La junta de acreedores de La Polar aceptó el convenio preventivo judicial, eludiendo una quiebra de la multitienda por los 900 millones de dólares que suma el compromiso con propietarios de sus bonos. Esta deuda se pagará por cuotas semestrales entre 2012 y 2022, abarcando un 44 por ciento. El otro 56 por ciento será liquidado en una cuota, el año 2032.
Los tenedores de bonos, principalmente AFP, son titulares de un 60 por ciento de la deuda, que asciende a unos 430 mil millones de pesos. Extensas juntas permitieron la aprobación de un plan preventivo que, según sus directivos, será un renacer de la multitienda.
En esta línea, Tomás Fabres, director de la Fundación Chile Ciudadano y abogado de un millar de víctimas del fraude, indicó que la defensa espera avanzar en compensaciones económicas a los afectados, más allá de lo que significa buscar cárcel para los responsables. El abogado pidió aceleración de los procesos, y sostuvo que la justicia “para ser tal, tiene que ser oportuna”.
“El inicio de los procesos penales es necesario y bueno para la sociedad, de momento en que si se acreditan delitos y responsables, ellos deberán responder ante la sanción penal. Pero también sabemos que al ciudadano que fue estafado no le cambiará su situación, creemos en las acciones reparatorias indemnizatorias de naturaleza civil, más que en el espectáculo circense romano de las acciones penales que no harán que las víctimas sean indemnizadas”, sostuvo.
El abogado fue crítico con el actuar de Gobierno, ya que desde La Moneda no se emiten señales claras respecto al ilícito cometido por La Polar. Tomás Fabres emplazó al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por derivar la mano dura contra la delincuencia, hacia delitos cometidos por infractores que afectan a un millón de chilenos.
Fabres subrayó que “el ciudadano común ve cómo se persigue con mayor fuerza el robo de una gargantilla en el Paseo Ahumada, pero los delitos de cuello y corbata en las grandes estafas a la autoridad le preocupan poco, mucho titular y poca acción. El ministro del Interior debiera poner especial énfasis en un delito con un millón de personas como víctima y no hacer escándalo por el lanza de la calle que produce menor daño social”.
El director del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, profesor Vivian Bullemore, apuntó que inevitablemente estos casos urgen por modificaciones legales y figuras penales, y subrayó sobre el papel de entidades fiscalizadoras.
El académico de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios señaló que “la reacción más inmediata de la justicia está bien que la espere la gente, pero antes de la justicia tiene que haber una actuación más drástica de organismos administrativos como la Superintendencia de Bancos, la de Valores y Seguros, la de Sociedades Anónimas. En el plano administrativo debe haber una actuación inmediata, después de eso y con las renuncias respectivas, empieza a moverse el aparato judicial”.
En el plano judicial, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte estudia la formalización de cinco ejecutivos de La Polar, quienes serían encausados por otorgamiento de créditos fraudulentos, uso de información privilegiada y entrega de información falsa al mercado sobre el efectivo estado de las finanzas de la compañía.
La Polar lentamente se recupera y espera para este año sumar ventas por 22 mil millones de pesos, una situación que recuerda lo ocurrido en 2008, luego de la denuncia de colusión de las principales cadenas farmacéuticas del país, cuyo plazo de investigación fue recientemente aplazado por otros cuatro meses.
La junta de acreedores de La Polar aceptó el convenio preventivo judicial, eludiendo una quiebra de la multitienda por los 900 millones de dólares que suma el compromiso con propietarios de sus bonos. Esta deuda se pagará por cuotas semestrales entre 2012 y 2022, abarcando un 44 por ciento. El otro 56 por ciento será liquidado en una cuota, el año 2032.
Los tenedores de bonos, principalmente AFP, son titulares de un 60 por ciento de la deuda, que asciende a unos 430 mil millones de pesos. Extensas juntas permitieron la aprobación de un plan preventivo que, según sus directivos, será un renacer de la multitienda.
En esta línea, Tomás Fabres, director de la Fundación Chile Ciudadano y abogado de un millar de víctimas del fraude, indicó que la defensa espera avanzar en compensaciones económicas a los afectados, más allá de lo que significa buscar cárcel para los responsables. El abogado pidió aceleración de los procesos, y sostuvo que la justicia “para ser tal, tiene que ser oportuna”.
“El inicio de los procesos penales es necesario y bueno para la sociedad, de momento en que si se acreditan delitos y responsables, ellos deberán responder ante la sanción penal. Pero también sabemos que al ciudadano que fue estafado no le cambiará su situación, creemos en las acciones reparatorias indemnizatorias de naturaleza civil, más que en el espectáculo circense romano de las acciones penales que no harán que las víctimas sean indemnizadas”, sostuvo.
El abogado fue crítico con el actuar de Gobierno, ya que desde La Moneda no se emiten señales claras respecto al ilícito cometido por La Polar. Tomás Fabres emplazó al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por derivar la mano dura contra la delincuencia, hacia delitos cometidos por infractores que afectan a un millón de chilenos.
Fabres subrayó que “el ciudadano común ve cómo se persigue con mayor fuerza el robo de una gargantilla en el Paseo Ahumada, pero los delitos de cuello y corbata en las grandes estafas a la autoridad le preocupan poco, mucho titular y poca acción. El ministro del Interior debiera poner especial énfasis en un delito con un millón de personas como víctima y no hacer escándalo por el lanza de la calle que produce menor daño social”.
El director del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, profesor Vivian Bullemore, apuntó que inevitablemente estos casos urgen por modificaciones legales y figuras penales, y subrayó sobre el papel de entidades fiscalizadoras.
El académico de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios señaló que “la reacción más inmediata de la justicia está bien que la espere la gente, pero antes de la justicia tiene que haber una actuación más drástica de organismos administrativos como la Superintendencia de Bancos, la de Valores y Seguros, la de Sociedades Anónimas. En el plano administrativo debe haber una actuación inmediata, después de eso y con las renuncias respectivas, empieza a moverse el aparato judicial”.
En el plano judicial, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte estudia la formalización de cinco ejecutivos de La Polar, quienes serían encausados por otorgamiento de créditos fraudulentos, uso de información privilegiada y entrega de información falsa al mercado sobre el efectivo estado de las finanzas de la compañía.
La Polar lentamente se recupera y espera para este año sumar ventas por 22 mil millones de pesos, una situación que recuerda lo ocurrido en 2008, luego de la denuncia de colusión de las principales cadenas farmacéuticas del país, cuyo plazo de investigación fue recientemente aplazado por otros cuatro meses.
La junta de acreedores de La Polar aceptó el convenio preventivo judicial, eludiendo una quiebra de la multitienda por los 900 millones de dólares que suma el compromiso con propietarios de sus bonos. Esta deuda se pagará por cuotas semestrales entre 2012 y 2022, abarcando un 44 por ciento. El otro 56 por ciento será liquidado en una cuota, el año 2032.
Los tenedores de bonos, principalmente AFP, son titulares de un 60 por ciento de la deuda, que asciende a unos 430 mil millones de pesos. Extensas juntas permitieron la aprobación de un plan preventivo que, según sus directivos, será un renacer de la multitienda.
En esta línea, Tomás Fabres, director de la Fundación Chile Ciudadano y abogado de un millar de víctimas del fraude, indicó que la defensa espera avanzar en compensaciones económicas a los afectados, más allá de lo que significa buscar cárcel para los responsables. El abogado pidió aceleración de los procesos, y sostuvo que la justicia “para ser tal, tiene que ser oportuna”.
“El inicio de los procesos penales es necesario y bueno para la sociedad, de momento en que si se acreditan delitos y responsables, ellos deberán responder ante la sanción penal. Pero también sabemos que al ciudadano que fue estafado no le cambiará su situación, creemos en las acciones reparatorias indemnizatorias de naturaleza civil, más que en el espectáculo circense romano de las acciones penales que no harán que las víctimas sean indemnizadas”, sostuvo.
El abogado fue crítico con el actuar de Gobierno, ya que desde La Moneda no se emiten señales claras respecto al ilícito cometido por La Polar. Tomás Fabres emplazó al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por derivar la mano dura contra la delincuencia, hacia delitos cometidos por infractores que afectan a un millón de chilenos.
Fabres subrayó que “el ciudadano común ve cómo se persigue con mayor fuerza el robo de una gargantilla en el Paseo Ahumada, pero los delitos de cuello y corbata en las grandes estafas a la autoridad le preocupan poco, mucho titular y poca acción. El ministro del Interior debiera poner especial énfasis en un delito con un millón de personas como víctima y no hacer escándalo por el lanza de la calle que produce menor daño social”.
El director del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, profesor Vivian Bullemore, apuntó que inevitablemente estos casos urgen por modificaciones legales y figuras penales, y subrayó sobre el papel de entidades fiscalizadoras.
El académico de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios señaló que “la reacción más inmediata de la justicia está bien que la espere la gente, pero antes de la justicia tiene que haber una actuación más drástica de organismos administrativos como la Superintendencia de Bancos, la de Valores y Seguros, la de Sociedades Anónimas. En el plano administrativo debe haber una actuación inmediata, después de eso y con las renuncias respectivas, empieza a moverse el aparato judicial”.
En el plano judicial, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte estudia la formalización de cinco ejecutivos de La Polar, quienes serían encausados por otorgamiento de créditos fraudulentos, uso de información privilegiada y entrega de información falsa al mercado sobre el efectivo estado de las finanzas de la compañía.
La Polar lentamente se recupera y espera para este año sumar ventas por 22 mil millones de pesos, una situación que recuerda lo ocurrido en 2008, luego de la denuncia de colusión de las principales cadenas farmacéuticas del país, cuyo plazo de investigación fue recientemente aplazado por otros cuatro meses.
