La próxima semana se cumple el plazo para que el proyecto de ley que implementa la inscripción automática y el voto voluntario sea despachado por el Parlamento y esté vigente en las próximas elecciones municipales de octubre.
La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, luego de casi un año de discusión en el Senado.
Para que funcione en las municipales del 28 de octubre, la ley debe despacharse a más tardar este miércoles 30 de noviembre, para que entre en vigencia el viernes 2 de diciembre. ¿Por qué? Porque una indicación presentada por el Ejecutivo establece que la promulgación debe ser 330 días antes de las elecciones.
Una condición que se justifica también por el argumento que ha esgrimido el Servicio Electoral sobre el tiempo que necesita para que inscripción automática y voto voluntario sean una realidad.
En ese escenario, diputados de diversas bancadas han llamado a aprobar la ley rápidamente e incluso se han mostrado dispuestos a sesionar en horas extraordinarias.
El diputado RN Pedro Browne, sin embargo, consideró que el plazo es “arbitrario” y que el Servel podría comenzar a trabajar paralelamente mientras el proyecto se discute en comisiones para ser aprobado en enero. “No se puede pretender que la Cámara sea un buzón”, señaló.
Según el parlamentario, son los senadores y diputados de mayor experiencia quienes han entrampado la inscripción automática y voto voluntario en el Congreso.
“Es bastante transversal, no está la voluntad de que esto avance rápido. En el Senado fue así y en la Cámara de Diputados también vemos que hay reticencia a que avance realmente y vemos que se empiezan a generar proyectos hoy, cuando la discusión del voto voluntario ya se hizo y está en la Constitución, se ingresa un proyecto de voto obligatorio que lo único que hace es entrampar la discusión. No pongamos más discusión a una cosa que es importante que se apruebe. No hay que personalizar, pero es claro que las personas que más tiempo llevan en política no van a querer que ocurra esto, porque le van a tener más temor a los cambios”
Paralelamente, los diputados DC Jorge Burgos, René Saffirio y Víctor Torres ingresaron el jueves una propuesta de reforma constitucional para reponer el voto obligatorio, la cual encontró apoyo también en la independiente Alejandra Sepúlveda, el radical Carlos Abel Jarpa y los UDI Alberto Arenas y Gustavo Hasbún.
Según el diputado Jorge Burgos, la reforma puede verse en paralelo al proyecto de inscripción automática, de manera que no lo entorpece. El parlamentario reconoció como un error las reformas aprobadas en 2009 y dijo que el voto voluntario inhibe la participación de los sectores de menores recursos.
“El voto obligatorio es muy importante. El voto voluntario discrimina socioeconómicamente, constituye un paso más en la construcción de una sociedad segregada. Hay evidencia empírica que la opción voluntaria inhibe la participación en los procesos electorales de las personas que pertenecen a los segmentos socioeconómicos más bajos, y eso tiene muy malas consecuencias. Pocas veces he estado tan convencido del error político de proporciones que se cometió el 2009, pero también pocas veces más razonable levantar la voz y decir que la democracia es más fuerte y más sólida con todos, y no con algunos”, afirmó Burgos.
Por su parte, el subdiretor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Robert Funk, señaló que lo que está detrás de la demora en la implementación de las reformas políticas son los temores de los propios legisladores y partidos políticos.
“Ningún parlamentario lo va a decir, pero es bastante obvio que el temor que tienen es perder la pega. En este momento, gracias al sistema binominal, los partidos y los candidatos pueden predecir casi cuadra por cuadra cómo se vota. El punto es que no saben quiénes van a ir a votar y eso les causa incertidumbre laboral. Eso por el lado personal de los parlamentarios. Lo otro es el punto de vista de los partidos políticos. No sé si hay acuerdo formal o informal o simplemente están de acuerdo en los principios, de que esto no es conveniente para ellos y simplemente no lo van a sacar”, sostuvo.
Robert Funk enfatizó que los partidos deben abrir la opción de participar a una población que sí está interesada en política, como han demostrado las manifestaciones producidas en 2010. “Es curioso el modelo: en lo económico fomenta la competencia, pero en lo político, no”, concluyó.
La próxima semana se cumple el plazo para que el proyecto de ley que implementa la inscripción automática y el voto voluntario sea despachado por el Parlamento y esté vigente en las próximas elecciones municipales de octubre.
La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, luego de casi un año de discusión en el Senado.
Para que funcione en las municipales del 28 de octubre, la ley debe despacharse a más tardar este miércoles 30 de noviembre, para que entre en vigencia el viernes 2 de diciembre. ¿Por qué? Porque una indicación presentada por el Ejecutivo establece que la promulgación debe ser 330 días antes de las elecciones.
Una condición que se justifica también por el argumento que ha esgrimido el Servicio Electoral sobre el tiempo que necesita para que inscripción automática y voto voluntario sean una realidad.
En ese escenario, diputados de diversas bancadas han llamado a aprobar la ley rápidamente e incluso se han mostrado dispuestos a sesionar en horas extraordinarias.
El diputado RN Pedro Browne, sin embargo, consideró que el plazo es “arbitrario” y que el Servel podría comenzar a trabajar paralelamente mientras el proyecto se discute en comisiones para ser aprobado en enero. “No se puede pretender que la Cámara sea un buzón”, señaló.
Según el parlamentario, son los senadores y diputados de mayor experiencia quienes han entrampado la inscripción automática y voto voluntario en el Congreso.
“Es bastante transversal, no está la voluntad de que esto avance rápido. En el Senado fue así y en la Cámara de Diputados también vemos que hay reticencia a que avance realmente y vemos que se empiezan a generar proyectos hoy, cuando la discusión del voto voluntario ya se hizo y está en la Constitución, se ingresa un proyecto de voto obligatorio que lo único que hace es entrampar la discusión. No pongamos más discusión a una cosa que es importante que se apruebe. No hay que personalizar, pero es claro que las personas que más tiempo llevan en política no van a querer que ocurra esto, porque le van a tener más temor a los cambios”
Paralelamente, los diputados DC Jorge Burgos, René Saffirio y Víctor Torres ingresaron el jueves una propuesta de reforma constitucional para reponer el voto obligatorio, la cual encontró apoyo también en la independiente Alejandra Sepúlveda, el radical Carlos Abel Jarpa y los UDI Alberto Arenas y Gustavo Hasbún.
Según el diputado Jorge Burgos, la reforma puede verse en paralelo al proyecto de inscripción automática, de manera que no lo entorpece. El parlamentario reconoció como un error las reformas aprobadas en 2009 y dijo que el voto voluntario inhibe la participación de los sectores de menores recursos.
“El voto obligatorio es muy importante. El voto voluntario discrimina socioeconómicamente, constituye un paso más en la construcción de una sociedad segregada. Hay evidencia empírica que la opción voluntaria inhibe la participación en los procesos electorales de las personas que pertenecen a los segmentos socioeconómicos más bajos, y eso tiene muy malas consecuencias. Pocas veces he estado tan convencido del error político de proporciones que se cometió el 2009, pero también pocas veces más razonable levantar la voz y decir que la democracia es más fuerte y más sólida con todos, y no con algunos”, afirmó Burgos.
Por su parte, el subdiretor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Robert Funk, señaló que lo que está detrás de la demora en la implementación de las reformas políticas son los temores de los propios legisladores y partidos políticos.
“Ningún parlamentario lo va a decir, pero es bastante obvio que el temor que tienen es perder la pega. En este momento, gracias al sistema binominal, los partidos y los candidatos pueden predecir casi cuadra por cuadra cómo se vota. El punto es que no saben quiénes van a ir a votar y eso les causa incertidumbre laboral. Eso por el lado personal de los parlamentarios. Lo otro es el punto de vista de los partidos políticos. No sé si hay acuerdo formal o informal o simplemente están de acuerdo en los principios, de que esto no es conveniente para ellos y simplemente no lo van a sacar”, sostuvo.
Robert Funk enfatizó que los partidos deben abrir la opción de participar a una población que sí está interesada en política, como han demostrado las manifestaciones producidas en 2010. “Es curioso el modelo: en lo económico fomenta la competencia, pero en lo político, no”, concluyó.
La próxima semana se cumple el plazo para que el proyecto de ley que implementa la inscripción automática y el voto voluntario sea despachado por el Parlamento y esté vigente en las próximas elecciones municipales de octubre.
La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, luego de casi un año de discusión en el Senado.
Para que funcione en las municipales del 28 de octubre, la ley debe despacharse a más tardar este miércoles 30 de noviembre, para que entre en vigencia el viernes 2 de diciembre. ¿Por qué? Porque una indicación presentada por el Ejecutivo establece que la promulgación debe ser 330 días antes de las elecciones.
Una condición que se justifica también por el argumento que ha esgrimido el Servicio Electoral sobre el tiempo que necesita para que inscripción automática y voto voluntario sean una realidad.
En ese escenario, diputados de diversas bancadas han llamado a aprobar la ley rápidamente e incluso se han mostrado dispuestos a sesionar en horas extraordinarias.
El diputado RN Pedro Browne, sin embargo, consideró que el plazo es “arbitrario” y que el Servel podría comenzar a trabajar paralelamente mientras el proyecto se discute en comisiones para ser aprobado en enero. “No se puede pretender que la Cámara sea un buzón”, señaló.
Según el parlamentario, son los senadores y diputados de mayor experiencia quienes han entrampado la inscripción automática y voto voluntario en el Congreso.
“Es bastante transversal, no está la voluntad de que esto avance rápido. En el Senado fue así y en la Cámara de Diputados también vemos que hay reticencia a que avance realmente y vemos que se empiezan a generar proyectos hoy, cuando la discusión del voto voluntario ya se hizo y está en la Constitución, se ingresa un proyecto de voto obligatorio que lo único que hace es entrampar la discusión. No pongamos más discusión a una cosa que es importante que se apruebe. No hay que personalizar, pero es claro que las personas que más tiempo llevan en política no van a querer que ocurra esto, porque le van a tener más temor a los cambios”
Paralelamente, los diputados DC Jorge Burgos, René Saffirio y Víctor Torres ingresaron el jueves una propuesta de reforma constitucional para reponer el voto obligatorio, la cual encontró apoyo también en la independiente Alejandra Sepúlveda, el radical Carlos Abel Jarpa y los UDI Alberto Arenas y Gustavo Hasbún.
Según el diputado Jorge Burgos, la reforma puede verse en paralelo al proyecto de inscripción automática, de manera que no lo entorpece. El parlamentario reconoció como un error las reformas aprobadas en 2009 y dijo que el voto voluntario inhibe la participación de los sectores de menores recursos.
“El voto obligatorio es muy importante. El voto voluntario discrimina socioeconómicamente, constituye un paso más en la construcción de una sociedad segregada. Hay evidencia empírica que la opción voluntaria inhibe la participación en los procesos electorales de las personas que pertenecen a los segmentos socioeconómicos más bajos, y eso tiene muy malas consecuencias. Pocas veces he estado tan convencido del error político de proporciones que se cometió el 2009, pero también pocas veces más razonable levantar la voz y decir que la democracia es más fuerte y más sólida con todos, y no con algunos”, afirmó Burgos.
Por su parte, el subdiretor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Robert Funk, señaló que lo que está detrás de la demora en la implementación de las reformas políticas son los temores de los propios legisladores y partidos políticos.
“Ningún parlamentario lo va a decir, pero es bastante obvio que el temor que tienen es perder la pega. En este momento, gracias al sistema binominal, los partidos y los candidatos pueden predecir casi cuadra por cuadra cómo se vota. El punto es que no saben quiénes van a ir a votar y eso les causa incertidumbre laboral. Eso por el lado personal de los parlamentarios. Lo otro es el punto de vista de los partidos políticos. No sé si hay acuerdo formal o informal o simplemente están de acuerdo en los principios, de que esto no es conveniente para ellos y simplemente no lo van a sacar”, sostuvo.
Robert Funk enfatizó que los partidos deben abrir la opción de participar a una población que sí está interesada en política, como han demostrado las manifestaciones producidas en 2010. “Es curioso el modelo: en lo económico fomenta la competencia, pero en lo político, no”, concluyó.
