Los espacios privados pertenecen al ámbito familiar. Pero, para los sectores más pobres, el espacio privado no alcanza para contener las necesidades espaciales de la familia. Por lo tanto, el lugar natural de extensión de la vida familiar debería ser el espacio público.

La política habitacional de estos últimos años, si bien exitosa desde el punto de vista cuantitativo, ha sido un fracaso rotundo al considerar su localización (en los extramuros de la ciudad), y en la cantidad y la calidad del espacio público.

La ciudad es un espacio limitado. Por lo tanto, el uso del espacio público debe ser producto de un acuerdo social, en el cual deben participar todos los habitantes, para lo cual las autoridades deben asegurar que en este acuerdo participen en igualdad de condiciones los más débiles, especialmente los más pobres.

No olvidemos que se corre el peligro que, por considerar al espacio público como un espacio que pertenece a todos, se considere que no pertenece a nadie, y por lo tanto se lo apropien los más fuertes.

El espacio público constituye el ámbito natural de lo social, de lo colectivo, donde dentro de un ámbito limitado, pero importante, se puede disputar pacífica y civilizadamente su uso. Por ello que es antidemocrático cuando uno solo de los actores hegemoniza el uso del espacio público. Es en este momento en que la autoridad debe ejercer su poder para garantizar que todos los habitantes de las ciudades chilenas, especialmente los más pobres, puedan disponer, usar y disfrutar de un espacio público de calidad.

Esta tensión entre distintos actores urbanos se refleja con trágica claridad en el baleo en el Transantiago que dejó dos muertos, entre ellos un niño, pero también se refleja en otros varios ámbitos de la actividad urbana. Tal es el caso, entre otros, de la delincuencia (ligados al microtráfico), en detrimento de los pobladores; los vendedores ambulantes, en perjuicio del libre uso de los espacios públicos de los peatones y de la gente común; los automovilistas en detrimento de la locomoción colectiva, de los peatones y de los ciclistas, etc.

Todo lo anterior ocurre en medio de estridentes y mediáticas manifestaciones de las autoridades, pero con un cómplice silencio en lo que se refiere a políticas sociales reales, que apunten al meollo del problema (lucro, segregación, falta de planificación, etc.). En todos los casos mencionados, estamos en presencia de una usurpación, por parte de grupos poderosos, en el uso del espacio público de la ciudad y de un deterioro permanente de los derechos de la mayoría de los habitantes: los más débiles.

Es por esta razón que la acción del Estado, como garante del bien común, debería permitir, promover y asegurar a toda la población el uso y goce de toda la ciudad, de tal manera de asegurar una convivencia urbana más democrática, segura, saludable y económicamente sustentable.