Un proyecto de ley que amplíe los plazos de concesiones hasta por un año y contemple también normas técnicas para facilitar el proceso de adecuación de las radios comunitarias a los requisitos establecidos por la Ley número 20.433, son parte del principal acuerdo de los diputados de la bancada de la DC con el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton.
Esto luego de sostener una reunión ante el peligro que corren las radios comunitarias, toda vez que la nueva legislación termina con la figura de “radios de mínima cobertura” que rige hoy y contempla un breve plazo para hacer los traspasos, los que si no se realizan a tiempo, significan el fin de las concesiones y bajo este rótulo.
El concepto “radios comunitarias” excluye expresamente a las radios de dominio municipal y las que funcionan en cadena, restricciones que tienen la finalidad de que el espectro radial se otorgue realmente a las organizaciones sociales y que no lucren.
Sin embargo, estos ajustes requieren tiempo antes de que las emisoras desaparezcan, conforme lo determinó la Contraloría en una interpretación de la ley. Sobre estos se refirió el diputado Fuad Chaín, quien declaró que “la Contraloría ha sido poco diligente, se demoró y por su culpa hoy señala que deben cerrarse las radios comunitarias, algo inadmisible. Es importante que logremos la modificación legal respecto a plazo, sino seremos testigos de la muerte de radios comunitarias. Nosotros no dejaremos que cierren, no permitiremos que quienes no tengan concesión por una demora del Estado, terminen siendo perseguidos por esta irresponsabilidad”.
El diputado advirtió que la presencia de las radios comunitarias es esencial para la profundización de la democracia y la participación ciudadana y añadió que además, en algunas zonas aisladas, son la única vía de comunicación entre los pobladores.
Por su parte, Perla Wilson, miembro de la mesa de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile, afirmó que con esta nueva ley no se está garantizando el deber de los Estados de regular de forma equitativa el acceso al espectro. Más en un país con una alta concentración de la propiedad como es Chile.
“Nosotros no tenemos una evaluación positiva, se lo hemos hecho ver a las autoridades anteriores y actuales. Esto transgrede cánones internacionales de Derechos Humanos, esto lo dijo el relator para la Libertad de Expresión de ONU, lo ha dicho la relatora de OEA para libertad de expresión, lo hicimos ver a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no hemos sido escuchados en el país”, sostuvo.
La especialista advirtió que la legislación tiene problemas como la falta de espectro, ya que las radios comunales contarán con menos de un cinco por ciento del espacio, una nebulosa en la ubicación en la banda FM, la prohibición de transmitir en red y un reconocimiento poco claro del actor social en las comunicaciones, entre otros temas de fondo como la necesidad de potenciar este tipo de proyectos.
La integrante de AMARC indicó que aquí se ha distorsionado el sentido, el espíritu de la legislación y añadió “el mensaje presidencial no tiene nada que ver con el articulado que se aprobó”.
Un proyecto de ley que amplíe los plazos de concesiones hasta por un año y contemple también normas técnicas para facilitar el proceso de adecuación de las radios comunitarias a los requisitos establecidos por la Ley número 20.433, son parte del principal acuerdo de los diputados de la bancada de la DC con el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton.
Esto luego de sostener una reunión ante el peligro que corren las radios comunitarias, toda vez que la nueva legislación termina con la figura de “radios de mínima cobertura” que rige hoy y contempla un breve plazo para hacer los traspasos, los que si no se realizan a tiempo, significan el fin de las concesiones y bajo este rótulo.
El concepto “radios comunitarias” excluye expresamente a las radios de dominio municipal y las que funcionan en cadena, restricciones que tienen la finalidad de que el espectro radial se otorgue realmente a las organizaciones sociales y que no lucren.
Sin embargo, estos ajustes requieren tiempo antes de que las emisoras desaparezcan, conforme lo determinó la Contraloría en una interpretación de la ley. Sobre estos se refirió el diputado Fuad Chaín, quien declaró que “la Contraloría ha sido poco diligente, se demoró y por su culpa hoy señala que deben cerrarse las radios comunitarias, algo inadmisible. Es importante que logremos la modificación legal respecto a plazo, sino seremos testigos de la muerte de radios comunitarias. Nosotros no dejaremos que cierren, no permitiremos que quienes no tengan concesión por una demora del Estado, terminen siendo perseguidos por esta irresponsabilidad”.
El diputado advirtió que la presencia de las radios comunitarias es esencial para la profundización de la democracia y la participación ciudadana y añadió que además, en algunas zonas aisladas, son la única vía de comunicación entre los pobladores.
Por su parte, Perla Wilson, miembro de la mesa de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile, afirmó que con esta nueva ley no se está garantizando el deber de los Estados de regular de forma equitativa el acceso al espectro. Más en un país con una alta concentración de la propiedad como es Chile.
“Nosotros no tenemos una evaluación positiva, se lo hemos hecho ver a las autoridades anteriores y actuales. Esto transgrede cánones internacionales de Derechos Humanos, esto lo dijo el relator para la Libertad de Expresión de ONU, lo ha dicho la relatora de OEA para libertad de expresión, lo hicimos ver a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no hemos sido escuchados en el país”, sostuvo.
La especialista advirtió que la legislación tiene problemas como la falta de espectro, ya que las radios comunales contarán con menos de un cinco por ciento del espacio, una nebulosa en la ubicación en la banda FM, la prohibición de transmitir en red y un reconocimiento poco claro del actor social en las comunicaciones, entre otros temas de fondo como la necesidad de potenciar este tipo de proyectos.
La integrante de AMARC indicó que aquí se ha distorsionado el sentido, el espíritu de la legislación y añadió “el mensaje presidencial no tiene nada que ver con el articulado que se aprobó”.
Un proyecto de ley que amplíe los plazos de concesiones hasta por un año y contemple también normas técnicas para facilitar el proceso de adecuación de las radios comunitarias a los requisitos establecidos por la Ley número 20.433, son parte del principal acuerdo de los diputados de la bancada de la DC con el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton.
Esto luego de sostener una reunión ante el peligro que corren las radios comunitarias, toda vez que la nueva legislación termina con la figura de “radios de mínima cobertura” que rige hoy y contempla un breve plazo para hacer los traspasos, los que si no se realizan a tiempo, significan el fin de las concesiones y bajo este rótulo.
El concepto “radios comunitarias” excluye expresamente a las radios de dominio municipal y las que funcionan en cadena, restricciones que tienen la finalidad de que el espectro radial se otorgue realmente a las organizaciones sociales y que no lucren.
Sin embargo, estos ajustes requieren tiempo antes de que las emisoras desaparezcan, conforme lo determinó la Contraloría en una interpretación de la ley. Sobre estos se refirió el diputado Fuad Chaín, quien declaró que “la Contraloría ha sido poco diligente, se demoró y por su culpa hoy señala que deben cerrarse las radios comunitarias, algo inadmisible. Es importante que logremos la modificación legal respecto a plazo, sino seremos testigos de la muerte de radios comunitarias. Nosotros no dejaremos que cierren, no permitiremos que quienes no tengan concesión por una demora del Estado, terminen siendo perseguidos por esta irresponsabilidad”.
El diputado advirtió que la presencia de las radios comunitarias es esencial para la profundización de la democracia y la participación ciudadana y añadió que además, en algunas zonas aisladas, son la única vía de comunicación entre los pobladores.
Por su parte, Perla Wilson, miembro de la mesa de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile, afirmó que con esta nueva ley no se está garantizando el deber de los Estados de regular de forma equitativa el acceso al espectro. Más en un país con una alta concentración de la propiedad como es Chile.
“Nosotros no tenemos una evaluación positiva, se lo hemos hecho ver a las autoridades anteriores y actuales. Esto transgrede cánones internacionales de Derechos Humanos, esto lo dijo el relator para la Libertad de Expresión de ONU, lo ha dicho la relatora de OEA para libertad de expresión, lo hicimos ver a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no hemos sido escuchados en el país”, sostuvo.
La especialista advirtió que la legislación tiene problemas como la falta de espectro, ya que las radios comunales contarán con menos de un cinco por ciento del espacio, una nebulosa en la ubicación en la banda FM, la prohibición de transmitir en red y un reconocimiento poco claro del actor social en las comunicaciones, entre otros temas de fondo como la necesidad de potenciar este tipo de proyectos.
La integrante de AMARC indicó que aquí se ha distorsionado el sentido, el espíritu de la legislación y añadió “el mensaje presidencial no tiene nada que ver con el articulado que se aprobó”.
