Una serie de cambios estructurales al mercado eléctrico planteó la Comisión Ciudadana en este informe, que fue elaborado por distintas organizaciones sociales, académicos y figuras del mundo político, a raíz de las críticas por la imparcialidad de la Comisión Presidencial Asesora para el Desarrollo Eléctrico.
El informe contenido en el libro “Chile necesita una gran reforma energética” realiza un duro diagnóstico que apunta a una verdadera crisis en nuestro actual sistema energético.
La Directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, apuntó que “los puntos principales de la propuesta son reformas estructurales al mercado eléctrico, que hoy encadena al país a un desarrollo caro y sucio, con combustibles fósiles y conflictos territoriales, inseguro y vulnerable. La comisión planteó la concentración del sector, cuatro empresas que dominan el sistema”.
La ecologista indicó que en Chile el mercado lo dominan Endesa, Colbún, Gener y CL en el norte. Con esto, las otras empresas no alcanzan ni siquiera a un siete por ciento de la generación, con lo que se configura un oligopolio de estos conglomerados, que han orientado la matriz hacia una excesiva carbonización. “Hoy casi el 60 por ciento del Sistema Central y 99,6 por ciento del Sistema del Norte Grande es a combustibles fósiles”, afirmó la especialista.
Después de Uruguay, Chile es el país con mayores costos en América Latina, lo que genera un problema de competitividad para muchos sectores, entre ellos pymes y el sector agrícola. El sistema es caro porque se construyen centrales a petróleo, un sobreprecio que deja enormes ganancias a las empresas y fuertes prejuicios a la población, “prácticamente es un fraude como lo es La Polar en el comercio”, indicó Sara Larraín.
Estas empresas dominan la operación del sistema a través del Centro Económico de Despacho de Carga (CEDC), donde no hay representación del Estado, generan, comercializan y despachan la energía. Por esto, Rodrigo García, Presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA), sostuvo que el Estado debe recuperar su rol conductor en esta materia.
García declaró que “el Estado debe intervenir la política energética, no puede estar cien por ciento al mercado. Debe haber una orientación estatal, el sistema legal requiere de modificaciones”.
Entre las propuestas de esta comisión está independizar el CEDC, generar una institucionalidad pública para la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, cambiar los sistemas de licitación para desconcentrar la propiedad y cobrar un impuesto específico a las centrales termoeléctricas.
Entre las líneas de apoyo destaca el proyecto de ley que establece un 20 por ciento de la matriz energética con energías renovables no convencionales al año 2020, e incluir en la evaluación económica de proyectos los costos indirectos, como los daños a la salud humana y al medioambiente.
Una serie de cambios estructurales al mercado eléctrico planteó la Comisión Ciudadana en este informe, que fue elaborado por distintas organizaciones sociales, académicos y figuras del mundo político, a raíz de las críticas por la imparcialidad de la Comisión Presidencial Asesora para el Desarrollo Eléctrico.
El informe contenido en el libro “Chile necesita una gran reforma energética” realiza un duro diagnóstico que apunta a una verdadera crisis en nuestro actual sistema energético.
La Directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, apuntó que “los puntos principales de la propuesta son reformas estructurales al mercado eléctrico, que hoy encadena al país a un desarrollo caro y sucio, con combustibles fósiles y conflictos territoriales, inseguro y vulnerable. La comisión planteó la concentración del sector, cuatro empresas que dominan el sistema”.
La ecologista indicó que en Chile el mercado lo dominan Endesa, Colbún, Gener y CL en el norte. Con esto, las otras empresas no alcanzan ni siquiera a un siete por ciento de la generación, con lo que se configura un oligopolio de estos conglomerados, que han orientado la matriz hacia una excesiva carbonización. “Hoy casi el 60 por ciento del Sistema Central y 99,6 por ciento del Sistema del Norte Grande es a combustibles fósiles”, afirmó la especialista.
Después de Uruguay, Chile es el país con mayores costos en América Latina, lo que genera un problema de competitividad para muchos sectores, entre ellos pymes y el sector agrícola. El sistema es caro porque se construyen centrales a petróleo, un sobreprecio que deja enormes ganancias a las empresas y fuertes prejuicios a la población, “prácticamente es un fraude como lo es La Polar en el comercio”, indicó Sara Larraín.
Estas empresas dominan la operación del sistema a través del Centro Económico de Despacho de Carga (CEDC), donde no hay representación del Estado, generan, comercializan y despachan la energía. Por esto, Rodrigo García, Presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA), sostuvo que el Estado debe recuperar su rol conductor en esta materia.
García declaró que “el Estado debe intervenir la política energética, no puede estar cien por ciento al mercado. Debe haber una orientación estatal, el sistema legal requiere de modificaciones”.
Entre las propuestas de esta comisión está independizar el CEDC, generar una institucionalidad pública para la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, cambiar los sistemas de licitación para desconcentrar la propiedad y cobrar un impuesto específico a las centrales termoeléctricas.
Entre las líneas de apoyo destaca el proyecto de ley que establece un 20 por ciento de la matriz energética con energías renovables no convencionales al año 2020, e incluir en la evaluación económica de proyectos los costos indirectos, como los daños a la salud humana y al medioambiente.
Una serie de cambios estructurales al mercado eléctrico planteó la Comisión Ciudadana en este informe, que fue elaborado por distintas organizaciones sociales, académicos y figuras del mundo político, a raíz de las críticas por la imparcialidad de la Comisión Presidencial Asesora para el Desarrollo Eléctrico.
El informe contenido en el libro “Chile necesita una gran reforma energética” realiza un duro diagnóstico que apunta a una verdadera crisis en nuestro actual sistema energético.
La Directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, apuntó que “los puntos principales de la propuesta son reformas estructurales al mercado eléctrico, que hoy encadena al país a un desarrollo caro y sucio, con combustibles fósiles y conflictos territoriales, inseguro y vulnerable. La comisión planteó la concentración del sector, cuatro empresas que dominan el sistema”.
La ecologista indicó que en Chile el mercado lo dominan Endesa, Colbún, Gener y CL en el norte. Con esto, las otras empresas no alcanzan ni siquiera a un siete por ciento de la generación, con lo que se configura un oligopolio de estos conglomerados, que han orientado la matriz hacia una excesiva carbonización. “Hoy casi el 60 por ciento del Sistema Central y 99,6 por ciento del Sistema del Norte Grande es a combustibles fósiles”, afirmó la especialista.
Después de Uruguay, Chile es el país con mayores costos en América Latina, lo que genera un problema de competitividad para muchos sectores, entre ellos pymes y el sector agrícola. El sistema es caro porque se construyen centrales a petróleo, un sobreprecio que deja enormes ganancias a las empresas y fuertes prejuicios a la población, “prácticamente es un fraude como lo es La Polar en el comercio”, indicó Sara Larraín.
Estas empresas dominan la operación del sistema a través del Centro Económico de Despacho de Carga (CEDC), donde no hay representación del Estado, generan, comercializan y despachan la energía. Por esto, Rodrigo García, Presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA), sostuvo que el Estado debe recuperar su rol conductor en esta materia.
García declaró que “el Estado debe intervenir la política energética, no puede estar cien por ciento al mercado. Debe haber una orientación estatal, el sistema legal requiere de modificaciones”.
Entre las propuestas de esta comisión está independizar el CEDC, generar una institucionalidad pública para la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, cambiar los sistemas de licitación para desconcentrar la propiedad y cobrar un impuesto específico a las centrales termoeléctricas.
Entre las líneas de apoyo destaca el proyecto de ley que establece un 20 por ciento de la matriz energética con energías renovables no convencionales al año 2020, e incluir en la evaluación económica de proyectos los costos indirectos, como los daños a la salud humana y al medioambiente.
