decisión anunciada por el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, de evaluar los fallos de los jueces de garantía a la hora de considerar ascensos. La medida se justificaría porque, a juicio del Ejecutivo, existen muchos magistrados “garantistas” que dejan fácilmente en libertad a los involucrados en desórdenes públicos.

Una disposición que fue calificada por el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, como una “intimidación” de parte del Gobierno al sistema judicial.  “Se podría estimar que esto es una suerte de presión o derechamente una intimidación para que los jueces durante su desempeño se guíen por los criterios del Ejecutivo para ser posteriormente nombrados”, dijo Llanos.

El dirigente afirmó que este tipo de acciones no se presentaron ni siquiera durante la dictadura militar, por lo que llamó al Ejecutivo a reconsiderar su postura. “En ninguna otra época de la historia del Poder Judicial chileno se había hecho este tipo de afirmaciones, en el sentido que se van a vetar a los jueces por tener un criterio determinado”.

En la misma línea, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, ya había comentado que “no sé por qué se puede enfatizar el criterio que puede tener un Poder Ejecutivo para hacer las designaciones porque eso está en la ley y se supone que él tendrá que elegir los mejores jueces que están en la terna. Nos llama la atención las expresiones de poco criterio hacia los jueces y, en general, las explicaciones que se dan respecto de que los jueces están para defender los intereses superiores del Estado, lo cual nos parece que es muy ambiguo”.

La controversia se da en medio de la tramitación de la ley que endurece los castigos por saqueo y que califica como ilegales las tomas, por ejemplo, de los establecimientos educacionales, que ha sido considerada por diversas organizaciones sociales como una nueva forma de criminalizar la protesta social.

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