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Ombudsman: La defensa ciudadana que duerme en el Congreso

El levantamiento de distintos movimientos sociales este año tiene, entre sus puntos en común, llevar sus demandas a organismos internacionales, sin que una entidad en Chile entregue confianza a los ciudadanos respecto a sus derechos. La figura del Ombudsman, o defensor del pueblo, es una antigua falencia democrática que cobra fuerza en estos días.

Juan San Cristóbal

  Miércoles 2 de noviembre 2011 20:49 hrs. 
marcha

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Ombudsman es una adaptación del sueco para definir al defensor del pueblo, una entidad autónoma que velará por los derechos de los ciudadanos instaurada por ley, en Suecia, en 1809, replicándose en otras democracias europeas. En Latinoamérica, distintos países han adaptado la figura legal, aun cuando en Chile sea materia pendiente.

Desde 1990, todos los presidentes han esbozado proyectos de defensoría, mociones que duermen en el Congreso al no contar con la urgencia de discusión. Actualmente, el proyecto iniciado por la ex presidenta Michelle Bachelet derivó en la Comisión Defensora Ciudadana, sin que esto incida en demandas como medioambiente o educación.

Escenario local
En esta línea, el vicepresidente del Capítulo Chileno del Ombudsman, abogado Luis Bork, señaló que los tribunales son el escenario de denuncias ciudadanas, obligados porque instancias como superintendencias o el propio Gobierno no atiende a demandas sociales.

“El mejor ejemplo es el momento de convulsión, de demanda y movimientos sociales, personas que sienten que hay algunos de sus derechos que no están garantizados, y que con la institucionalidad actual no basta con eso, no da respuesta. Porque efectivamente uno puede recurrir a tribunales, pero es necesario recurrir, no es una institución que se ponga en movimiento por sí misma. Es un contexto donde aparece con tanta fuerza la necesidad de un Ombudsman en nuestro país”, sostuvo.

El abogado y académico recalcó que la agitación social de este año refleja los agujeros que el aparato estatal tiene respecto a defensoría ciudadana. Pese a distintas instancias de diálogo con los gobiernos de turno, Bork apuntó a una falta de voluntad política por levantar un estamento autónomo que abogue por derechos vulnerados en el país.

Luis Bork señaló que “en los momentos de crisis, emerge con mucha fluidez esta institución como un mecanismo de sociedades democráticas. Los defensores del pueblo tienen un rol para lograr la paz social, entonces hay una deuda de sectores democráticos de este país en no tramitar la creación de esta institución, un órgano autónomo que tenga como horizonte velar por la plena garantía de los Derechos Humanos de todas las personas, sin distinción alguna”.

Sin defensa ante privados
El trabajo iniciado en el gobierno de Michelle Bachelet derivó en la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, hoy conocida como Comisión Defensora Ciudadana, que actúa sólo en casos que involucren entidades estatales.

No obstante, Danae Mlynarz, Magíster en Políticas Públicas y directora de este departamento en el gobierno anterior, señaló que las distintas vulneraciones de derechos de privados que entregan servicios públicos, son casos donde los ciudadanos quedan sin defensa, a pesar del eterno debate respecto a las facultades del Servicio del Consumidor.

Mlynarz apuntó que “la existencia de este organismo dotaría a la ciudadanía de mayores herramientas para defenderse frente a la vulneración de derechos en la entrega de servicios públicos, tanto de empresas privadas como estatales. Vemos todos los días abuso en la AFP, isapres, cuentas del agua y la luz, pero a pesar de las Superintendencias no se sienten completamente satisfechos con la vulneración que esto tiene. Al final termina todo judicializándose, con el alto costo que esto tiene, sin el apoyo de una entidad hacia los ciudadanos que sienten que por todas partes hay una trampa”.

La figura del Ombudsman fue tema en las últimas semanas, luego que distintas ONG’s se reunieran con la Alta Comisionada Adjunta de Derechos Humanos de la ONU, o la presentación de casos de abusos policiales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acciones judiciales y sociales que denotan una desconfianza de los ciudadanos chilenos sobre los distintos organismos que actúan en su defensa.

* Foto por Kena Lorenzini

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