El Presidente Sebastián Piñera anunció esta mañana la creación de un comité asesor para mejorar la fiscalización de la libre competencia y aumentar las sanciones en estos casos.
“El Gobierno va a convocar a un grupo de trabajo que va a asesorar al Presidente de la República y al ministerio de Economía en la implementación de esta modernización de la legislación, institucionalidad y mejores prácticas, con un propósito claro fortalecer y proteger la libre competencia en nuestro país, incorporar medidas preventivas, establecer mecanismos que nos permitan detectar y sancionar los atentados contra la libre competencia con la máxima severidad”, manifestó.
El Mandatario señaló además que luego que el Tribunal de la Libre Competencia y eventualmente los tribunales de Justicia conozcan el caso, “la voluntad del Gobierno es que si se demuestra judicialmente la existencia de atentados contra la libre competencia se aplique todo el rigor y toda la severidad de la ley”.
Temprano el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a esta denuncia y calificó el cartel de las empresas productoras de pollo como “completamente repudiable, y de ser comprobado, debe ser sancionado como corresponde”.
El secretario de Estado aseguró que “el sistema está funcionando”, pero aclaró que las “investigaciones toman su tiempo”. “El Gobierno va a ir en defensa de los consumidores como corresponde”, aseveró Larraín.
Ayer, la FNE presentó un requerimiento al TDLC solicitando la multas por cien millones de dólares para las empresas productoras de pollo Ariztía, Agrosuper y Don Pollo y para la agrupación gremial que las congrega, la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA), por colusión.
De acuerdo a la denuncia del órgano fiscalizador, hace al menos una década estas empresas, que concentran más del 90 por ciento del mercado de pollo nacional, se han coludido para repartirse la producción y comercialización de esta carne, impidiendo la entrada al mercado de otros actores y vulnerando los derechos de los consumidores en un producto considerado básico dentro de la canasta familiar de los chilenos, en especial, de las familias de menores recursos.
Y los beneficios que estas compañías obtuvieron por la colusión son muchísimo mayores mayores que las sanciones que se están pidiendo. Una situación que facilita la proliferación de este delito y que perjudica a un enorme número de personas.
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, comentó que este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las personas tengan un instrumento consagrado en la ley para poder defenderse.
“Los consumidores no tenemos ningún mecanismo para poder demandar colectivamente en este caso. De hecho, el mejor antecedente es que en la colusión de las farmacias, que fue hace años atrás, hoy ninguna organización de consumidores ni el propio Sernac ha podido demandar colectivamente pidiendo compensaciones e indemnizaciones con motivo de la colusión. En este caso estamos en la misma situación. No ha habido ninguna modificación a la ley que incorpore la infracción al Decreto de Ley 211 de tal manera que se pueda demandar a estas empresas y pedir compensaciones”, sostuvo el dirigente.
Calderón añadió “las asociaciones gremiales hace muchos años se han transformado en el punto de encuentro entre los productores” y que “allí puedan tener conversaciones para repartirse el mercado, para controlarlo, asignarse cuotas y precios”. Y añadió que en este caso “la fusión de Sopraval con Agrosuper hizo más patente que no existía la competencia en este mercado, lo que facilitó detectarlos”.
Por su parte, el investigador en mercados de alimentos de la Universidad de Chile, Eugenio Figueroa, advirtió que en mercados pequeños es muy fácil coludirse y que para evitarlo se deben utilizar los instumentos para frenarlos como una regulación muy estricta y dura.
“Lo que hay es falta de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades económicas del país que son las que están mandatadas por la ciudadanía para defenderla. Por lo tanto, se deben imponer las regulaciones debidas para evitar la colusión y para que los mercados funcionen en competencia. Esa es la única manera en que realmente se genere el máximo bienestar social”, concluyó el académico.
El Presidente Sebastián Piñera anunció esta mañana la creación de un comité asesor para mejorar la fiscalización de la libre competencia y aumentar las sanciones en estos casos.
“El Gobierno va a convocar a un grupo de trabajo que va a asesorar al Presidente de la República y al ministerio de Economía en la implementación de esta modernización de la legislación, institucionalidad y mejores prácticas, con un propósito claro fortalecer y proteger la libre competencia en nuestro país, incorporar medidas preventivas, establecer mecanismos que nos permitan detectar y sancionar los atentados contra la libre competencia con la máxima severidad”, manifestó.
El Mandatario señaló además que luego que el Tribunal de la Libre Competencia y eventualmente los tribunales de Justicia conozcan el caso, “la voluntad del Gobierno es que si se demuestra judicialmente la existencia de atentados contra la libre competencia se aplique todo el rigor y toda la severidad de la ley”.
Temprano el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a esta denuncia y calificó el cartel de las empresas productoras de pollo como “completamente repudiable, y de ser comprobado, debe ser sancionado como corresponde”.
El secretario de Estado aseguró que “el sistema está funcionando”, pero aclaró que las “investigaciones toman su tiempo”. “El Gobierno va a ir en defensa de los consumidores como corresponde”, aseveró Larraín.
Ayer, la FNE presentó un requerimiento al TDLC solicitando la multas por cien millones de dólares para las empresas productoras de pollo Ariztía, Agrosuper y Don Pollo y para la agrupación gremial que las congrega, la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA), por colusión.
De acuerdo a la denuncia del órgano fiscalizador, hace al menos una década estas empresas, que concentran más del 90 por ciento del mercado de pollo nacional, se han coludido para repartirse la producción y comercialización de esta carne, impidiendo la entrada al mercado de otros actores y vulnerando los derechos de los consumidores en un producto considerado básico dentro de la canasta familiar de los chilenos, en especial, de las familias de menores recursos.
Y los beneficios que estas compañías obtuvieron por la colusión son muchísimo mayores mayores que las sanciones que se están pidiendo. Una situación que facilita la proliferación de este delito y que perjudica a un enorme número de personas.
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, comentó que este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las personas tengan un instrumento consagrado en la ley para poder defenderse.
“Los consumidores no tenemos ningún mecanismo para poder demandar colectivamente en este caso. De hecho, el mejor antecedente es que en la colusión de las farmacias, que fue hace años atrás, hoy ninguna organización de consumidores ni el propio Sernac ha podido demandar colectivamente pidiendo compensaciones e indemnizaciones con motivo de la colusión. En este caso estamos en la misma situación. No ha habido ninguna modificación a la ley que incorpore la infracción al Decreto de Ley 211 de tal manera que se pueda demandar a estas empresas y pedir compensaciones”, sostuvo el dirigente.
Calderón añadió “las asociaciones gremiales hace muchos años se han transformado en el punto de encuentro entre los productores” y que “allí puedan tener conversaciones para repartirse el mercado, para controlarlo, asignarse cuotas y precios”. Y añadió que en este caso “la fusión de Sopraval con Agrosuper hizo más patente que no existía la competencia en este mercado, lo que facilitó detectarlos”.
Por su parte, el investigador en mercados de alimentos de la Universidad de Chile, Eugenio Figueroa, advirtió que en mercados pequeños es muy fácil coludirse y que para evitarlo se deben utilizar los instumentos para frenarlos como una regulación muy estricta y dura.
“Lo que hay es falta de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades económicas del país que son las que están mandatadas por la ciudadanía para defenderla. Por lo tanto, se deben imponer las regulaciones debidas para evitar la colusión y para que los mercados funcionen en competencia. Esa es la única manera en que realmente se genere el máximo bienestar social”, concluyó el académico.
El Presidente Sebastián Piñera anunció esta mañana la creación de un comité asesor para mejorar la fiscalización de la libre competencia y aumentar las sanciones en estos casos.
“El Gobierno va a convocar a un grupo de trabajo que va a asesorar al Presidente de la República y al ministerio de Economía en la implementación de esta modernización de la legislación, institucionalidad y mejores prácticas, con un propósito claro fortalecer y proteger la libre competencia en nuestro país, incorporar medidas preventivas, establecer mecanismos que nos permitan detectar y sancionar los atentados contra la libre competencia con la máxima severidad”, manifestó.
El Mandatario señaló además que luego que el Tribunal de la Libre Competencia y eventualmente los tribunales de Justicia conozcan el caso, “la voluntad del Gobierno es que si se demuestra judicialmente la existencia de atentados contra la libre competencia se aplique todo el rigor y toda la severidad de la ley”.
Temprano el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a esta denuncia y calificó el cartel de las empresas productoras de pollo como “completamente repudiable, y de ser comprobado, debe ser sancionado como corresponde”.
El secretario de Estado aseguró que “el sistema está funcionando”, pero aclaró que las “investigaciones toman su tiempo”. “El Gobierno va a ir en defensa de los consumidores como corresponde”, aseveró Larraín.
Ayer, la FNE presentó un requerimiento al TDLC solicitando la multas por cien millones de dólares para las empresas productoras de pollo Ariztía, Agrosuper y Don Pollo y para la agrupación gremial que las congrega, la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA), por colusión.
De acuerdo a la denuncia del órgano fiscalizador, hace al menos una década estas empresas, que concentran más del 90 por ciento del mercado de pollo nacional, se han coludido para repartirse la producción y comercialización de esta carne, impidiendo la entrada al mercado de otros actores y vulnerando los derechos de los consumidores en un producto considerado básico dentro de la canasta familiar de los chilenos, en especial, de las familias de menores recursos.
Y los beneficios que estas compañías obtuvieron por la colusión son muchísimo mayores mayores que las sanciones que se están pidiendo. Una situación que facilita la proliferación de este delito y que perjudica a un enorme número de personas.
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, comentó que este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las personas tengan un instrumento consagrado en la ley para poder defenderse.
“Los consumidores no tenemos ningún mecanismo para poder demandar colectivamente en este caso. De hecho, el mejor antecedente es que en la colusión de las farmacias, que fue hace años atrás, hoy ninguna organización de consumidores ni el propio Sernac ha podido demandar colectivamente pidiendo compensaciones e indemnizaciones con motivo de la colusión. En este caso estamos en la misma situación. No ha habido ninguna modificación a la ley que incorpore la infracción al Decreto de Ley 211 de tal manera que se pueda demandar a estas empresas y pedir compensaciones”, sostuvo el dirigente.
Calderón añadió “las asociaciones gremiales hace muchos años se han transformado en el punto de encuentro entre los productores” y que “allí puedan tener conversaciones para repartirse el mercado, para controlarlo, asignarse cuotas y precios”. Y añadió que en este caso “la fusión de Sopraval con Agrosuper hizo más patente que no existía la competencia en este mercado, lo que facilitó detectarlos”.
Por su parte, el investigador en mercados de alimentos de la Universidad de Chile, Eugenio Figueroa, advirtió que en mercados pequeños es muy fácil coludirse y que para evitarlo se deben utilizar los instumentos para frenarlos como una regulación muy estricta y dura.
“Lo que hay es falta de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades económicas del país que son las que están mandatadas por la ciudadanía para defenderla. Por lo tanto, se deben imponer las regulaciones debidas para evitar la colusión y para que los mercados funcionen en competencia. Esa es la única manera en que realmente se genere el máximo bienestar social”, concluyó el académico.
