El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, informó este jueves en la comisión investigadora de Hidroaysén que sesiona en la Cámara Baja, que la Dirección General de Aguas (DGA) no ha respondido los oficios que manda la fiscalía solicitando transparencia en la información, por lo que cursó una multa de un millón de dólares al servicio estatal.
Así lo informó el diputado PPD Enrique Accorsi, quien junto a la parlamentaria Cristina Girardi se mostraron indignados ante las irregularidades cometidas durante este gobierno.
“Esta es la primera vez que hay sanciones entre servicios del Estado y nos parece gravísimo. Desde que llegó el ex abogado jefe de Hidroaysén a ser asesor del director general de aguas es que está sucediendo esta anomalía”, dijo Accorsi.
Según el diputado, esta irregularidad comenzó cuando el abogado Carlos Ciappa pasó a ser el asesor de la dirección de aguas en la zona. El parlamentario señaló que esta situación es grave y que debe ser investigada, no sólo sancionada.
“Creemos que es para ocultar y no cumplir con la Ley de Transparencia porque pueden haber involucradas algunas anomalías en que estuvieran incurriendo los implicados en el proyecto. Eso lo vamos a dejar en manos de los organismos competentes”, advirtió.
El tema de fondo en este conflicto es la propiedad de los derechos de agua que durante siete años fueron negados, pero que con el cambio de gobierno, la DGA otorgó sistemáticamente, y que tiene al proyecto que realizan conjuntamente las empresas Endesa y Colbún, con la propiedad del 99,7% de los derechos.
Peter Hartmann, director regional de Codeff y coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, se sumó a las críticas por el cargo que ocupa el ex abogado de Hidroaysén y señaló que el gobierno y la justicia chilena no han querido reconocer que hay un monopolio sobre los derechos del agua.
“El problema de los derechos de agua es que por más que ese Código diga que las aguas en Chile son un bien nacional común, pasan a ser un negocio porque dan los derechos y los puedes vender. Así se convierte en el mercado del agua. Está respaldado por la Constitución la propiedad al agua y eso es algo siniestro”, afirmó el dirigente.
Hartmann explica que pese a que las empresas que lideran el proyecto hidroeléctrico tienen los derechos río abajo dentro de la cuenca hidrográfica, principalmente en la confluencia del valle Chacabuco, esto impide que la comunidad utilice el agua en toda la cuenca del Baker, “lo único que se ha otorgado a un grupo reducido de personas, es que se utilice unos pocos litros por segundo en dos meses del año”, agregó el especialista en materia ambiental.
Un escenario complejo, teniendo en cuenta que la justicia también ha seguido una línea. De hecho, el pasado mes de octubre la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de reclamación presentados por grupos ambientalistas que buscaban impugnar los derechos de agua existentes sobre el río Baker.
Los parlamentarios van a entregar los antecedentes a Contraloría por este caso en el que la DGA tiene derecho a apelar, y queda pendiente si la multa cursada por la Fiscalía Nacional Económica se hace efectiva o si se presenta algún recurso legal.
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, informó este jueves en la comisión investigadora de Hidroaysén que sesiona en la Cámara Baja, que la Dirección General de Aguas (DGA) no ha respondido los oficios que manda la fiscalía solicitando transparencia en la información, por lo que cursó una multa de un millón de dólares al servicio estatal.
Así lo informó el diputado PPD Enrique Accorsi, quien junto a la parlamentaria Cristina Girardi se mostraron indignados ante las irregularidades cometidas durante este gobierno.
“Esta es la primera vez que hay sanciones entre servicios del Estado y nos parece gravísimo. Desde que llegó el ex abogado jefe de Hidroaysén a ser asesor del director general de aguas es que está sucediendo esta anomalía”, dijo Accorsi.
Según el diputado, esta irregularidad comenzó cuando el abogado Carlos Ciappa pasó a ser el asesor de la dirección de aguas en la zona. El parlamentario señaló que esta situación es grave y que debe ser investigada, no sólo sancionada.
“Creemos que es para ocultar y no cumplir con la Ley de Transparencia porque pueden haber involucradas algunas anomalías en que estuvieran incurriendo los implicados en el proyecto. Eso lo vamos a dejar en manos de los organismos competentes”, advirtió.
El tema de fondo en este conflicto es la propiedad de los derechos de agua que durante siete años fueron negados, pero que con el cambio de gobierno, la DGA otorgó sistemáticamente, y que tiene al proyecto que realizan conjuntamente las empresas Endesa y Colbún, con la propiedad del 99,7% de los derechos.
Peter Hartmann, director regional de Codeff y coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, se sumó a las críticas por el cargo que ocupa el ex abogado de Hidroaysén y señaló que el gobierno y la justicia chilena no han querido reconocer que hay un monopolio sobre los derechos del agua.
“El problema de los derechos de agua es que por más que ese Código diga que las aguas en Chile son un bien nacional común, pasan a ser un negocio porque dan los derechos y los puedes vender. Así se convierte en el mercado del agua. Está respaldado por la Constitución la propiedad al agua y eso es algo siniestro”, afirmó el dirigente.
Hartmann explica que pese a que las empresas que lideran el proyecto hidroeléctrico tienen los derechos río abajo dentro de la cuenca hidrográfica, principalmente en la confluencia del valle Chacabuco, esto impide que la comunidad utilice el agua en toda la cuenca del Baker, “lo único que se ha otorgado a un grupo reducido de personas, es que se utilice unos pocos litros por segundo en dos meses del año”, agregó el especialista en materia ambiental.
Un escenario complejo, teniendo en cuenta que la justicia también ha seguido una línea. De hecho, el pasado mes de octubre la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de reclamación presentados por grupos ambientalistas que buscaban impugnar los derechos de agua existentes sobre el río Baker.
Los parlamentarios van a entregar los antecedentes a Contraloría por este caso en el que la DGA tiene derecho a apelar, y queda pendiente si la multa cursada por la Fiscalía Nacional Económica se hace efectiva o si se presenta algún recurso legal.
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, informó este jueves en la comisión investigadora de Hidroaysén que sesiona en la Cámara Baja, que la Dirección General de Aguas (DGA) no ha respondido los oficios que manda la fiscalía solicitando transparencia en la información, por lo que cursó una multa de un millón de dólares al servicio estatal.
Así lo informó el diputado PPD Enrique Accorsi, quien junto a la parlamentaria Cristina Girardi se mostraron indignados ante las irregularidades cometidas durante este gobierno.
“Esta es la primera vez que hay sanciones entre servicios del Estado y nos parece gravísimo. Desde que llegó el ex abogado jefe de Hidroaysén a ser asesor del director general de aguas es que está sucediendo esta anomalía”, dijo Accorsi.
Según el diputado, esta irregularidad comenzó cuando el abogado Carlos Ciappa pasó a ser el asesor de la dirección de aguas en la zona. El parlamentario señaló que esta situación es grave y que debe ser investigada, no sólo sancionada.
“Creemos que es para ocultar y no cumplir con la Ley de Transparencia porque pueden haber involucradas algunas anomalías en que estuvieran incurriendo los implicados en el proyecto. Eso lo vamos a dejar en manos de los organismos competentes”, advirtió.
El tema de fondo en este conflicto es la propiedad de los derechos de agua que durante siete años fueron negados, pero que con el cambio de gobierno, la DGA otorgó sistemáticamente, y que tiene al proyecto que realizan conjuntamente las empresas Endesa y Colbún, con la propiedad del 99,7% de los derechos.
Peter Hartmann, director regional de Codeff y coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, se sumó a las críticas por el cargo que ocupa el ex abogado de Hidroaysén y señaló que el gobierno y la justicia chilena no han querido reconocer que hay un monopolio sobre los derechos del agua.
“El problema de los derechos de agua es que por más que ese Código diga que las aguas en Chile son un bien nacional común, pasan a ser un negocio porque dan los derechos y los puedes vender. Así se convierte en el mercado del agua. Está respaldado por la Constitución la propiedad al agua y eso es algo siniestro”, afirmó el dirigente.
Hartmann explica que pese a que las empresas que lideran el proyecto hidroeléctrico tienen los derechos río abajo dentro de la cuenca hidrográfica, principalmente en la confluencia del valle Chacabuco, esto impide que la comunidad utilice el agua en toda la cuenca del Baker, “lo único que se ha otorgado a un grupo reducido de personas, es que se utilice unos pocos litros por segundo en dos meses del año”, agregó el especialista en materia ambiental.
Un escenario complejo, teniendo en cuenta que la justicia también ha seguido una línea. De hecho, el pasado mes de octubre la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de reclamación presentados por grupos ambientalistas que buscaban impugnar los derechos de agua existentes sobre el río Baker.
Los parlamentarios van a entregar los antecedentes a Contraloría por este caso en el que la DGA tiene derecho a apelar, y queda pendiente si la multa cursada por la Fiscalía Nacional Económica se hace efectiva o si se presenta algún recurso legal.
