Durante la mañana de este jueves se espera que la Contraloría General de la Republica  de a conocer  su informe acerca de la legalidad del Plan Salvemos el Año escolar, el que ha sido cuestionado por profesores, apoderados y parlamentarios.

La información fue dada a conocer por Dafne Concha, presidenta de la Coordinadora  de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, luego de reunirse con  el equipo jurídico de Contraloría. La dirigenta explicó  que sólo falta que el informe sea firmado por el Contralor Ramiro Mendoza.

La vocera de los apoderados indicó  que una vez conocido el resultado podran determinar las estrategias a seguir. “Con esta resolución esperamos tener claridad respecto del marco jurídico del plan Salvemos el Año Escolar porque de ello dependen las acciones que podamos realizar para poder analizar qué es lo conveniente en el caso de los 50 mil estudiantes que no se han inscrito en este programa. Todo va a depender de esta resolución y de lo que ahí esté escrito. Hay distintos caminos legales  y figuras que se pueden utilizar, pero todo depende de la letra que está escrita”, afirmó.

Dafne Concha recordó que desde que se anunció este plan, el ministerio de Educación jamás respondió a sus múltiples inquietudes sobre la legalidad y las formas de implementarlo.“Nos parecía que no tenía sustento legal. No encontramos cuáles eran los decretos, cómo se iba a normar la toma de exámenes y el proceso de repitencia. Es decir, hay una serie de cosas sobre las que no tenemos idea. Ya estamos en noviembre y ni siquiera el ministerio nos ha entregado respuestas”, denunció.

Los apoderados fueron acompañados por los diputados, Sergio Aguiló y Hugo Gutiérrez. Este último indicó que una vez despejada la posición de la Contraloría solicitarán la nulidad del plan o, en su defecto, apoyarán  legalmente a los estudiantes afectados.

“El Gobierno tendrá que ser interpelado por el dictamen a fin de que corrija lo que a nuestro entender es una irregularidad legal. Si es que es adverso, presentaremos las acciones legales de rigor para defender a los jóvenes que han estado manifestándose y que no se han querido acoger a este plan”, precisó el legislador.

Son cerca de 50 mil  los estudiantes que no aceptaron inscribirse en el Plan Salvemos el Año Escolar, por considerarlo una maniobra para debilitar el movimiento. Además junto a profesores y apoderados señalan que esta iniciativa  sobrepasa las atribuciones del Ministerio de Educación, debido a que los Consejos escolares y los directores de los establecimientos son quienes pueden determinar quien reprueba cuando no cumple todos los requisitos formales de asistencia.