El consumo de pollo es cinco veces mayor en los hogares más pobres en relación al 20 por ciento más rico de los chilenos. Es decir, para el quintil más pobre, el pollo representa el cinco por ciento del gasto en alimentación de una familia, mientras que para el quintil de mayores recursos, significa sólo el 2,4 por ciento del gato en este ítem.
Con estas cifras, el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín le expresó al titular de Economía, Pablo Longueira, su inquietud ante la colusión de las tres empresas avícolas del país, que concentran más del 90 por ciento de la producción y comercialización de este producto en Chile.
En este sentido, Lavín solicitó al Longueira velar por la competitividad, y subrayó que “un mercado competitivo en el pollo debe reflejarse en precios favorables, algo clave en la economía de familias de menores ingresos. El mercado del pan y la carne son los más importantes de la alimentación, por lo que representan para su nivel de ingreso. El pollo es insustituible y es clave en su gasto en alimentos y en la propia dieta alimentaria”.
Por su parte, Pablo Longueira reiteró que el Gobierno hará todo lo posible por apoyar todas las medidas que permitan asegurar la libre competencia, protegiendo a los consumidores y los emprendedores.
El ministro declaró que “es vital la competencia para que lleguen buenos productos y lo más barato posible a los chilenos. Vamos a seguir investigando todas las señales que recibamos del mercado que no tengan competencia, son detectados en la Fiscalía y los chilenos tienen la tranquilidad que esta práctica será denunciada con claridad, es fundamental que la institucionalidad que garantiza la libre competencia funcione”.
El secretario de Estado adelantó que, con el regreso del Presidente Sebastián Piñera, comenzará el trabajo de una comisión que va a estudiar a fondo el tema de la libre competencia en nuestro país.
Una de las medidas que han surgido y que esta comisión también analizará dice relación con reponer las penas de cárcel a quienes se coludan para manejar ciertos mercados. Una medida que existía en Chile y que fue eliminada por el ex presidente Ricardo Lagos, que podría constituirse en una medida coercitiva para evitar abusos.
Sin embargo, las organizaciones sociales están más preocupadas de revisar las normas garantizando a los consumidores su derecho a una indemnización justa y colectiva por el daño causado.
Así lo indicó Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), quien sostuvo que “las penas de cárcel no van de ninguna manera a indemnizar al consumidor, van a castigar a los coludidos, pero el problema sigue vigente. Lo más pertinente es emprender una reforma que implique que un caso de colusión deba deducir el tribunal una indemnización para cada uno de los consumidores afectados, un enorme avance en la legislación de protección al consumidor”.
A esto se suman las peticiones de los parlamentarios de distintos sectores y también las que realizará el SERNAC, además de solicitar que se endurezcan las sanciones, todas medidas que buscan proteger a la ciudadanía y restaurar su confianza.
El consumo de pollo es cinco veces mayor en los hogares más pobres en relación al 20 por ciento más rico de los chilenos. Es decir, para el quintil más pobre, el pollo representa el cinco por ciento del gasto en alimentación de una familia, mientras que para el quintil de mayores recursos, significa sólo el 2,4 por ciento del gato en este ítem.
Con estas cifras, el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín le expresó al titular de Economía, Pablo Longueira, su inquietud ante la colusión de las tres empresas avícolas del país, que concentran más del 90 por ciento de la producción y comercialización de este producto en Chile.
En este sentido, Lavín solicitó al Longueira velar por la competitividad, y subrayó que “un mercado competitivo en el pollo debe reflejarse en precios favorables, algo clave en la economía de familias de menores ingresos. El mercado del pan y la carne son los más importantes de la alimentación, por lo que representan para su nivel de ingreso. El pollo es insustituible y es clave en su gasto en alimentos y en la propia dieta alimentaria”.
Por su parte, Pablo Longueira reiteró que el Gobierno hará todo lo posible por apoyar todas las medidas que permitan asegurar la libre competencia, protegiendo a los consumidores y los emprendedores.
El ministro declaró que “es vital la competencia para que lleguen buenos productos y lo más barato posible a los chilenos. Vamos a seguir investigando todas las señales que recibamos del mercado que no tengan competencia, son detectados en la Fiscalía y los chilenos tienen la tranquilidad que esta práctica será denunciada con claridad, es fundamental que la institucionalidad que garantiza la libre competencia funcione”.
El secretario de Estado adelantó que, con el regreso del Presidente Sebastián Piñera, comenzará el trabajo de una comisión que va a estudiar a fondo el tema de la libre competencia en nuestro país.
Una de las medidas que han surgido y que esta comisión también analizará dice relación con reponer las penas de cárcel a quienes se coludan para manejar ciertos mercados. Una medida que existía en Chile y que fue eliminada por el ex presidente Ricardo Lagos, que podría constituirse en una medida coercitiva para evitar abusos.
Sin embargo, las organizaciones sociales están más preocupadas de revisar las normas garantizando a los consumidores su derecho a una indemnización justa y colectiva por el daño causado.
Así lo indicó Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), quien sostuvo que “las penas de cárcel no van de ninguna manera a indemnizar al consumidor, van a castigar a los coludidos, pero el problema sigue vigente. Lo más pertinente es emprender una reforma que implique que un caso de colusión deba deducir el tribunal una indemnización para cada uno de los consumidores afectados, un enorme avance en la legislación de protección al consumidor”.
A esto se suman las peticiones de los parlamentarios de distintos sectores y también las que realizará el SERNAC, además de solicitar que se endurezcan las sanciones, todas medidas que buscan proteger a la ciudadanía y restaurar su confianza.
El consumo de pollo es cinco veces mayor en los hogares más pobres en relación al 20 por ciento más rico de los chilenos. Es decir, para el quintil más pobre, el pollo representa el cinco por ciento del gasto en alimentación de una familia, mientras que para el quintil de mayores recursos, significa sólo el 2,4 por ciento del gato en este ítem.
Con estas cifras, el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín le expresó al titular de Economía, Pablo Longueira, su inquietud ante la colusión de las tres empresas avícolas del país, que concentran más del 90 por ciento de la producción y comercialización de este producto en Chile.
En este sentido, Lavín solicitó al Longueira velar por la competitividad, y subrayó que “un mercado competitivo en el pollo debe reflejarse en precios favorables, algo clave en la economía de familias de menores ingresos. El mercado del pan y la carne son los más importantes de la alimentación, por lo que representan para su nivel de ingreso. El pollo es insustituible y es clave en su gasto en alimentos y en la propia dieta alimentaria”.
Por su parte, Pablo Longueira reiteró que el Gobierno hará todo lo posible por apoyar todas las medidas que permitan asegurar la libre competencia, protegiendo a los consumidores y los emprendedores.
El ministro declaró que “es vital la competencia para que lleguen buenos productos y lo más barato posible a los chilenos. Vamos a seguir investigando todas las señales que recibamos del mercado que no tengan competencia, son detectados en la Fiscalía y los chilenos tienen la tranquilidad que esta práctica será denunciada con claridad, es fundamental que la institucionalidad que garantiza la libre competencia funcione”.
El secretario de Estado adelantó que, con el regreso del Presidente Sebastián Piñera, comenzará el trabajo de una comisión que va a estudiar a fondo el tema de la libre competencia en nuestro país.
Una de las medidas que han surgido y que esta comisión también analizará dice relación con reponer las penas de cárcel a quienes se coludan para manejar ciertos mercados. Una medida que existía en Chile y que fue eliminada por el ex presidente Ricardo Lagos, que podría constituirse en una medida coercitiva para evitar abusos.
Sin embargo, las organizaciones sociales están más preocupadas de revisar las normas garantizando a los consumidores su derecho a una indemnización justa y colectiva por el daño causado.
Así lo indicó Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), quien sostuvo que “las penas de cárcel no van de ninguna manera a indemnizar al consumidor, van a castigar a los coludidos, pero el problema sigue vigente. Lo más pertinente es emprender una reforma que implique que un caso de colusión deba deducir el tribunal una indemnización para cada uno de los consumidores afectados, un enorme avance en la legislación de protección al consumidor”.
A esto se suman las peticiones de los parlamentarios de distintos sectores y también las que realizará el SERNAC, además de solicitar que se endurezcan las sanciones, todas medidas que buscan proteger a la ciudadanía y restaurar su confianza.
