Después de casi dos meses, Carabineros entregó este jueves al Ministerio del Interior el informe con los antecedentes sobre la denuncia en torno a la adulteración de un parte que afectaba al hijo del ex general, Eduardo Gordon. Caso que hoy está siendo investigado por la Justicia Militar.
Y pese a que cuando se conoció el hecho – el 1 de septiembre pasado – el titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, solicitó enérgicamente un reporte de parte de la institución, ahora declinó referirse a los detalles del documento argumentando que no se puede interferir en un proceso en curso.
“Cuando la justicia inicia el conocimiento de estos hechos, a las autoridades políticas nos corresponde tomar un segundo plano y esperar la decisión final del Poder Judicial, porque es la decisión que en definitiva corresponde”, señaló el secretario de Estado.
Y la polémica ha estado marcada por señales confusas. Si bien, Gordon negó haber participado y ni siquiera haber estado al tanto del hecho, de todas formas presentó su renuncia para “proteger” a Carabineros. Mientras, los datos preliminares apuntaban al general de Orden y Seguridad, Aquiles Blu, como el responsable de haber ordenado la modificación del parte. Pero durante todo este tiempo, Blu se ha mantenido en sus funciones y su futuro recién se definirá a mediados de este mes cuando asuman los altos mandos de la policía. De hecho, Blu sonaba como el mejor candidato para suceder eventualmente a Gordon.
Por lo mismo, el diputado DC, Gabriel Silber, acusó un doble estándar en una entidad que, a su juicio, debería caracterizarse por la transparencia y probidad.
“Con este hecho se acredita que la institución hace defensas corporativas respecto a sus miembros, oculta información a la hora de proteger a los superiores jerárquicos y a cambio no rinden cuentas. Indicadores que a nuestro juicio hablan del mal desempeño de una institución que debe dar garantías de transparencia y profesionalismo a todos los sectores”, comentó el parlamentario.
Una actitud que según la experta en seguridad pública, Lucía Dammert, no es extraña dentro de un contexto donde se encubren las indiscreciones de figuras políticas y de los altos mandos. De todas formas, advirtió que tanto o más preocupante que este episodio, son las denuncias de brutalidad en contra de los movimientos sociales.
“No me sorprende el procedimiento ni que el nombre del hijo haya sido sacado del parte. Ya tuvimos el altercado del senador Girardi hace no muchos años también tratando de pasar por encima de ciertos protocolos. Dentro de los problemas que tenemos es algo importante, pero es bastante menor al abuso de la fuerza. Carabineros tendrá que responder y con el cambio de mando espero que se aclare cómo se tomó la decisión de adulterar el parte”, dijo la experta.
En la misma línea, Paulina Acevedo, representante del Observatorio Ciudadano aseguró que es desconcertante que el Ministro Hinzpeter no haya querido dar a conocer los alcances del informe “descansado” en el pronunciamiento de la Justicia sobre ello.
“Este documento llega de forma tardía y las autoridades se niegan a pronunciarse. Eso es una falta de transparencia Si un ministro pide un sumario con tanta vehemencia y luego no comunica a los ciudadanos claramente sus implicancias, es algo claramente contradictorio”, sentenció.
Además Paulina Acevedo cuestionó la idoneidad de la Justicia Militar para sancionar este hecho que, según ella, merece mucho más que una simple sanción administrativa, ya que constituye un delito que no debe quedar en la impunidad.
Tanto el Observatorio Ciudadano como el diputado Silber coincidieron en que este tipo de situaciones enlodan el prestigio de una institución que tardó 20 años en recuperar su credibilidad. La misma que se ha puesto a prueba en reiteradas ocasiones durante este 2011.
Después de casi dos meses, Carabineros entregó este jueves al Ministerio del Interior el informe con los antecedentes sobre la denuncia en torno a la adulteración de un parte que afectaba al hijo del ex general, Eduardo Gordon. Caso que hoy está siendo investigado por la Justicia Militar.
Y pese a que cuando se conoció el hecho – el 1 de septiembre pasado – el titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, solicitó enérgicamente un reporte de parte de la institución, ahora declinó referirse a los detalles del documento argumentando que no se puede interferir en un proceso en curso.
“Cuando la justicia inicia el conocimiento de estos hechos, a las autoridades políticas nos corresponde tomar un segundo plano y esperar la decisión final del Poder Judicial, porque es la decisión que en definitiva corresponde”, señaló el secretario de Estado.
Y la polémica ha estado marcada por señales confusas. Si bien, Gordon negó haber participado y ni siquiera haber estado al tanto del hecho, de todas formas presentó su renuncia para “proteger” a Carabineros. Mientras, los datos preliminares apuntaban al general de Orden y Seguridad, Aquiles Blu, como el responsable de haber ordenado la modificación del parte. Pero durante todo este tiempo, Blu se ha mantenido en sus funciones y su futuro recién se definirá a mediados de este mes cuando asuman los altos mandos de la policía. De hecho, Blu sonaba como el mejor candidato para suceder eventualmente a Gordon.
Por lo mismo, el diputado DC, Gabriel Silber, acusó un doble estándar en una entidad que, a su juicio, debería caracterizarse por la transparencia y probidad.
“Con este hecho se acredita que la institución hace defensas corporativas respecto a sus miembros, oculta información a la hora de proteger a los superiores jerárquicos y a cambio no rinden cuentas. Indicadores que a nuestro juicio hablan del mal desempeño de una institución que debe dar garantías de transparencia y profesionalismo a todos los sectores”, comentó el parlamentario.
Una actitud que según la experta en seguridad pública, Lucía Dammert, no es extraña dentro de un contexto donde se encubren las indiscreciones de figuras políticas y de los altos mandos. De todas formas, advirtió que tanto o más preocupante que este episodio, son las denuncias de brutalidad en contra de los movimientos sociales.
“No me sorprende el procedimiento ni que el nombre del hijo haya sido sacado del parte. Ya tuvimos el altercado del senador Girardi hace no muchos años también tratando de pasar por encima de ciertos protocolos. Dentro de los problemas que tenemos es algo importante, pero es bastante menor al abuso de la fuerza. Carabineros tendrá que responder y con el cambio de mando espero que se aclare cómo se tomó la decisión de adulterar el parte”, dijo la experta.
En la misma línea, Paulina Acevedo, representante del Observatorio Ciudadano aseguró que es desconcertante que el Ministro Hinzpeter no haya querido dar a conocer los alcances del informe “descansado” en el pronunciamiento de la Justicia sobre ello.
“Este documento llega de forma tardía y las autoridades se niegan a pronunciarse. Eso es una falta de transparencia Si un ministro pide un sumario con tanta vehemencia y luego no comunica a los ciudadanos claramente sus implicancias, es algo claramente contradictorio”, sentenció.
Además Paulina Acevedo cuestionó la idoneidad de la Justicia Militar para sancionar este hecho que, según ella, merece mucho más que una simple sanción administrativa, ya que constituye un delito que no debe quedar en la impunidad.
Tanto el Observatorio Ciudadano como el diputado Silber coincidieron en que este tipo de situaciones enlodan el prestigio de una institución que tardó 20 años en recuperar su credibilidad. La misma que se ha puesto a prueba en reiteradas ocasiones durante este 2011.
Después de casi dos meses, Carabineros entregó este jueves al Ministerio del Interior el informe con los antecedentes sobre la denuncia en torno a la adulteración de un parte que afectaba al hijo del ex general, Eduardo Gordon. Caso que hoy está siendo investigado por la Justicia Militar.
Y pese a que cuando se conoció el hecho – el 1 de septiembre pasado – el titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, solicitó enérgicamente un reporte de parte de la institución, ahora declinó referirse a los detalles del documento argumentando que no se puede interferir en un proceso en curso.
“Cuando la justicia inicia el conocimiento de estos hechos, a las autoridades políticas nos corresponde tomar un segundo plano y esperar la decisión final del Poder Judicial, porque es la decisión que en definitiva corresponde”, señaló el secretario de Estado.
Y la polémica ha estado marcada por señales confusas. Si bien, Gordon negó haber participado y ni siquiera haber estado al tanto del hecho, de todas formas presentó su renuncia para “proteger” a Carabineros. Mientras, los datos preliminares apuntaban al general de Orden y Seguridad, Aquiles Blu, como el responsable de haber ordenado la modificación del parte. Pero durante todo este tiempo, Blu se ha mantenido en sus funciones y su futuro recién se definirá a mediados de este mes cuando asuman los altos mandos de la policía. De hecho, Blu sonaba como el mejor candidato para suceder eventualmente a Gordon.
Por lo mismo, el diputado DC, Gabriel Silber, acusó un doble estándar en una entidad que, a su juicio, debería caracterizarse por la transparencia y probidad.
“Con este hecho se acredita que la institución hace defensas corporativas respecto a sus miembros, oculta información a la hora de proteger a los superiores jerárquicos y a cambio no rinden cuentas. Indicadores que a nuestro juicio hablan del mal desempeño de una institución que debe dar garantías de transparencia y profesionalismo a todos los sectores”, comentó el parlamentario.
Una actitud que según la experta en seguridad pública, Lucía Dammert, no es extraña dentro de un contexto donde se encubren las indiscreciones de figuras políticas y de los altos mandos. De todas formas, advirtió que tanto o más preocupante que este episodio, son las denuncias de brutalidad en contra de los movimientos sociales.
“No me sorprende el procedimiento ni que el nombre del hijo haya sido sacado del parte. Ya tuvimos el altercado del senador Girardi hace no muchos años también tratando de pasar por encima de ciertos protocolos. Dentro de los problemas que tenemos es algo importante, pero es bastante menor al abuso de la fuerza. Carabineros tendrá que responder y con el cambio de mando espero que se aclare cómo se tomó la decisión de adulterar el parte”, dijo la experta.
En la misma línea, Paulina Acevedo, representante del Observatorio Ciudadano aseguró que es desconcertante que el Ministro Hinzpeter no haya querido dar a conocer los alcances del informe “descansado” en el pronunciamiento de la Justicia sobre ello.
“Este documento llega de forma tardía y las autoridades se niegan a pronunciarse. Eso es una falta de transparencia Si un ministro pide un sumario con tanta vehemencia y luego no comunica a los ciudadanos claramente sus implicancias, es algo claramente contradictorio”, sentenció.
Además Paulina Acevedo cuestionó la idoneidad de la Justicia Militar para sancionar este hecho que, según ella, merece mucho más que una simple sanción administrativa, ya que constituye un delito que no debe quedar en la impunidad.
Tanto el Observatorio Ciudadano como el diputado Silber coincidieron en que este tipo de situaciones enlodan el prestigio de una institución que tardó 20 años en recuperar su credibilidad. La misma que se ha puesto a prueba en reiteradas ocasiones durante este 2011.
