Un sector de la población de esas dos entidades, así como diversos dirigentes agrarios y de los sindicatos, rompieron así con los dirigentes locales acusándolos de traicionarlos con el acuerdo firmado el viernes y llamaron a radicalizar la protesta.

Tras 10 días de huelga en la provincia de Apurímac, en el sudeste del país, los líderes de la movilización exigieron a las autoridades un decreto supremo para declarar zona de exclusión minera a las ciudades Andahuaylas y Chincheros, territorios donde la actividad predominante es la agropecuaria. Con esta acción, los dirigentes desconocieron el acta firmada por los ministros de Agricultura y Energía y Minas, así como de las autoridades locales el viernes.

“Las masas quieren que el paro continúe en rechazo a la actividad minera” dijo el sábado Abel Ortega, dirigente de los movilizados en Andahuaylas.

De su lado el conocido líder campesino local, Germán Altamirano Zúñiga dijo a RFI que los pobladores están indignados y que esta gran movilización se hace en defensa del agua y de la cabecera de cuenca más importante de la zona que abastece a cuatro provincias.

“Los gobiernos de Fujimori, Toledo y García otorgaron concesiones para la explotación minera en esta zona sin consultar previamente a las comunidades andinas. Se ha concesionado el 54% del territorio en esta zona, lo que pone en peligro a las 98 comunidades campesinas en estas dos provincias”, explicó Altamirano.

Según los habitantes movilizados de la zona, los proyectos mineros que impulsa también el actual gobierno de Ollanta Humala contaminarán las fuentes de agua, afectando las actividades ganadera y agrícola.

En Andahuaylas, más 30 personas resultaron heridas, entre ellas policías y manifestantes, en los enfrentamientos de los últimos días.