A 24 horas de cumplirse un año de la tragedia de la Cárcel de San Miguel, aún hay temas que siguen pendientes. Entre ellos están las solicitudes de los familiares de las víctimas, quienes están pidiendo con urgencia que se agilice la investigación judicial, que se concreten las indemnizaciones a las familias y que se les brinde la prometida asistencia sicológica gratuita, según destacó la agrupación “81 razones”, formada para conmemorar a las víctimas fatales.

Desde hoy se están realizando una serie de  actividades. Temprano esta mañana, el Defensor Nacional, Georgy Schubert, inauguró el quinto Seminario de Reinserción Social y Seguridad Pública. Más tarde, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, junto al Director Nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, realizó un recorrido por las remodeladas dependencias del penal de San Miguel, y visitó a 155 internas que recientemente fueron trasladas al recinto penitenciario.

Esta tarde, a las 19 horas el arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, hará una Eucaristía para pedir por el eterno descanso de los 81 internos y los familiares harán una velatón en Plaza de Armas, para luego trasladarse al centro penitenciario, donde se realizará una vigilia hasta el día de mañana.

En este marco, es imprescindible repasar algunas de las promesas elaboradas por las autoridades, que tres meses después del accidente añadieron nuevas reformas al sistema, a las criticadas once medidas.

Las once medidas carcelarias fueron presentadas por el ex ministro Felipe Bulnes a tres meses de la tragedia de San Miguel, y estaban enfocadas en mejoras sanitarias, de alimentación, seguridad y visita a los internos, además de beneficios carcelarias para los reos de menor peligrosidad, lo que fue criticado por la UDI.

En esta oportunidad, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se refirió a la necesidad de reorganizar el sistema, ya que las “cárceles de el país son hoy, y lo vamos a cambiar, verdaderas universidades del delito”.

“Queremos que los delincuentes violentos y agresivos quienes estén en las cárceles, y no quienes han cometido por primera vez un delito no peligroso o no violento o quienes no han tenido los recursos para pagar una multa”, dijo Hinzpeter.

Sobre esto, Pedro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, reconoció que, a la fecha, se han concretado algunos avances en infraestructura y medidas de seguridad, pero advirtió que “hay un atraso en las medidas que se anunciaron para descongestionar los penales, como el brazalete, los indultos o el cumplimiento alternativo de penas todavía no se ha materializado”.

A la vez, Hernández constató la urgencia de las medidas ya que “el hacinamiento en las cárceles chilenas sigue siendo demasiado grande, y ni las cifras dan cuenta de esta realidad”.

Y efectivamente, el ministro de Justicia reconoció que aún existen altas tasas de hacinamiento y un fuerte retraso en la tramitación del proyecto de ley de indultos el que adelantó podría concretarse en el mes de enero.

A esto se suma la posibilidad de descongestionar los recintos con penas de extrañamiento a los mil 500 presos extranjeros que detenidos en cárceles nacionales y conceder beneficios como la reclusión nocturna, libertad condicional o penas alternativas, lo que según Hernández, no ha registrado avances.

Con esto coincidió el diputado DC Jorge Burgos, quien sobre las penas de extrañamiento dijo que “este proyecto es el que está más atrasado. Está para ser visto en el Senado desde el 13 de octubre, pero el gobierno ha puesto y quitado suma urgencia. Creo que la ciudadanía se merece una explicación”.

Olga Espinoza, Coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, para quien el tema es mucho mayor, afirmó que “todavía se está pensando todo en términos de infraestructura y todavía se mantiene el desafío de trabajar la reinserción social de manera más integral”.

“Para esto se deben generar redes no solamente ligadas estrictamente al ámbito de la justicia, sino que generar redes de trabajo, de educación, con los municipios, para poder garantizar la reinserción social de las personas”, dijo Olga Espinoza.