Movidas han estado las últimas semanas en el Consejo para la Trasparencia. El pasado 28 de octubre asumió la presidencia del organismo el abogado Alejandro Ferreiro en reemplazo de Raúl Urrutia, quien finalizó su periodo dejando sobre la mesa una serie de cuestionamientos en torno a la relación del Estado con esta entidad.

Las críticas apuntaban hacia dos frentes: el bajo presupuesto que han comprometido tanto los gobiernos de Michelle Bachellet como Sebastián Piñera para el funcionamiento del consejo y la pugna por mantener la autonomía e independencia frente a decisiones que pueden perjudicar al Ejecutivo

El Consejo para la Transparencia fue creado en 2008 con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y su misión es “promover y cooperar en la construcción e institucionalización de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el derecho de acceso a la información pública de las personas”. Una iniciativa que se pensó teniendo como horizonte la modernización del Estado – requisito también para entrar a la OCDE – y de terminar con la cultura de “secretismo”, anquilosada en Chile desde la dictadura militar.

“Este Consejo ha servido para clarificar a la administración pública las causales de secreto y una nueva formulación de lo que debemos entender por lo público.  El Estado solía pensar que la información era un patrimonio propio y ahora se pasa una visión donde es considerada un patrimonio ciudadano. Los alcances de esta interpretación necesariamente implican favorecer lo público”, explica el director de la fundación ProAcceso, Moisés Sánchez.

Sin embargo, una de las piedras de tope para alcanzar este objetivo ha sido la asignación de recursos. En un principio, se había considerado un presupuesto de 3 mil millones de pesos para que el consejo empezara a funcionar, pero la Secretaría General de Gobierno (Segegob) asignó sólo mil para el primer año. La situación ofuscó a los consejeros quienes presentaron su renuncia a sólo dos meses de haber asumido el cargo. Con esta acción consiguieron que el entonces titular de la cartera, José Antonio Viera Gallo, designara 800 millones más. De todas formas, el monto se alejaba considerablemente de los 4 mil millones que el BID determinó como necesarios para que esta entidad funcionara. Para el 2012 se tienen considerados 3 mil 400 millones.

“La discusión sobre el presupuesto se vincula mucho con la autonomía e independencia de este Consejo en la medida en que se tiene que discutir anualmente su presupuesto a través de la Segpres. Eso genera un condicionamiento de la entidad a ciertos dictados políticos”, dice el director de Pro Acceso.

En esa línea, Sánchez añade que “si se analiza lo que ha pasado en las últimas semanas con los conflictos que ha habido por la resolución de temas como la transparencia de ciertos contenidos de correos electrónicos de algunas fundaciones ligadas a la Primera Dama demuestra que la fórmula que se utiliza para definir el presupuesto puede dejar un margen de duda respecto de hasta qué punto se asumido una actitud reprochadora del Estado ante esta entidad pública”.

Pero los conflictos no terminan allí. Sabida fue la tensión que se generó entre el Consejo y el Gobierno frente a la petición de dar a conocer los criterios con los que el Ministerio de Defensa determinó la compra de un puente mecano en el río Biobío, por el que se terminó sobre pagando dos millones de dólares. La repartición se negó a hacer pública esta información aduciendo razones de Seguridad del Estado, una de las causales más comunes para denegar información. Finalmente, el episodio provocó la salida del entonces titular de Defensa, Jaime Ravinet. Este caso resulta emblemático a la hora de pensar los costos políticos que pueden tener las decisiones del Consejo para la Transparencia.

En esa línea, el senador de la comisión de Constitución, Jaime Orpiz, indicó que “el Consejo está llamado a ejercer sus funciones más allá de la opinión que pueda tener cualquier poder del Estado. Aquí hemos creado una institucionalidad que esperamos se vaya cumpliendo. El Consejo tiene ciertos pronunciamientos que pueden ser observados por las distintas instancias, pero eso no lo tiene que impedir de ejercer sus funciones”.

Una de las propuestas para evitar esta situación se relaciona con otorgar un rango constitucional al Consejo y elaborar un presupuesto plurianual, que garantice la inyección de recursos de forma continua e independiente.

Candidatos en la mira

Pero las tensiones entre el Estado y el organismo también se han visto reflejadas en el proceso de renovación de los consejeros que sustituirán a Raúl Urrutia y a Juan Pablo Olmedo.

Este martes 8 de noviembre la comisión de Constitución del Senado recibirá a José María Eyzaguirre y Samuel Donoso en una sesión pública donde se determinará si son los candidatos idóneos para asumir el cargo.

Una decisión que no ha estado exenta de polémica. La trayectoria de Eyzaguirre ha sido examinada con lupa y los detractores a que ejerza como consejero han recordado su participación en la defensa de Augusto Pinochet, pero además han resaltado su postura en temas valóricos: En junio de este año escribió una carta a un medio nacional criticando el matrimonio homosexual y años atrás presentó un reclamo ante el Consejo Nacional de Televisión en contra de la serie Papavilla, argumentando que la producción ridiculizaba la postura del pontífice.

Donoso tampoco es santo de devoción de los parlamentarios. Desde la UDI ya han expresado sus reparos por la defensa que realizó al senador Guido Girardi en el caso Spiniak, que afectó directamente al gremialismo. Su nombramiento también provocó roces en el PPD, pues la presidenta de la colectividad, Carolina Tohá, no respaldaría a Donoso como opción.

Un escenario que se vuelve más complejo si se tiene en cuenta que se necesitan 2/3 del Senado para dar luz verde a la integración de los juristas al Consejo.

“Los nombres que se han planteado como posibles candidatos a juicio de la opinión pública no son coherentes con la adhesión a la cultura de transparencia. Con esto no pretendo cuestionar lo que hayan hecho en su desarrollo profesional, pero creemos que debe haber una inclinación por personas que tengan una capacidad de transversalidad y de respeto por todos los sectores que, al parecer, en este caso no se está dando”, dijo Moisés Sánchez.

El abogado recordó que cuando surgió la Ley de Transparencia uno de los elementos claves para elegir a los integrantes del Consejo era que tuvieran una trayectoria de respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género y de liderazgo para promover cambios, además de conflictos de intereses controlados.

Por lo mismo, y adelantándose a cualquier eventualidad en el Ejecutivo ya barajan otros nombres como José Zalaquett, José Luis Santa María y Luis Sierra.

Las distintas organizaciones ya han enviado una serie de preguntas a los parlamentarios y en la sesión podrán participar representantes de la ciudadanía y será totalmente abierta a la prensa.