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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Piden sanciones efectivas y compensación a consumidores afectados por colusión de productoras de pollo

Mientras el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, manifestó su preocupación por el efecto que el cartel avícola tiene en el bolsillo de las personas, parlamentarios y organizaciones de consumidores llamaron a fiscalizar y sancionar efectivamente.

Paula Correa y Eduardo Orellana

  Lunes 5 de diciembre 2011 13:07 hrs. 
pollo

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El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, se reunió esta mañana con el titular de Economía, Pablo Longueira, para explicarle su preocupación del gasto de las familias más pobres en el consumo de pollo.

El impacto que tiene la compra de pollo en el bolsillo de la población se puso sobre la mesa debido al escándalo que ha generado la colusión de las tres empresas avícolas del país, que concentran más de 90 por ciento de la producción y comercialización de esta carne en Chile.

Según Lavín, para el quintil más pobre el pollo representa el 5,1 por ciento del gasto total general, mientras que para el quintil de mayores recursos significa el 2,4 del gasto general.

Además, el pollo ocupa el cuarto lugar en la canasta alimenticia, según un estudio del ministerio de Desarrollo Social, mientras que para las familias más adineradas solamente está en el noveno lugar.

En tanto, el ministro Pablo Longueira reiteró que el Gobierno hará todo lo posible por apoyar todas las medidas que permitan asegurar la libre competencia en Chile y adelantó que mañana, con el regreso del Presidente Piñera, se inicia el trabajo de una comisión que va a estudiar a fondo el tema de la libre competencia en nuestro país.

En tanto, este fin de semana parlamentarios de todos los sectores se refirieron a la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica contra las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo.

Desde el Partido Socialista, el diputado y presidente de esa colectividad, Osvaldo Andrade, criticó la decisión del Gobierno de crear un “grupo de trabajo” para “fortalecer la libre competencia en el país”, señalando que para este caso deben aplicarse las leyes vigentes que sancionan ese tipo de prácticas, instando además al Ejecutivo a no hacer distingos entre los delincuentes, incluso entre los “conocidos”.

En tanto, en la Democracia Cristiana, el diputado y vicepresidente de la formación, Fuad Chahín, reaccionó anunciando un proyecto de ley para obligar a las empresas que infrinjan las leyes de la libre competencia a indemnizar a los consumidores afectados.

“Además de fortalecer a las organizaciones, mejoremos nuestra legislación. Creo que los grandes perjudicados con esta colusión son los clientes, son los consumidores. Nosotros queremos que así como les sacaron plata del bolsillo en su momento de manera ilegal, ahora le devuelvan esa plata a los consumidores, no nos conformamos sólo con multas, que son extremadamente bajas”, detalló el diputado DC.

La iniciativa fue respaldada por el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, Hernán Calderón, quien llamó al Gobierno a aplicar urgencia al proyecto de ley enunciado por el diputado Chahín.

“Quiero hacer un llamado al Gobierno para que a esta propuesta le coloque urgencia para tener una legislación en  los próximos meses, porque así vamos a tener la tranquilidad de que tendremos las herramientas para defendernos”, afirmó Calderón.

En el oficialismo también se refirieron a la polémica. Mientras el diputado Felipe Salaberry se limitó a refutar las críticas del presidente del Partido Socialista, el secretario general de la colectividad, Víctor Pérez, manifestó su interés en que se adopten medidas, fundamentalmente, para proteger la confianza de la ciudadanía en el modelo de libre mercado.

“Vamos a poner énfasis para llegar a dilucidar, si mejorar nuestra legislación, si hay que aumentar la penalidad, no solamente en términos de multa, lo vamos a hacer porque creemos que la gente tiene que confiar. A la gente hay que garantizarle que una economía libre le garantiza mercados transparentes”, señaló Pérez.

Desde México, donde participa de la 2ª Cumbre del Pacto del Pacífico, el Presidente Sebastián Piñera defendió la creación del grupo de trabajo para trabajar propuestas de mejoras en materia de libre competencia y se jactó de que durante su Gobierno se hubiera hecho pública la denuncia contra las empresas avícolas cuestionadas.

 

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