La necesidad de modificar la Constitución elaborada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet y ratificada en 2005 por el gobierno del ex Presidente socialista Ricardo Lagos, fue una de las ideas fuerza durante este año de movilizaciones basado en la crisis del modelo económico y la democracia representativa en el país, apuntalados por la fuerte desconfianza en la clase política y los abusos del mercado.

Algunos parlamentarios de oposición se mostraron favorables a impulsar un debate en este sentido. Eso sí, al interior del Congreso, a través de una Comisión Constituyente que diera curso a las más de 480 reformas trabadas por los acuerdos y desacuerdos entre las coaliciones.

Sin embargo, distintas organizaciones están trabajando alternativas de construcción ciudadana y popular para modificar la carta fundamental, como ya lo han hecho muchos de los países vecinos, a través de diversos caminos, hace ya bastantes años.

En esa línea, el Observatorio Ciudadano organizó un foro con distintos invitados de la sociedad civil, movimientos populares y organizaciones internacionales con experiencia en los procesos constituyentes, algunos de los cuales hablaron con Radio Universidad de Chile.

Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, planteó que finalizada la dictadura trasandina en 1983, se generó un punto de inflexión en que la presión ciudadana obligó a los políticos a suscribir tratados internacionales y consagrarlos constitucionalmente como primer paso: “En la reforma constitucional del ’94, a esos tratados se les dio jerarquía constitucional. Y en 2004, la Corte Suprema confirmó esa jerarquía constitucional y dijo que siempre que haya una decisión internacional, el Estado argentino tiene que cumplirla. Lo que quiero decir es que hay una bisagra muy importante en los pactos internacionales que nos permiten, como organizaciones de DD.HH., trabajar cotidianamente”, dijo.

Morales agregó que, al menos en Argentina, ha habido cierta sintonía para realizar reformas constitucionales de demandas ciudadanas, con la aprobación del Ejecutivo y su definición parlamentaria.

Por ejemplo, la ley de medios que abrió el espectro a organizaciones, redujo el espacio a privados y determinó el espacio estatal; la legalización del matrimonio igualitario y el reconocimiento a estas nuevas familias; y la ley de inmigraciones, que introdujo un reconocimiento explícito a los derechos de los migrantes en igualdad de condiciones con los nacionales y la prohibición de detenerlos o expulsarlos sin control judicial suficiente.

Por otra parte, según Efraín Jaramillo, integrante del Colectivo de Trabajo Jenzera y del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, en Colombia los estudiantes y las organizaciones presionaron a los políticos para incluir un séptimo voto en las elecciones municipales y parlamentarias del ’90. Finalmente, esto fue validado por la Corte Suprema, reconociendo el pronunciamiento y dando paso a la discusión que terminó con la Constitución de 1991.

Jaramillo destacó que lograron el reconocimiento de un país multiétnico y pluricultural que obliga a repensar las relaciones del Estado y la economía en el territorio, amparados en la creación de una Corte Constitucional que pone límites al Ejecutivo: “Es un modelo para América Latina, una Corte Constitucional, la última instancia del desarrollo legislativo que bloquea todas las posibilidades para que se desinstitucionalice totalmente el país. Eso me parece que es el rasgo fundamental de la nueva Constitución, que está defendiendo todos los derechos de las clases más pobres, incluyendo a los indígenas”, afirmó.

Finalmente, el dirigente Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), planteó que en su país han construido procesos de lucha muy grandes, que han terminado con la consagración de derechos como educación gratuita, plurinacionalidad, participación política, ambiental y redistribución de las riquezas.

En ese sentido, Cholango hizo un llamado a no caer en lógicas del actual modelo hegemónico ni buscar pequeñas cuotas parlamentarias, sino que directamente a gobernar el país como lo han logrado ellos: “Lo que hemos hecho es construir nuestro propio proceso social para que nadie se lo adueñe, que eso cambie la correlación de fuerzas y como resultado sea una reestructuración del modelo de Estado. Entonces en Chile es fundamental que la sociedad empiece a organizarse en diferentes sectores, trabajadores, indígenas, mujeres, defensores de los DD.HH., todos, no solamente defendiendo su sector sino cómo construir una propuesta política para el país”, explicó.

Durante este año, el movimiento social logró posicionar el tema en la agenda pública, un primer paso que -como señalan desde otros países- debe traducirse en costos políticos para quienes no apoyen las demandas ciudadanas.

Costos políticos que en Chile se vieron por primera vez en el voto de rechazo a la Concertación y que se podría repetir en las próximas municipales, parlamentarias y presidenciales.