El histórico proceso de exhumación comenzó muy temprano con el ministro en Visita Manuel Valderrama a la cabeza, y sin la presencia de la madre de la víctima, Paola Papi, quien prefirió no participar debido a la carga emocional que significa. Sin embargo, su hermano Mario Papi llegó al peritaje a representar a la familia.
El director del SML, Patricio Bustos, indicó que el cuerpo de Rodrigo Anfruns ingresó al Servicio a las 11.30 horas del miércoles y que está todo dispuesto para realizar las pericias, pese a las complejidades que representa examinar un cuerpo de tan larga data de muerte.
“El cuerpo del pequeño ingresó al Servicio y está depositado en la Unidad Especial de Identificación Forense, en un laboratorio de antropología especialmente destinado para las pericias que hoy comienzan. Es complejo pero en muchos casos, incluso en víctimas de las dictaduras, logramos identificaciones y determinar en casos extremadamente complejos la causa de muerte”, indicó Bustos.
Recordemos que esta diligencia se solicitó después de que se conociera nueva información sobre este caso, ocurrido el año 1979. Según un informe elaborado por la perito Carmen Cerda, el menor fue raptado, mientras que su data de muerte no superó las 72 horas antes de ser hallado por efectivos de Carabineros, cuya versión siempre ha sido cuestionada por una serie de contradicciones.
Los análisis de la profesional arrojaron también que el menor habría sido víctima de torturas durante su cautiverio, por lo que una de las razones de esta operación es determinar las causales exactas de la muerte. Si bien se sabe que fue por asfixia, se trata de precisar las razones.
Ante ello, el abogado de la familia, Roberto Celedón, declaró que “esperamos que sea una experiencia positiva, el informe de autopsia describe la causa de muerte como estado sin precisión del mecanismo de asfixia. Determinado el mecanismo, podría dar más luces respecto a quiénes son los responsables. Se ordenó periciar las uñas del niño, para saber si hay material orgánico genético de quienes estaban provocando su muerte”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Celedón reiteró su disposición de presentar una querella “con nombre y apellido” contra una decena de implicados en el caso, entre ellos encubridores, partícipes y copartícipes del asesinato del menor de tan sólo seis años, descartando de plano la versión oficial que dio por autor a un joven de dieciséis años de iniciales PPV.
“Creemos que hay elementos suficientes como para determinar niveles de responsabilidad en los delitos de los que el niño fue víctima, secuestro, tortura y homicidio. Hay bastantes personas identificadas que tuvieron relación directa con el caso, incluidos agentes de seguridad de la CNI, entonces insistiremos sobre ese punto en su momento”, apuntó el abogado.
Celedón añadió que la tesis que manejan es que el crimen correspondió a una disputa entre miembros de distintos organismos de seguridad de la dictadura, supuestamente Investigaciones y la CNI, en medio de negocios ilícitos. Así, Patricio Pincheira, quien hoy tiene 48 años, habría sido obligado a inculparse del homicidio, testificando el pasado tres de noviembre que él también fue víctima de tortura.
Por su parte, el juez Manuel Valderrama indicó que no se ha dispuesto un plazo para la entrega de resultados, pero sí se va a conversar con los peritos para que realicen el trabajo de forma breve. En tanto, el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, afirmó que, en el curso de esta semana, ya podrían estar en condiciones de entregarle al ministro un calendario del trabajo, el que contempla una radiografía de la urna, clasificación de los restos y los distintos tipos de análisis, información que no se conocerá hasta, al menos, un mes.
El histórico proceso de exhumación comenzó muy temprano con el ministro en Visita Manuel Valderrama a la cabeza, y sin la presencia de la madre de la víctima, Paola Papi, quien prefirió no participar debido a la carga emocional que significa. Sin embargo, su hermano Mario Papi llegó al peritaje a representar a la familia.
El director del SML, Patricio Bustos, indicó que el cuerpo de Rodrigo Anfruns ingresó al Servicio a las 11.30 horas del miércoles y que está todo dispuesto para realizar las pericias, pese a las complejidades que representa examinar un cuerpo de tan larga data de muerte.
“El cuerpo del pequeño ingresó al Servicio y está depositado en la Unidad Especial de Identificación Forense, en un laboratorio de antropología especialmente destinado para las pericias que hoy comienzan. Es complejo pero en muchos casos, incluso en víctimas de las dictaduras, logramos identificaciones y determinar en casos extremadamente complejos la causa de muerte”, indicó Bustos.
Recordemos que esta diligencia se solicitó después de que se conociera nueva información sobre este caso, ocurrido el año 1979. Según un informe elaborado por la perito Carmen Cerda, el menor fue raptado, mientras que su data de muerte no superó las 72 horas antes de ser hallado por efectivos de Carabineros, cuya versión siempre ha sido cuestionada por una serie de contradicciones.
Los análisis de la profesional arrojaron también que el menor habría sido víctima de torturas durante su cautiverio, por lo que una de las razones de esta operación es determinar las causales exactas de la muerte. Si bien se sabe que fue por asfixia, se trata de precisar las razones.
Ante ello, el abogado de la familia, Roberto Celedón, declaró que “esperamos que sea una experiencia positiva, el informe de autopsia describe la causa de muerte como estado sin precisión del mecanismo de asfixia. Determinado el mecanismo, podría dar más luces respecto a quiénes son los responsables. Se ordenó periciar las uñas del niño, para saber si hay material orgánico genético de quienes estaban provocando su muerte”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Celedón reiteró su disposición de presentar una querella “con nombre y apellido” contra una decena de implicados en el caso, entre ellos encubridores, partícipes y copartícipes del asesinato del menor de tan sólo seis años, descartando de plano la versión oficial que dio por autor a un joven de dieciséis años de iniciales PPV.
“Creemos que hay elementos suficientes como para determinar niveles de responsabilidad en los delitos de los que el niño fue víctima, secuestro, tortura y homicidio. Hay bastantes personas identificadas que tuvieron relación directa con el caso, incluidos agentes de seguridad de la CNI, entonces insistiremos sobre ese punto en su momento”, apuntó el abogado.
Celedón añadió que la tesis que manejan es que el crimen correspondió a una disputa entre miembros de distintos organismos de seguridad de la dictadura, supuestamente Investigaciones y la CNI, en medio de negocios ilícitos. Así, Patricio Pincheira, quien hoy tiene 48 años, habría sido obligado a inculparse del homicidio, testificando el pasado tres de noviembre que él también fue víctima de tortura.
Por su parte, el juez Manuel Valderrama indicó que no se ha dispuesto un plazo para la entrega de resultados, pero sí se va a conversar con los peritos para que realicen el trabajo de forma breve. En tanto, el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, afirmó que, en el curso de esta semana, ya podrían estar en condiciones de entregarle al ministro un calendario del trabajo, el que contempla una radiografía de la urna, clasificación de los restos y los distintos tipos de análisis, información que no se conocerá hasta, al menos, un mes.
El histórico proceso de exhumación comenzó muy temprano con el ministro en Visita Manuel Valderrama a la cabeza, y sin la presencia de la madre de la víctima, Paola Papi, quien prefirió no participar debido a la carga emocional que significa. Sin embargo, su hermano Mario Papi llegó al peritaje a representar a la familia.
El director del SML, Patricio Bustos, indicó que el cuerpo de Rodrigo Anfruns ingresó al Servicio a las 11.30 horas del miércoles y que está todo dispuesto para realizar las pericias, pese a las complejidades que representa examinar un cuerpo de tan larga data de muerte.
“El cuerpo del pequeño ingresó al Servicio y está depositado en la Unidad Especial de Identificación Forense, en un laboratorio de antropología especialmente destinado para las pericias que hoy comienzan. Es complejo pero en muchos casos, incluso en víctimas de las dictaduras, logramos identificaciones y determinar en casos extremadamente complejos la causa de muerte”, indicó Bustos.
Recordemos que esta diligencia se solicitó después de que se conociera nueva información sobre este caso, ocurrido el año 1979. Según un informe elaborado por la perito Carmen Cerda, el menor fue raptado, mientras que su data de muerte no superó las 72 horas antes de ser hallado por efectivos de Carabineros, cuya versión siempre ha sido cuestionada por una serie de contradicciones.
Los análisis de la profesional arrojaron también que el menor habría sido víctima de torturas durante su cautiverio, por lo que una de las razones de esta operación es determinar las causales exactas de la muerte. Si bien se sabe que fue por asfixia, se trata de precisar las razones.
Ante ello, el abogado de la familia, Roberto Celedón, declaró que “esperamos que sea una experiencia positiva, el informe de autopsia describe la causa de muerte como estado sin precisión del mecanismo de asfixia. Determinado el mecanismo, podría dar más luces respecto a quiénes son los responsables. Se ordenó periciar las uñas del niño, para saber si hay material orgánico genético de quienes estaban provocando su muerte”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Celedón reiteró su disposición de presentar una querella “con nombre y apellido” contra una decena de implicados en el caso, entre ellos encubridores, partícipes y copartícipes del asesinato del menor de tan sólo seis años, descartando de plano la versión oficial que dio por autor a un joven de dieciséis años de iniciales PPV.
“Creemos que hay elementos suficientes como para determinar niveles de responsabilidad en los delitos de los que el niño fue víctima, secuestro, tortura y homicidio. Hay bastantes personas identificadas que tuvieron relación directa con el caso, incluidos agentes de seguridad de la CNI, entonces insistiremos sobre ese punto en su momento”, apuntó el abogado.
Celedón añadió que la tesis que manejan es que el crimen correspondió a una disputa entre miembros de distintos organismos de seguridad de la dictadura, supuestamente Investigaciones y la CNI, en medio de negocios ilícitos. Así, Patricio Pincheira, quien hoy tiene 48 años, habría sido obligado a inculparse del homicidio, testificando el pasado tres de noviembre que él también fue víctima de tortura.
Por su parte, el juez Manuel Valderrama indicó que no se ha dispuesto un plazo para la entrega de resultados, pero sí se va a conversar con los peritos para que realicen el trabajo de forma breve. En tanto, el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, afirmó que, en el curso de esta semana, ya podrían estar en condiciones de entregarle al ministro un calendario del trabajo, el que contempla una radiografía de la urna, clasificación de los restos y los distintos tipos de análisis, información que no se conocerá hasta, al menos, un mes.
