Ex trabajadores de Enami interponen recurso contra ex presidente de Codelco por grave daño a la salud
La Corte de Apelaciones será la nueva puerta que golpearán los familiares que acusan a Codelco por las malas condiciones de salud que afectó a un centenar de funcionarios. Más de 20 casos de personas fallecidas, relacionadas con el trabajo de Enami Ventanas, fueron llevados a la justicia, pero hasta ahora no ha existido avance. Los antecedentes revelan que durante los últimos 10 años, han fallecido más de 100 ex funcionarios de la estatal minera, que han estado expuestos por tiempos prolongados a distintos tipos metales pesados, tales como plomo, mercurio y arsénico.
Martes 13 de diciembre 2011 19:53 hrs.
En julio de 2009, el presidente de la Asociación de ex funcionarios de Enami (hoy Codelco) Luis Eduardo Pino, un centenar de viudas de ex-funcionarios y el abogado Raúl Meza presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección en contra de quién era presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano y su directorio.
El recurso reclamó la vulneración de la garantía constitucional del “Derecho a la Vida y a la integridad física y psíquica de los habitantes de las Comunas de Quintero y Puchuncaví”.
Durante estos años, los afectados han advertido de la grave y peligrosa contaminación ambiente al que genera la refinería de Ventanas perteneciente a Codelco lo que se ha visto reflejado en preocupantes consecuencias de salud en funcionarios que laboran en estas faenas mineras.
En una nueva fase de este extenso proceso, el Juzgado de Garantía de Quintero desarrolló una audiencia judicial para revisar tres temas: solicitud de incompetencia que hizo el Ministerio Público sobre el conocimiento de los hechos respecto al tribunal, petición del querellante existían diligencias pendientes y que el Ministerio Público pediría el sobreseimiento definitivo de 22 de los 29 casos presentados.
Raul Meza detalló la decisión tomada del primer tema y dijo que “el Ministerio Público estimó que la comisión de estos delitos se produjo con anterioridad a la Reforma Procesal Penal. Nuestra postura frente a esta solicitud fue oponernos a la incompetencia en el entendido del cuasi delito de homicidio que se está investigando por el Ministerio Público desde el punto de vista de su consumación se produjo con posterioridad al 16 de diciembre de 2006, esto es que las muertes se produjeron durante la vigencia de la Reforma Procesal Penal”.
Para el abogado es importante tomar el caso desde el sistema nuevo porque eso le entregará mayor celeridad y la posibilidad de que exista un fiscal dedicado a la investigación.
“La resolución judicial perjudica claramente los intereses y objetivos que teníamos como querellantes. Sin embargo, esta resolución judicial no está a firme, ni ejecutoriada. Nosotros vamos a apelar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso para que revoque este fallo y restituya la competencia de estos 27 casos, ya que, no compartimos el criterio jurídico penal establecido en la resolución judicial por parte del tribunal de garantía”, explicó el jurista.
Meza concluyó que “los familiares recibieron con tristeza y desilusión esta resolución judicial. Efectivamente, hoy día hay una causa pendiente que puede constituir un retroceso, pero tienen la expectativa que la corte de apelaciones revoque este fallo y pueda restituirla al sistema”.
En julio de 2009, el presidente de la Asociación de ex funcionarios de Enami (hoy Codelco) Luis Eduardo Pino, un centenar de viudas de ex-funcionarios y el abogado Raúl Meza presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección en contra de quién era presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano y su directorio.
El recurso reclamó la vulneración de la garantía constitucional del “Derecho a la Vida y a la integridad física y psíquica de los habitantes de las Comunas de Quintero y Puchuncaví”.
Durante estos años, los afectados han advertido de la grave y peligrosa contaminación ambiente al que genera la refinería de Ventanas perteneciente a Codelco lo que se ha visto reflejado en preocupantes consecuencias de salud en funcionarios que laboran en estas faenas mineras.
En una nueva fase de este extenso proceso, el Juzgado de Garantía de Quintero desarrolló una audiencia judicial para revisar tres temas: solicitud de incompetencia que hizo el Ministerio Público sobre el conocimiento de los hechos respecto al tribunal, petición del querellante existían diligencias pendientes y que el Ministerio Público pediría el sobreseimiento definitivo de 22 de los 29 casos presentados.
Raul Meza detalló la decisión tomada del primer tema y dijo que “el Ministerio Público estimó que la comisión de estos delitos se produjo con anterioridad a la Reforma Procesal Penal. Nuestra postura frente a esta solicitud fue oponernos a la incompetencia en el entendido del cuasi delito de homicidio que se está investigando por el Ministerio Público desde el punto de vista de su consumación se produjo con posterioridad al 16 de diciembre de 2006, esto es que las muertes se produjeron durante la vigencia de la Reforma Procesal Penal”.
Para el abogado es importante tomar el caso desde el sistema nuevo porque eso le entregará mayor celeridad y la posibilidad de que exista un fiscal dedicado a la investigación.
“La resolución judicial perjudica claramente los intereses y objetivos que teníamos como querellantes. Sin embargo, esta resolución judicial no está a firme, ni ejecutoriada. Nosotros vamos a apelar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso para que revoque este fallo y restituya la competencia de estos 27 casos, ya que, no compartimos el criterio jurídico penal establecido en la resolución judicial por parte del tribunal de garantía”, explicó el jurista.
Meza concluyó que “los familiares recibieron con tristeza y desilusión esta resolución judicial. Efectivamente, hoy día hay una causa pendiente que puede constituir un retroceso, pero tienen la expectativa que la corte de apelaciones revoque este fallo y pueda restituirla al sistema”.
En julio de 2009, el presidente de la Asociación de ex funcionarios de Enami (hoy Codelco) Luis Eduardo Pino, un centenar de viudas de ex-funcionarios y el abogado Raúl Meza presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección en contra de quién era presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano y su directorio.
El recurso reclamó la vulneración de la garantía constitucional del “Derecho a la Vida y a la integridad física y psíquica de los habitantes de las Comunas de Quintero y Puchuncaví”.
Durante estos años, los afectados han advertido de la grave y peligrosa contaminación ambiente al que genera la refinería de Ventanas perteneciente a Codelco lo que se ha visto reflejado en preocupantes consecuencias de salud en funcionarios que laboran en estas faenas mineras.
En una nueva fase de este extenso proceso, el Juzgado de Garantía de Quintero desarrolló una audiencia judicial para revisar tres temas: solicitud de incompetencia que hizo el Ministerio Público sobre el conocimiento de los hechos respecto al tribunal, petición del querellante existían diligencias pendientes y que el Ministerio Público pediría el sobreseimiento definitivo de 22 de los 29 casos presentados.
Raul Meza detalló la decisión tomada del primer tema y dijo que “el Ministerio Público estimó que la comisión de estos delitos se produjo con anterioridad a la Reforma Procesal Penal. Nuestra postura frente a esta solicitud fue oponernos a la incompetencia en el entendido del cuasi delito de homicidio que se está investigando por el Ministerio Público desde el punto de vista de su consumación se produjo con posterioridad al 16 de diciembre de 2006, esto es que las muertes se produjeron durante la vigencia de la Reforma Procesal Penal”.
Para el abogado es importante tomar el caso desde el sistema nuevo porque eso le entregará mayor celeridad y la posibilidad de que exista un fiscal dedicado a la investigación.
“La resolución judicial perjudica claramente los intereses y objetivos que teníamos como querellantes. Sin embargo, esta resolución judicial no está a firme, ni ejecutoriada. Nosotros vamos a apelar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso para que revoque este fallo y restituya la competencia de estos 27 casos, ya que, no compartimos el criterio jurídico penal establecido en la resolución judicial por parte del tribunal de garantía”, explicó el jurista.
Meza concluyó que “los familiares recibieron con tristeza y desilusión esta resolución judicial. Efectivamente, hoy día hay una causa pendiente que puede constituir un retroceso, pero tienen la expectativa que la corte de apelaciones revoque este fallo y pueda restituirla al sistema”.
