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Informe DD.HH.: 2011, el año en que el malestar salió a las calles

Distintas organizaciones sociales y representantes de los pueblos indígenas entregaron un informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Chile durante 2011, elaborado en un año marcado por fuertes reclamos de la ciudadanía que se expresaron en continuas movilizaciones a lo largo de todo el país.

Paula Correa

  Jueves 15 de diciembre 2011 10:47 hrs. 
ddhh

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Un franco retroceso en materia de Derechos Humanos durante este año denunciaron, a través de un informe, más de 20 organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas. Esto, en un año definido por Naciones Unidas como “extraordinario”, por el surgimiento de  distintos movimientos sociales que se han levantado demandando más igualdad, justicia y libertad.

Para el secretario ejecutivo de la Corporación de Defensa y Derechos del Pueblo (CODEPU), José Araya, nuestro país también se siente representado por esta calificación del organismo internacional: “Lo que hemos tenido es una gran explosión ciudadana, marcada por distintos hitos: Punta Arenas, Calama, Dichato, el movimiento por la educación, Barrancones. Y si uno lo mira desde otra perspectiva, también se han levantado temas, como la colusión de las empresas, que finalmente han provocado que esta sensación de malestar que estaba presente en la sociedad, se expresara públicamente. Pensamos que eso ha generado un debate público que a este país le hacía falta hace mucho rato”, dijo.

Araya advirtió que este año se ha visto una fuerte limitación al derecho de reunión, además de constatarse una serie de abusos policiales y de procedimientos irregulares por parte de Carabineros, y advirtió que las autoridades no han hecho eco de las demandas estudiantiles.

El informe es amplio y pasa por diversos temas. Uno de ellos es la lucha contra la impunidad, donde aún se constatan mecanismos que la amparan, como la Ley de Amnistía o la media prescripción de los delitos. Araya también criticó la existencia de la Justicia Militar, cuya reforma sólo incluyó a civiles y no fue integral.

Además, reprochó la actitud del Estado chileno con los pueblos indígenas, con el incumplimiento del convenio 169 de la OIT, la falta de política de tierras, de recursos, la criminalización y la aplicación de la criticada Ley Antiterrorista.

Otro eje central se relacionó con los derechos de las mujeres, donde según la presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Carrera, aún se ven graves faltas y un enorme retraso en comparación con otros países de América Latina. Uno de los temas que preocupa especialmente es la integración de las mujeres al mundo laboral: “Si bien desde 2009 contamos con una ley de igualdad salarial, la verdad es que la ley no tiene medidas efectivas y los últimos estudios muestran que las mujeres ganan un 35% menos que los hombres. Hay dos temas estructurales en que este país no se ha avanzado absolutamente nada durante este año: el costo de las isapres, que es superior para las mujeres, y la jubilación, que a mismos años de trabajo en el mismo trabajo, recibimos una jubilación de un 30% menos”, afirmó.

Además hay serias faltas en materia de participación ciudadana, en cuanto al respeto de los derechos ambientales, el acceso a la salud y los llamados derechos de tercera generación. Todo esto ha generado un estado de molestia, donde se ha comprobado el agotamiento de la institucionalidad para resolver los problemas de los ciudadanos.

Frente a esto, el co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, hizo un llamado a la población a ejercer soberanía: “Interpelamos a la sociedad civil a tener presente que el desafío mayor en materia de DD.HH. es la remoción de esta barrera común para el reconocimiento pleno de los DD.HH. y para la profundización de la democracia. Ello implica poner como tema central del debate en 2012, como comienza a emerger, el tema de un cambio constitucional profundo”, indicó.

Las organizaciones instaron a generar mayor democracia en el país a través de la generación de una nueva carta fundamental que plasme este nuevo acuerdo social para evitar un clima de descontento y de una posible ingobernabilidad en el país.

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