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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Presentan primera querella contra ejecutivos del “Cartel de los Pollos”

El diputado Gabriel Silber solicitó además un fiscal de dedicación exclusiva e incautar información de las empresas avícolas. Denunció que debido al conflicto de intereses de altos personeros de Gobierno se ha intentado poner una cortina de humo en el caso-

Editora Diario Electrónico

  Viernes 9 de diciembre 2011 15:06 hrs. 
gabriel silber

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En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el diputado DC Gabriel Silber presentó hoy una querella en “contra de los ejecutivos de las empresas productoras de pollos que están acusadas de colusión por la Fiscalía Nacional Económica”.

Silber solicitó además que se designe un fiscal con dedicación exclusiva para que indague las responsabilidades legales que se derivan de este caso.

El parlamentario señaló que “sin perjuicio de la investigación administrativa que está realizando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que establecerá multas (…) queremos que los responsables de esta acción enfrente penas de cárcel, ya que la gente está aburrida de que quienes cometen delitos de cuello y corbata no vayan presos y sólo reciban multas que generalmente son pagadas por las propias empresas”.

El diputado Silber agregó que “lamentamos que en este caso el gobierno, que está tratando de aparecer como el defensor de los consumidores, no haya hecho nada efectivo, y más parece que, debido a los conflictos de interés y familiares de muchos de sus más latos funcionarios, ha pretendido lanzar una cortina de humo, anunciando comisiones y reuniones, pero no ha presentado ninguna acción judicial”.

Advirtió además que en las casi dos semanas que han trascurrido desde la denuncia de la FNE sin que hayan presentaciones judiciales por el caso, los involucrados podrían haber destruido información relevante para la investigación, como documentos o discos duros.

“Por ello, hemos solicitado una serie de diligencias, como la inmediata constitución de los fiscales en las oficinas de estas empresas, así como la incautación de computadores, interceptación de llamadas telefónicas, cruzarlas con las de la asociación gremial, también incautación de material contable de las respectivas empresas, y queremos con nombre y apellido determinar las responsabilidades de cada uno de los grandes ejecutivos, que han causado hechos tan graves de haber afectado por casi 10 años los bolsillos de todos los chilenos”.

Silber aseguró que “lo ocurrido está expresamente sancionado en el Código Penal, con penas privativas de libertad a quienes maliciosamente ejecutaren acciones tendientes a subir el precio de mercaderías, agravándose el delito si estas fueran de primera necesidad, que fue lo que precisamente ocurrió en este caso y por eso presentamos esta acción judicial”.

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